La Comisión Europea confirma que la amnistía no ha perjudicado los intereses financieros de la UE

La Comisión Europea señala, en referencia a la ley de amnistía, que "no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión, en lo que respecta a los recursos propios de la Unión".

Por tanto, entiende que "corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las particularidades del asunto principal podrían justificar la existencia de un vínculo de conexión suficiente, en particular en el supuesto de que se hubieran desviado fondos de la Unión para financiar el referéndum ilegal".

La Comisión hace este diagnóstico en sus alegaciones a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía.

Y su evaluación, que no es vinculante para la corte europea, se produce el día en que el Tribunal Constitucional aborda por vez primera en un Pleno el borrador de la ley de amnistía, que avala en líneas generales la norma con algunas objeciones de menor calado.

"Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario", exponen los abogados de la Comisión Europea.

Y añade que "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español", por tanto, "no parece que la ley responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión", señala el escrito, al que ha tenido acceso EFE.

La institución europea sostiene, también, que la ley de amnistía no responde "a un objetivo de interés general", sino más bien "parece ser una autoamnistía" por formar parte de "un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España" y porque los beneficiarios han sido claves para aprobarla.