Devueltas a Marruecos una mujer embarazada y otra con cáncer: los derechos laborales no se cultivan en la recogida de la fresa
Embarazada de cinco meses, a la temporera no se le facilitó ninguna documentación a su regreso pese a haber sido contratada en origen. La Asociación de Mujeres Inmigrantes reclama que la segunda mujer vuelva para continuar el tratamiento de su enfermedad en Huelva.
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En las últimas semanas de la campaña de la recogida de la fresa en Huelva, un sector que genera en torno al 8% del PIB de toda Andalucía, han salido a la luz dos denuncias por supuesta vulneración de derechos laborales y humanos de varias trabajadoras marroquíes contratadas en origen, el grueso de la mano de obra extranjera en ese cultivo. En un caso, por haber tenido durante semanas sin contrato ni documentación a un grupo de jornaleras, entre ellas una embarazada de cinco meses, y en otro, por haber devuelto a su país a una trabajadora de 47 años tras diagnosticársele un cáncer.
En ambos casos se trata de trabajadoras que han venido a España con la Orden GECCO, que facilita la contratación en el país de origen para un tiempo determinado, con la obligación de regresar una vez haya concluido el trabajo. La provincia de Huelva fue, precisamente, donde se puso en marcha por primera vez este sistema de migración circular, con el que entre 2023 y 2024 vinieron a trabajar a nuestro país de forma temporal unas 40.000 personas en diversos sectores económicos, fundamentalmente el agrícola. Este año, se estimó un desplazamiento desde de Marruecos de 17.000 mujeres, 4.000 de ellas por primera vez, para trabajar en la recogida de los frutos rojos onubenses (fresas, arándanos, frambuesas y moras), que abarcan 11.700 hectáreas, con una producción de unas 350.000 toneladas que llega a generar hasta 100.000 empleos directos.
El primer caso denunciado es el de un grupo de trabajadoras que llegaron a Huelva el 7 de abril para trabajar en la empresa Berrys la Dehesa, en el municipio de Cartaya. Sin embargo, unas semanas después ya no les dieron más trabajo y únicamente les proporcionaron el alojamiento al que obliga la contratación por la Orden GECCO del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No les habían hecho contrato ni facilitado ninguna nómina por el tiempo que habían trabajado ni les habían tramitado la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), según CCOO, el sindicato que denunció la situación “de desprotección y abandono” de estas temporeras marroquíes.
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La desprotección de estas mujeres se agravó en el caso de una de ellas, embarazada de cinco meses, y para todas porque ya habían enviado a sus familias cuanto habían ganado en el mes de abril, pensando que iban a seguir trabajando, y se quedaron sin dinero, “en una situación de extrema vulnerabilidad económica”, como constató CCOO, que ha denunciado el caso ante la Inspección de Trabajo por vulneración de derechos laborales y ante la Subdelegación del Gobierno, según ha informado a Público su secretaria provincial de Industria, Teresa Pulido.
La encargada de la finca y el propio empresario presionaron a las trabajadoras para que volvieran a su país “por sus propios medios”, sin ofrecerles ninguna solución e incumpliendo los compromisos adquiridos para su contratación en origen. Incluso, según CCOO, el empresario se negó de manera tajante a regularizar la situación de las mujeres y llegó a decirle a un representante sindical: “Tú no me vas a torear, chaval”. El responsable de la empresa, sin embargo, se ha negado a responder a las preguntas de este periódico. “No tengo nada que decir”, fue su única contestación.
Berrys la Dehesa, según Teresa Pulido, ha incumplido la Orden GECCO, que en su artículo tercero sobre garantías para las personas trabajadoras establece que la actividad continuada en el sector agrario no será inferior a un 85% del tiempo de trabajo habitual en el sector, por lo que el número de jornadas y/o horas de trabajo cotizadas se corresponderá con ese límite mínimo. Las jornaleras marroquíes contratadas por esta empresa apenas trabajaron un 40% de lo estipulado, porque desde el 9 de mayo dejaron de asignarles tareas, subraya el sindicato.
Todo cambia tras la denuncia del sindicato
La intervención de CCOO, tras ser avisadas por las trabajadoras, sirvió para que la empresa accediese al fin a firmar el contrato, facilitar las nóminas y tramitar la Tarjeta de Identidad de Extranjero, que las acredita para volver a trabajar los próximos años en la campaña de la fresa, documentación que hasta entonces se había negado a gestionar, según la dirigente sindical. Sin esa tarjeta, las temporeras no podrían haberse acogido a los beneficios de la Orden GECCO, que dispone que quienes participan en este programa podrán obtener una autorización de cuatro años, con la que podrán trabajar nueve meses por cada año natural.
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En la Orden del Ministerio de Migraciones se establece igualmente que los trabajadores, una vez finalizada la prestación laboral, deben regresar a su país de forma inmediata y acreditar dicho retorno en tiempo y forma, que “habrá de realizarse preferentemente de manera colectiva”. Una vez que obtuvieron toda la documentación, las trabajadoras de esta empresa de Cartaya volvieron a su país, pero CCOO ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que en la campaña del próximo año se les asigne otra diferente para evitar que sufran represalias en la que han denunciado.
“Esto no es algo generalizado, pero evidentemente le hace mucho daño al sector de los frutos rojos de Huelva y a los empresarios que lo hacen bien y cumplen la normativa. Tenemos que seguir luchando para que los que lo hagan mal dejen de hacerlo”, subraya Teresa Pulido.
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El caso de la mujer con cáncer devuelta a Marruecos
El otro caso denunciado en las últimas semanas de la campaña es el de una trabajadora marroquí, Zahra B., que lleva trabajando siete años en la recogida de la fresa en Huelva, contratada también desde Marruecos, y que ha sido devuelta a su país tras haberle sido diagnosticado un cáncer de cuello de útero. Pero las versiones sobre lo ocurrido son totalmente contrapuestas: la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA) dice que esta trabajadora debería haber seguido en Huelva para continuar con un tratamiento médico que en su país resulta muy caro, mientras que la patronal fresera asegura que fue ella la que solicitó volver porque se encontraba en una situación terminal.
El caso fue desvelado por el medio La Mar de Onuba en una información en la cual se detalla que la trabajadora tenía un seguimiento activo en el servicio de Oncología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, después de que le fuera diagnosticado un carcinoma epidermoide de cérvix, tras varios meses de sangrado vaginal persistente y dolor pélvico. La paciente contaba, por ello, con una medicación oncológica y analgésica válida al menos hasta el próximo mes de septiembre.
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Fátima Ezzohayry, presidenta de la Asociación de Mujeres Inmigrantes, que se halla en contacto permanente con Zahra a través del teléfono, ha manifestado a Público que la trabajadora no para de llorar por la situación en la que se encuentra y sin dinero para hacer frente a los gastos médicos que le acarrea el tratamiento de la enfermedad en su país.
Zahra, separada y con seis hijos, tres de ellos aún a su cargo, saca adelante a su familia con lo que gana en cada campaña de la fresa desde hace siete años, pero este ha obtenido menos ingresos porque dejó de trabajar desde que ingresó en el hospital el pasado 12 de mayo, según Ezzohayry. “Y no sabe ya cómo va a hacer, cómo se va a poder curar, cómo va a salir adelante, cuando aquí, en España, tenía derecho a la cobertura de la Seguridad Social por lo que había cotizado trabajando”, advierte la presidenta de AMIA.
El pasado miércoles, Zahra fue al médico, quien le ha pedido la analítica y los informes que le hicieron en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva en los que se detalla su enfermedad, porque, si no, tendrían que empezar a hacerle de nuevo todas las pruebas en Marruecos, afrontando los gastos correspondientes, según Fátima Ezzohayry.
“Aquí tenía sus derechos por el tiempo que ha trabajado, pero en Marruecos todo cuesta dinero y ella no lo tiene. El tratamiento del cáncer allí cuesta mucho dinero, y si no lo tienes, te mueres más rápido”, se lamenta Ezzohayry, que también es marroquí.
La Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción exige que Zahra vuelva a España para seguir el tratamiento contra el cáncer que había iniciado en Huelva. “Nosotras pedimos respeto para las trabajadoras, que se respeten sus derechos. Cuando una mujer lleva siete años trabajando aquí, contratada por GECCO, como Zahra, tiene derechos a una baja médica, a que la atiendan en la Seguridad Social. No la puedes mandar a Marruecos, porque allí pierde sus derechos. Nosotras sabemos cuáles son nuestros derechos, lo que pagamos y lo que no pagamos”, recalca su presidenta.
La versión que da de este caso la patronal, Interfresa (Asociación interprofesional de fresas y frutos rojos de Andalucía), es diferente. Fuentes de su Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad (Prelsi) han asegurado a este periódico que fue la propia trabajadora la que solicitó regresar a Marruecos cuando le diagnosticaron un cáncer en un estado muy avanzado, irreversible, para poder estar con su familia.
Según las mismas fuentes, la trabajadora llamó el pasado miércoles por teléfono a un coordinador del plan para agradecerle la atención que le habían dispensado para poder volver a casa. Sin embargo, según la presidenta de AMIA, Zahra llamó para que le enviaran las analíticas y los informes sobre su cáncer que le había pedido el médico que la ha atendido en Marruecos.
El Prelsi fue creado en 2018 para “impulsar el bienestar sociolaboral” de todos los agentes que participan en la campaña de los frutos rojos de Andalucía, concentrada en su mayoría en la provincia de Huelva, y, según un portavoz, este año atiende a cerca de 9.000 personas por unos servicios que costean los empresarios. Y como parte de sus funciones, sus responsables gestionaron recientemente el traslado a una residencia de Cáritas a una trabajadora con cáncer, pero en un estado menos avanzado y aún curable.
La Asociación de Mujeres Inmigrantes ha comunicado este caso a la Subdelegación del Gobierno, que, de momento, le ha respondido que va a contactar con la empresa en la que trabajaba Zahra para conocer la situación.
Por su parte, la empresa en la que trabajaba Zahra, Berrys La Fontanilla, de Palos de la Frontera, y la cooperativa a la que pertenece, Fresón de Palos, han declinado hacer declaraciones a este periódico sobre lo sucedido. Únicamente, la cooperativa ha dicho que la empresa ha apoyado a la trabajadora en todo lo que ha necesitado.
El caso de Smahia, desatendida por su empresa
El caso de Zahra no es el primero de una temporera marroquí que regresa a su país tras el diagnóstico de un cáncer. En 2022, Smahia, enferma y acogida por una ONG después de haber denunciado la falta de cuidados en la empresa de Almonte en la que trabajaba con contrato en origen, decidió volver a su país al recibir la noticia de que su tumor era ya irreversible .
Smahia llevaba 14 años viniendo a trabajar a Huelva, aunque desde hacía siete sufría un cáncer de cuello uterino, una enfermedad que no la detuvo, entre otras razones porque con lo que ganaba de temporera en la recogida de los frutos rojos podía costear el tratamiento en Marruecos, donde rige el copago en la sanidad y una mujer sola como ella, y con cuatro hijos, difícilmente puede hacer frente a ese tipo de gastos.
A las mujeres de la asociación Jornaleras en Lucha, cuando iban a la finca de Almonte a interesarse por el estado de la temporera, la encargada de las trabajadoras contratadas en origen les decía que lo que tenía que hacer Smahia era volver a Marruecos inmediatamente, que se lo estaba “inventando todo” con el único objetivo de quedarse a vivir en España.
Huelva produce el 97% de los frutos rojos de España, que son exportados mayoritariamente a Europa, fundamentalmente a Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos. En el caso concreto de la fresa, Huelva es el mayor exportador del mundo, según los datos de Interfresa.
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