Los juzgados de Tenerife mantienen la custodia compartida a un padre investigado por maltrato y agresión sexual a sus dos hijos

Un caso sangrante lleva meses enquistado en los juzgados de Tenerife, que, por un lado, instruyen una denuncia contra un padre por presuntos malos tratos y agresión sexual a sus dos hijos, de siete y cuatro años; y, por otro lado, han rechazado retirarle cautelarmente la custodia compartida a ese mismo padre mientras se aclaran los hechos.  

De esta manera, los pequeños deben ir cada dos semanas a vivir con su progenitor y, a su regreso al hogar materno, muestran lesiones físicas en la zona perianal compatibles con agresiones sexuales, comportamientos sexualizados, terrores nocturnos y ansiedad. Además, el niño de siete años presenta irritabilidad e ideas suicidas.

En este sentido, llama la atención la nula respuesta del sistema judicial ante las alertas lanzadas por el Servicio Canario de la Salud. Varios partes de lesiones del centro de salud de los pequeños han recibido el silencio por respuesta por parte del juzgado de guardia. Por ejemplo, en un parte del 30 de octubre pasado, la doctora consigna que el niño de siete años llega en estado de ansiedad que requiere una intervención psicológica urgente, tal y como ha podido comprobar este diario.  

El niño cuenta que el padre "le pega a él y a su hermano fuerte en el culo"; que "le ha encerrado en el baño"; que "su padre y la cuidadora le separan de su hermano"; que fueron al Puerto de la Cruz y en todo el camino el padre no le habló, que él le preguntaba y el padre no le respondía. El parte, enviado por la doctora al juzgado de guarda, como es preceptivo cuando existen lesiones, no consta repartido por el Decanato, advierten fuentes jurídicas.

En otro parte del 22 de noviembre pasado consta que el niño se autoagrede, mordiéndose en el brazo; manifiesta ideas suicidas, pega a la madre e inmediatamente se pone a llorar y a decir que se quiere morir, señala el documento.

Según ha podido saber este diario, la negativa del padre a que sus hijos reciban atención psicológica impide que estos puedan seguir un tratamiento adecuado. 

Una denuncia que no avanza

El 25 de julio pasado uno de los juzgados de instrucción de La Laguna incoó diligencias previas ante la denuncia de la madre de los niños por presuntos delitos de malos tratos infantiles y abuso/agresión sexual contra el padre. Decía el auto de admisión que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la existencia de dichos delitos. Sin embargo, desde entonces la jueza no ha ordenado la práctica de ninguna diligencia propuesta por la representación letrada de la madre.  

La pareja mantuvo una relación de ocho años, durante los cuales nacieron dos hijos, uno en 2017 y otro en 2020. En enero de 2023 la mujer presentó una denuncia contra el hombre por violencia de género. En ella relataba episodios de maltrato psicológico e incluyó el informe de una psicóloga de pareja que les atendió en una ocasión antes de la ruptura que dibuja un perfil del hombre muy peligroso como padre. 

Violencia vicaria

Explica la psicóloga que comunicó a la pareja que la relación estaba rota y que, a la vista de que él había manifestado que no le gustaban los niños, permitiera que sus dos hijos vivieran con la madre y que él fuera a visitarlos cuando quisiera. Pero el hombre saltó, exclamando que si ella se separaba de él le haría la vida imposible. "Entiendo a Tomás Gimeno [padre que asesinó a sus hijas, Anna y Olivia, en 2021, las asfixió y luego las lanzó al mar, en Tenerife], porque las mujeres nos vuelven locos".

La denuncia de esta madre, a la que ha podido acceder Público, incorpora tres informes periciales realizados a los niños por parte de profesionales reconocidos: un examen físico, otro psicológico y otro gestual, sobre la comunicación no verbal. En todos ellos hay conclusiones alarmantes sobre el maltrato que estarían soportando presuntamente los pequeños.

Las exploraciones a los niños se realizaron siempre tras el regreso del domicilio paterno. El informe pericial aportado señala que a los lados del orificio anal existe "acumulación tenue de sangre en forma de hematoma generado por presión". 

"Esta clase de hematomas subcutáneos son causados por la rotura de vasos capilares que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de una presión, golpe contundente, una contusión o una magulladura sin romper la piel", consta en el informe, que indica la necesaria participación de una tercera persona, "ya que el niño no llega por sí mismo a la zona como para poder poner la presión de los dedos en vertical a ambos lados del esfínter".

"Es importante destacar que la ausencia de lesiones como desgarros no descarta el abuso, ya que (...) el uso de tentativas o lubricantes, así como la dilatación previa y falta de brusquedad y violencia, son factores inminentes para el abuso sin lesiones". 

Los tres informes detectan "evidencias compatibles con maltrato infantil" y descartan "instrumentalización" por parte de la madre. Respecto al padre, los informes periciales psicológicos consideran que su acción de llenarles de regalos cada vez que coincide con ellos, podría considerarse una forma de "influenciar a los menores". 

Los psicólogos destacan en los niños sendos relatos coherentes, con una gran carga emocional, cuando refieren los motivos por los que no quieren irse con el padre.

Agresiones 

El niño de siete años describe la "acción" del padre de "pegarle" como cuando le propina "tremendas bofetadas en la cara", consta en los informes periciales aportados en la denuncia.  

El niño lo define también como "nalgadas" cuando le da un azote en el trasero. Pero subraya el perito que "causarle al menor hematomas de tales dimensiones se asemeja más a un maltrato que a un modelo de educación basado en el castigo ya tan obsoleto. Los tortazos son de tal potencia en un niño tal pequeño que el peligro de lesión es claro y cierto". 

A la vista de la inacción del juzgado, la madre de los niños presentó una demanda de medidas urgentes por la vía civil encaminada a que otro juzgado detectara el peligro que puede suponer para los niños seguir viviendo con el padre la semana que le corresponde a él tenerlos, según el régimen de la custodia compartida. En dicha demanda se pedía la suspensión cautelar de las visitas paternas, pero no se admitió, algo "inconcebible" para la madre y su abogada, según apuntan fuentes cercanas a ambas.

Denuncias cruzadas del padre

Además de la desprotección judicial que padecen estos dos hermanos, llama la atención que las denuncias del padre hacia la madre por sustracción de menores vayan a acabar en juicio y que en cambio la denuncia de la madre por maltrato infantil y agresiones sexuales está paralizada. El hombre ha denunciado a su expareja por no entregarle a los niños en una ocasión, debido a la crisis de ansiedad de los pequeños ante la perspectiva de tener que irse con el padre. 

Fuentes relacionadas con la madre destacan que la familia paterna está vinculada con el mundo judicial en Canarias, algo que ha podido comprobar este diario. 

Las conclusiones de los peritos son claras: "La existencia de cualquier tipo de contacto con el progenitor es hoy por hoy todo un riesgo claro para los menores y no deberían siquiera plantearse por la propia seguridad física y psicológica. Su padre es a la vista del material y la información aportada una persona violenta que seguro desea instrumentalizar a sus hijos para perpetuar el daño a su madre", concluye uno de los informes periciales. Eso es precisamente la violencia vicaria. 

Inacción del sistema judicial

La madre pidió hace seis meses que el juzgado librara oficial al Servicio Insular de Atención a la Mujer (SIAM) para que aporte el informe sobre sus dos hijos, a los que atendió cuando ella denunció por violencia de género a su expareja. Aquella denuncia se archivó, pero el SIAM pudo constatar el estado emocional de los niños y el miedo que sentían hacia el progenitor. El juzgado aún no ha realizado esta diligencia, según fuentes jurídicas. 

También pide la madre que un equipo forense del juzgado escuche a los niños y analice los vídeos y audios que aporta sobre comportamientos sexualizados que reproducen los pequeños. Pero los niños aún no han sido recibidos en el juzgado.