Muertes, palizas y represión: las izquierdas aprietan para destapar la violencia política y militar en España

El pasado mes de febrero, Público sacó a la luz en exclusiva los testimonios de tres personas del colectivo LGTBIQ+ que relataban abusos y represión por parte de la policía con la excusa de la lucha contra las drogas. Ese mismo día, Sumar recogió dicha información y realizó varias preguntas por escrito desde el Congreso para que el Gobierno diera explicaciones. Es una prueba más de la presión que están ejerciendo las formaciones de izquierdas de la Cámara durante esta legislatura para destapar e investigar casos muy variopintos de violencia policial y, también, militar: desde la ejercida durante el franquismo, hasta actuaciones actuales, pasando por la Transición.

Otra iniciativa muy reciente es una proposición no de ley (PNL) que registró Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a raíz de una investigación hecha pública a través del documental Et faran un home, que emitió TV3 a finales de 2024 y que señala el maltrato que muchos hombres sufrieron en cuarteles militares durante la mili, el sobrenombre con el que se conoce popularmente el servicio militar obligatorio en España, suprimido en 2001.

En el documental, varios hombres explican los abusos de los que fueron víctimas en las décadas de los ochenta y los noventa. "Los casos documentados revelan un patrón de impunidad y negligencia institucional por parte de las autoridades militares y civiles, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias", apuntan Gabriel Rufián y Francesc-Marc Álvaro en la iniciativa, con la que exigen al Gobierno una "investigación exhaustiva"; que se reconozca a las víctimas y se identifique a los responsables; que se interpongan las "querellas oportunas"; y que se establezcan "mecanismos de reparación". 

Otra de las grandes reivindicaciones también de los republicanos y, en paralelo, de los Comuns en el Congreso es la transformación de la Jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana, en Barcelona, en un espacio de memoria para las víctimas del franquismo. Ambas fuerzas han registrado PNL, pero también se han formulado preguntas por escrito al Ejecutivo.

La actual comisaría de Via Laietana ha sido historicamente uno de los puntos calientes de la represión política —malos tratos y torturas— en la ciudad condal. Lo fue desde 1929, cuando fue inaugurada durante la dictadura de Primo de Rivera, aunque su época de mayor impacto en la sociedad catalana fue el franquismo, cuando se multiplicaron exponencialmente los crímenes de lesa humanidad por causas políticas, pero también por orientación sexual, identidad de género, defensa de la lengua y la cultura catalanas o la militancia política, social o vecinal. Los de Gabriel Rufián y los de Aina Vidal están canalizando con sus iniciativas parlamentarias lo que es una exigencia histórica de gran parte de la sociedad catalana, que quiere contribuir a la restitución de la memoria de las víctimas franquistas con la conversión del espacio.

Un caso similar es el de la Prisión Provincial de Cáceres, que durante el franquismo "se convirtió en un importante centro de reclusión de los oponentes políticos reales o ficticios", tal y como señalan los diputados de Izquierda Unida, dentro del grupo de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago y Nahuel González. Según los datos existentes, entre 450 y 500 personas abandonaron esa cárcel cacereña para ser ajusticiadas y entre 150 y 200 murieron dentro. Con la PNL que han registrado este enero, también quieren instar al Gobierno a crear un "Céntro Cívico de Memoria" en el lugar donde antes se emplazaba la prisión, que, en este caso, cerró sus puertas en 2009.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, está promoviendo en la Cámara una iniciativa para "reconocer, rehabilitar y dignificar" a las mujeres víctimas de represión "por su actividad pública, política, sindical e intelectual" internadas en el Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo y hasta 1985. El Grupo Parlamentario Socialista impulsó otra PNL, en su caso, para el reconocimiento de las personas LGTBI —de acuerdo con la línea decidida en su congreso, no añaden el "Q+"— que fueron víctimas de represión durante el franquismo. La iniciativa de los socialistas ha salido ya aprobada.

El caso de García Caparrós

Otro de los casos paradigmáticos de la lucha por establecer responsabilidades y reparar, en la medida de lo posible, los actos de violencia policial es el de Manuel José García Caparrós. El sindicalista malagueño fue asesinado por la policía a la edad de 18 años durante una manifestación en Málaga por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977, en plena Transición.

Desde hace tiempo, varias formaciones de izquierdas han tratado de habilitar la desclasificación de los documentos sobre su muerte, pero solo han conseguido que se pudiera hacer de forma "anonimizada". Sumar intentó a principios de febrero convencer al PSOE de que esa desclasificación se pudiera hacer sin anonimizar para poder conocer los nombres y apellidos de quienes tuvieron que ver con el asesinato de un disparo de García Caparrós, pero los socialistas solo accedieron a permitir que se desclasificaran sin que constasen esos datos personales.

En este momento, todo ha cambiado. Sumar se ha salido con la suya en un caso que constituye una prueba de que, a veces, la presión parlamentaria funciona.

Durante las horas previas al Día de Andalucía el pasado febrero, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata socialista a las futuras elecciones andaluzas, anunció que PSOE y Sumar conjuntamente impulsarán la desclasificación de los papeles "sin anonimizar" para dar respuesta "a una reivindicación histórica". Para ello, señaló, será necesaria una modificación de la normativa de acceso de los investigadores a la documentación.

Violencia policial en la actualidad

En todo caso, la violencia policial no es cosa del pasado. Prueba de ello, por poner dos ejemplos, son los casos de represión contra el colectivo LGTBIQ+ de los que informó este medio o el balazo de foam que recibió una mujer, en 2012, en una manifestación en Barcelona contra la encarcelación de Pablo Hasél. Durante la presente legislatura, en la Cámara Baja se han promovido varias iniciativas en ese marco.

Podemos registró una para "luchar contra la violencia policial hacia las personas racializadas". Lo hizo Ione Belarra desde el Grupo Mixto después de que se difundiera un vídeo de un caso de violencia policial contra una persona racializada en Lavapiés. Por el momento, sigue pendiente de su debate en el Pleno, al contrario que otra PNL que registró EH Bildu en mayo de 2024 sobre las infiltraciones de policías en movimientos sociales destapadas por medios como La Directa, El Salto y ElDiario.es, que salió rechazada en la Comisión de Interior. También hay mociones y preguntas al Gobierno registradas sobre infiltraciones en el movimiento independentista catalán destapadas TV3.

Los abertzales, eso sí, lograron en octubre del mismo año cerrar de forma definitiva un pacto con el Gobierno por el que se compromete a modificar varios aspectos de la ley mordaza. Entre ellos, uno directamente vinculado con la violencia policial como lo es el uso de pelotas de goma. Dicho compromiso, en cualquier caso, todavía tiene que terminar materializarse.