Muface o cómo las aseguradoras ganaron el pulso al Gobierno con un acuerdo que no zanja el debate

La crisis de Muface parece haberse cerrado, al menos provisionalmente. El Gobierno ha optado por la solución más predecible: elevar el gasto en sanidad privada hasta una cifra histórica de 4.808,5 millones, con tal de retener a las aseguradoras. Adeslas y Asisa, que en un principio habían amagado con abandonar el sistema, han aceptado finalmente el costoso rescate tras forzar una subida sin precedentes en las primas. El privilegio de disponer de un seguro privado financiado con dinero público se ha garantizado, de esta forma, para más de medio millón de funcionarios. Al menos hasta 2027.

Muface nació en 1975 con el objetivo de ofrecer a los funcionarios civiles del Estado una cobertura sanitaria diferenciada. Este modelo mixto, producto de los últimos coletazos de la gestión franquista, buscaba –presuntamente–combinar lo mejor de ambos mundos: la solidez y universalidad de la sanidad pública, con la flexibilidad y opciones adicionales que podían ofrecer las aseguradoras.

Durante décadas, este sistema funcionó con relativa estabilidad y, sobre todo, sin ser cuestionado en exceso. Las empresas privadas encontraron en Muface un nicho de mercado muy atractivo, mientras que los funcionarios disfrutaban de una amplia gama de opciones para su atención médica. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a emerger ciertas tensiones. Las aseguradoras empezaron a manifestar que las primas pagadas por el Estado no les parecían suficientes. A su vez, sus beneficios no paraban de crecer. Pero el argumentario no cambiaba, hasta que grandes empresas como Asisa, Adeslas y DKV anunciaron su intención de no renovar los contratos vigentes.

Estas compañías reportaron pérdidas de aproximadamente 600 millones de euros bajo el último convenio 2021-2024. Si bien nunca llegaron a justificar, según una consulta preliminar de mercado llevada a cabo por la propia mutualidad, la necesidad del incremento demandado. Aún así, anunciaron su intención de no renovar los contratos con Muface. Esta estrategia para meter presión al Ejecutivo generó una profunda preocupación entre los funcionarios y sus familias, quienes veían peligrar su acceso a la asistencia sanitaria a la que estaban habituados. La situación puso de manifiesto como nunca antes la fragilidad de un modelo que depende de la participación voluntaria de entidades con intereses privados. Las cuales, al no encontrar rentable su participación, podían abandonar el sistema y, con ello, a miles de usuarios. 

Las licitaciones se quedaron dos veces vacías: la primera contemplaba un incremento del 17% y la segunda del 33,5%. Ante la desbandada de las empresas de la sanidad privada, el Ministerio de Sanidad se inclinó por adoptar una solución que atajara la raíz del problema y propuso finalizar el modelo Muface a partir del 1 de enero de 2025 de manera progresiva. De hecho, el departamento de Mónica García elaboró un informe que avalaba la viabilidad de una incorporación paulatina al SNS de los trabajadores públicos, que garantizaría en el futuro el principio de equidad entre todos los ciudadanos. La iniciativa contemplaba una prórroga del concierto durante nueve meses y la transferencia de 2.681 millones de euros a las comunidades autónomas para absorber a los nuevos pacientes.

Organizaciones en defensa de la sanidad pública veían en esta medida una oportunidad para fortalecer el sistema público y eliminar estos privilegios anacrónicos. Sindicatos y asociaciones de funcionarios, en cambio, expresaron su preocupación por la capacidad del sistema público para absorber a tantos nuevos pacientes. Aunque las listas de espera y la demora en las citas ya se venían notando desde hace tiempo también en la privada. Buena parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, asimismo, mostraron su rechazo a esta opción y hasta hubo quien, como Isabel Díaz Ayuso, aseguró que "se haría cargo" de Muface pese a no tener competencias para ello.

Finalmente, el Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, se decantó por la solución más connivente. En enero de 2025, el Consejo de Ministros aprobó un aumento del 41,2% de las primas que paga el Estado a las aseguradoras por el servicio de salud proporcionado a través de Muface, con el objetivo de zanjar todas las discordias. Y, aún así, DKV se cayó del acuerdo. Las compañías que confirmaron su adhesión fueron solo Adeslas y Asisa, ahora convencidas de que con el desembolso histórico del Gobierno podrán seguir obteniendo beneficios.

El problema, en todo caso, no se ha disuelto, sino que parece haberse trasladado a otro lugar. Algunos médicos que trabajan en la privada ya han advertido de que el saldo del negocio con la salud podría traducirse en una reducción de los recursos disponibles en los hospitales privados, muchos de los cuales dependen en gran medida de los pacientes de Muface. 

El dilema ahora se encuentra en qué cantidad del presupuesto de la mutualidad llegará directamente a los sanitarios que ofrecen el servicio en las clínicas privadas, donde los trabajadores ya han denunciado sus precarias condiciones y se han mostrado a favor de un modelo de Muface "directo". Es decir, que prescinda de los grandes titanes empresariales de la sanidad privada como mediadores. El debate, por tanto, seguirá candente en el medio y largo plazo. Ahora, marcado por esta pugna laboral. En el futuro, bajo una conversación que deberá abordar su sentido a nivel estructural.