Los agujeros del auto del juez Hurtado para procesar al fiscal general del Estado
El juez del Supremo dice haber acreditado los indicios que ha manejado desde el principio: el borrado de los mensajes por parte de García Ortiz, los 'whatsapp' con la otra procesada, Pilar Rodríguez, y los cargos de presidencia del Gobierno que pudieron acceder a la confesión del novio de Ayuso. Sin embargo, nada de eso prueba la filtración.
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Casi veinte personas han testificado delante del juez del Supremo Ángel Hurtado, incluido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid, ambos procesados este lunes. Fiscales, periodistas, el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta Ayuso; su abogado y agentes de la UCO. Pero de todo lo cosechado durante la instrucción, que comenzó hace ocho meses, parece que el juez Hurtado solo ha tomado en consideración los informes de la UCO, que en noviembre de 2024 ya apuntaban a la "participación preemiente" del fiscal general en la filtración del correo electrónico que el abogado de la pareja de Ayuso envió a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024 confesando en nombre de su cliente la defraudación de 350.000 euros al fisco.
Este podría ser el resumen de la investigación del juez Hurtado, el mismo que emitió un voto particular contra la condena a título lucrativo al PP en el primer juicio por Gürtel; el mismo que pasará a la historia por ordenar que la Guardia Civil irrumpiera en el despacho del fiscal general del Estado para requisarle todos sus dispositivos electrónicos, una medida tildada de desproporcionada en el marco de la investigación por la filtración a la prensa de la confesión de un presunto empresario defraudador fiscal. González Amador fue denunciado por la Fiscalía el 5 de marzo de 2024.
Álvaro García Ortiz se enfrenta a penas de uno a cuatro años de cárcel, suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años o inhabilitación especial para empleo público de tres a cinco años por el delito de revelación de secretos por el que le ha procesado el Tribunal Supremo.
Las debilidades del auto
En su auto de procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid por delito de revelación de secretos, el juez reprocha que la Fiscalía General del Estado buscase desmentir una noticia falsa, "una cuestión de tan escasa relevancia", publicada por El Mundo tras unas maniobras de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sobre un irreal pacto que la Fiscalía habría ofrecido a González Amador para que reconociera la comisión de dos delitos fiscales. Fue al revés.
A partir de esa interpretación, el magistrado hace pivotar en torno a la figura del fiscal general una operación de cruce de mensajes de whatsapp y de llamadas entre miembros de la Fiscalía con el objetivo de filtrar a la prensa dicho correo que "contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad, dice el juez.
Presidencia del Gobierno
García Ortiz y Pilar Rodríguez habrían actuado "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Esta acusación que plasma el juez en su auto, sin pruebas que la sustenten, tiene su origen, según Hurtado, en "datos objetivos que aporta el informe de la UCO de 19 de diciembre de 2024". En dicho informe, el segundo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en esta instrucción, los agentes analizaron la información hallada en el teléfono móvil de Juan Lobato, por entonces líder de los socialistas madrileños. Según aquel informe de la UCO, el correo con la confesión del novio de Ayuso llegó a Moncloa antes de que varios medios lo publicaran.
Así, dice el juez que después de la Cadena Ser revelara a las 23.51 horas del día 13 el contenido del correo y antes de que cualquier otro medio hiciera pública la imagen del mail, Presidencia del Gobierno pudo disponer de él, al menos, a través de Pilar Sánchez Acera, por entonces directora de Gabinete de Óscar López, que en aquel momento era director del Gabinete del Presidente del Gobierno, "con la finalidad de utilizarlo políticamente frente a la pareja del titular de esos datos personales y secretos, la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid". Se trata de impresiones de la UCO y del juez sin sustento probatorio, al menos de momento.
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La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera negó ante Hurtado haber recibido de la Fiscalía General del Estado el correo. Indicó que le llegó un pantallazo del mismo del entorno de un grupo de periodistas. Sánchez Acera dio instrucciones a Juan Lobato para que lo exhibiese en su intervención al día siguiente en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Meses después, al conocerse que Lobato había llevado los mensajes con la asesora de Moncloa a un notario se desató una crisis en el PSOE de Madrid que acabó con la dimisión de Lobato.
Reproches al fiscal general
Otro de los débiles indicios que maneja el juez es el borrado de los mensajes en el teléfono del fiscal general. Dice Hurtado que "el desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos, lo que, al ser así, gracias a ese aseguramiento de prueba que se tuvo presente desde el primer momento, podría haber permitido acceder a una información, presumiblemente relevante, como apunta a ello la propia circunstancia de hacerla desaparecer, quedando, con ello, frustrada una parte de la investigación que podría haberse acordado y ser útil, sobre el material que se pretendía asegurar para un eventual análisis".
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El fiscal general explicó que borra periódicamente los mensajes por motivos de seguridad debido al alto cargo que ocupa.
La noche del 13 de marzo
Para el juez Hurtado, han quedado acreditados los indicios que manejaba desde el principio de la instrucción. Y una de las pruebas para él son los mensajes que la Guardia Civil encontró en el teléfono de Pilar Rodríguez. Sin embargo, estos no arrojan luz sobre una posible filtración a la prensa ni sobre una orden para hacerlo. Lo que demuestran es el interés que se tomó el fiscal general en confirmar o desmentir la noticia de El Mundo, publicada el 13 de marzo de 2024, cerca de las 21.30 horas, en su edición digital.
Dice el juez que esas "comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al Fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del Fiscal General del Estado que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador, porque iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por la redes, lo que así hizo".
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El fiscal general indicó al juez Hurtado que ordenó recabar la información para saber si era cierto lo publicado por El Mundo. Hay que recordar que el propio Miguel Ángel Rodríguez publicó en sus redes sociales esa misma noche, a las 22.41: "La Fiscalía ofrece un acuerdo al sr. González".
¿Secreto o no secreto?
Las defensas del fiscal general y de Pilar Rodríguez consideran que, al margen de que ellos no hayan filtrado el correo, los hechos no pueden considerarse como un delito de revelación de secretos porque varios periodistas han declarado ante el juez que conocieron el contenido del correo antes de que este llegara a Álvaro García Ortiz.
Para el juez, "el secreto seguirá siendo un secreto mientras no lo desvele, y, si otro lo revela, estará quebrantando la reserva inherente a ese secreto y, con ello violando un derecho a la intimidad personal". Para Hurtado, el secreto era el reconocimiento de dos delitos fiscales por parte de González Amador, es decir, su confesión, y no la filtración y la difusión del correo que recibió el novio de Ayuso de la Fiscalía de Delitos Económicos el 12 de marzo, y que entregó a Miguel Ángel Rodríguez, en el que se comunicaba que se había procedido a denunciar al empresario junto con otros cómplices pero que ello no era óbice para no alcanzar el pacto que habían pedido.
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"Lo cierto es que el contenido de éste, a diferencia del anterior, se filtró sin su autorización, pues el querellante lo que no consentía es que se divulgasen datos tan sensibles, afectantes a su intimidad, como los que había en este correo", consta en el auto de Hurtado.
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