Las patronales bancarias recurren el nuevo impuesto a la banca

Las patronales bancarias AEB (de los bancos) y CECA (de las cajas de ahorros) han iniciado acciones legales contra el nuevo impuesto a la banca, con un  recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo de autoliquidación y pago fraccionado del tributo, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las dos organizaciones ya habían anunciado su intención de recurrir el nuevo impuesto, aunque ha sido ahora cuando han presentado el recurso.

Se une de esta forma al recurso que ya interpusieron ante la Audiencia Nacional en 2023 contra la orden ministerial del gravamen temporal, que ha estado vigente entre 2023 y 2024. El nuevo impuesto, aprobado a finales del pasado año, viene a sustituir a este gravamen temporal y tiene una duración limitada a tres ejercicios: el propio 2024, 2025 y 2026.

Este nuevo recurso incide en el rechazo que ya expresó el sector en noviembre, cuando se aprobó el nuevo diseño del tributo. Con la publicación de la orden ministerial, las asociaciones vuelven a cargar contra el impuesto por sus "graves efectos" para la financiación de familias y empresas, su impacto "negativo" para la inversión y, en general, su "perjuicio" al conjunto de la economía.

AEB y CECA recalcan, además, que la banca española es la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que creen que es una "merma competitiva" respecto al resto de entidades bancarias europeas.

Han recordado que, al igual que sucedió con el gravamen extraordinario, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto y advirtió de sus "efectos adversos".

También el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España compartía las conclusiones trasladadas por el BCE y señalaba que "puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo". Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente informe, publicado en abril, solicitaba al Gobierno español "discontinuar" este nuevo impuesto, explican las asociaciones en un comunicado.

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A finales de 2024, el Congreso dio su visto bueno a una revisión del gravamen que supuso su conversión en un impuesto propiamente dicho, con una escala progresiva en función de los ingresos del 1% al 7%, permite a las entidades deducirse el 25% de la cuota líquida del Impuesto de Sociedades correspondiente al periodo impositivo y también pueden acceder a una deducción extraordinaria si la rentabilidad de la entidad baja de un determinado umbral.

Aunque las entidades financieras no han contabilizado el impuesto correspondiente al ejercicio 2024, sí han consignado el de 2025 (que se pagará en 2026) por un total de 356 millones de euros (aunque el impuesto se paga en dos veces, se contabiliza cada trimestre): 148 millones Caixabank; 87 millones Santander; 85 millones BBVA; 31 millones Sabadell; y 5 millones Unicaja. Bankinter no pagará nada por aplicarse la deducción existente por la cantidad pagada en el Impuesto de Sociedades.

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Según los datos del Ministerio de Hacienda, el gravamen extraordinario (antecesor del nuevo impuesto) recaudó 1.787 millones de euros en 2024, aunque no pueden compararse los datos, ya que éste afectaba a conceptos distintos.