"La Cámara de Cuentas no podría detectar una Púnica o Gürtel"

Ex gerente del Canal de Isabel II. Ex viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ex Defensor del Menor. Arturo Canalda (Madrid, 1966), presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid desde 2012, parece el hombre perfecto para buscar los rotos del sistema, los poros por los que se cuela de forma indebida el gasto público. Ha estado allí. ¿Les suena su nombre? No ha comparecido demasiado en público en los últimos años. El Partido Popular utilizó su mayoría en la Asamblea de Madrid para silenciar a la Cámara. Desde 2010, años antes de la llegada de Canalda, no se presentan los informes de fiscalización ante la comisión del Parlamento regional, una anomalía que no ocurre en ningún otro organismo fiscalizador regional en España.

Canalda ha vuelto a coger el micrófono, llamado a comparecer ante la comisión de endeudamiento de la Asamblea de Madrid, que ha empezado a trabajar a iniciativa de Podemos y Ciudadanos y que se completará en breve con la comisión de investigación. Los parlamentarios quieren investigar el gasto de la administración y sus órganos dependientes en los últimos años. Han empezado por el Campus de la Justicia pero seguirá el IVIMA, el Canal… A Canalda no le tembló la voz. No compareció antes porque no le llamaron, no le dieron la información que pedía una y otra vez y no tiene capacidad sancionadora para exigirla, declaró. La imagen que da de la fiscalización, rodeado de su colección de cámaras fotográficas, no es muy nítida y, sin embargo, mantiene que su organismo no está politizado.

Ciudadanos defiende la despolitización de la Cámara de Cuentas y actualmente tiene capacidad de presión en la Asamblea de Madrid. ¿Qué consecuencias espera?

Niego la mayor. Aquí ningún consejero está haciendo política. Si me permite la broma, a mí ya no me quedan amigos ni en la oposición ni en el partido que en su día me propuso (PP). La idea de que la Cámara es un órgano político existe en el imaginario público porque muchos se han encargado de que así sea, pero se rompe por la base cuando se ven las fiscalizaciones de los últimos tres años. El 89% de las entidades fiscalizadas estaba en manos del PP y todos los consejeros hemos votado a favor de los informes por unanimidad, aunque con ello estuviésemos poniendo de manifiesto problemas en entidades gestionadas por el grupo político que nos propuso.

El posicionamiento de Ciudadanos en Madrid es radicalmente distinto al que tienen en Andalucía, donde han llegado a un acuerdo en el Parlamento por el que no sólo no ponen la más mínima duda sobre el funcionamiento de la Cámara sino que han acordado darle más competencias.

Que la elección de los consejeros de la Cámara la haga la Asamblea de Madrid en base a un procedimiento reglado, en el que el peso de los diferentes grupos parlamentarios tiene mucha importancia, como ocurre en el Constitucional y otros muchos organismos, no debe poner en duda el trabajo de los funcionarios, que son personal fijo y son los que elaboran los informes. Es personal altamente cualificado, con oposiciones al Ministerio de Hacienda, a la Seguridad Social, al Tribunal de Cuentas, a la Comunidad de Madrid, etc.

Los informes los elaboran funcionarios pero los aprueban los consejeros. ¿No hay ninguna presión de los grupos parlamentarios cuando una fiscalización afecta a su partido?

Cuando un informe afecta a un ayuntamiento de un determinado color político, el partido político que lo gestiona siempre tiende a quejarse. Además nuestros informes suelen ser utilizados políticamente por los distintos grupos en función de sus intereses. Recuerdo el ejemplo del PSOE en relación al informe que hicimos sobre Alcalá de Henares, ayuntamiento gestionado por el PP entonces, o la posición del Partido Popular con relación al informe de Parla, gestionado por el PSOE. Pero un consejero es incapaz de decirle a su equipo de fiscalización, formado por unos 15 funcionarios, que cambie un informe. 

En el debate en el consejo te puedes quejar, aportar, proponer mejoras, pero los informes casi siempre están votados por unanimidad. Esa honestidad personal y profesional de los consejeros es lo que parece ser y, según se dijo en prensa, les costó el puesto a dos consejeros del PSOE al no votar en contra del informe de Parla.

Si una votación te puede costar el puesto, ¿no está politizado el organismo?

No. Estaría politizado si en ese momento se hubiese propuesto la sustitución o cese de los consejeros (cosa imposible pues las causas de cese están tasadas en la Ley). Lo que ocurrió es que no renovaron al cumplir su mandato. La Ley garantiza que durante seis años nadie nos pueda mover y eso es lo que hace que podamos mantener nuestra independencia durante ese tiempo sin sufrir las presiones de los políticos. Precisamente por eso no es de recibo que ahora se plantee cambiar el consejo de la Cámara por un acuerdo de investidura con Ciudadanos. A parte de que sería ilegal.

Nosotros no nos hemos negado nunca a que cambien el procedimiento de elección de los consejeros pero nuestro mandato termina en 2018. Hasta entonces tenemos que poder trabajar tranquilamente sin ningún tipo de interferencia ni presión de nadie.

Algunos de sus informes son demoledores, dicen mucho de cómo se gestiona el dinero público en este país. ¿Por qué no tienen más visibilidad?

No tenemos más visibilidad porque el Parlamento no nos la ha dado, no porque no seamos independientes. Esa es la gran tristeza de esta casa. En otras comunidades autónomas, la Cámara de Cuentas comparece de forma habitual ante la Asamblea y aquí, no se sabe por qué extraña razón, no se presentan nuestros informes en comisión. Si hubieran querido que los informes tuvieran altavoz, nos habrían llamado a comparecer, como hacen otros. 

Parece ser que esta situación está cambiando ya que el pasado día 6 de octubre comparecimos en la Asamblea de Madrid a petición de los grupos para informar sobre una fiscalización concreta (se refiere a la del Campus de la Justicia solicitada en la comisión de endeudamiento que se está celebrando en la Asamblea a iniciativa de Podemos y Ciudadanos). Es un paso en la buena dirección.

¿Quién tomó la decisión de dejar de llamar a la Cámara?

Llevábamos sin comparecer desde el año 2010. En la mesa de la comisión correspondiente había una mayoría del Partido Popular. Pudiera parecer que era interesante que la Cámara compareciese para informar sobre Parla (gobernado entonces por el PSOE), pero no tanto sobre Valdemoro o Alcalá de Henares (con gobiernos del PP en aquellos años). La verdad es que no lo sé. Lo cierto es que es la única Comunidad Autónoma donde se ha producido este hecho. Con la actual composición de la Asamblea esta situación parece que ha cambiado.

¿Son necesarias las cámaras de cuentas autonómicas o bastaría con el Tribunal de Cuentas?

No somos un organismo duplicado. Lo que hacemos nosotros no lo hace el Tribunal y cuando el Tribunal hace algo en Madrid, normalmente colaboramos con ellos.

¿Entonces fue un error la decisión de empezar a suprimir cámaras autonómicas, como hizo en Castilla-La Mancha el Gobierno de María Dolores de Cospedal?

Fue un completo error. Y se hizo sin que hubiera debate. Proponer la supresión de los Organismos de Control Externo de las Comunidades Autónomas fue una decisión unilateral de la Vicepresidencia del Gobierno de la Nación (a cuya frente se encuentra Soraya Sáenz de Santamaría, aunque Canalda no pronuncie su nombre). Se hizo a través de la Comisión que elaboró el informe de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), liderada por el Subsecretario del Departamento. Yo tuve muchas reuniones y muchas discusiones para decirles que estaban equivocados, que era un error garrafal porque el Tribunal no tiene capacidad para fiscalizar todo lo que fiscalizan las CCAA y porque el 90% del personal de todos los organismos de control externo de las autonomías son funcionarios. Una gran mayoría, del propio Tribunal de Cuentas. En definitiva, no se ahorraba nada.

¿Cuál cree que era la intención?

Nadie lo entendió. ¿Cómo le vas a decir de repente al Tribunal de Cuentas que fiscalice todas las entidades públicas de la Comunidad de Madrid? ¡Y sin crear una sección territorial de Madrid! No tiene sentido, además de que era algo completamente inoperativo. Ahora el Gobierno de Castilla La Mancha quiere volver a “resucitar” la Cámara.

La Cámara no fiscaliza todas las empresas ni todos los años. 

No, no hacemos informes de fiscalización específicos de todas y cada una de las empresas de la Comunidad cada año. Pero eso no significa que no hagamos un control sobre ellas. Legalmente están obligadas a remitirnos anualmente sus cuentas. Y hacemos un Informe anual de la Cuenta General de la Comunidad y del Sector Público madrileño en base a esas cuentas. Y en muchos casos informes específicos sobre determinadas empresas: IVIMA, M30, Consorcio de Transportes, Canal de Isabel II, etc.

Usted ha ocupado otros cargos muy relevantes en la administración pública madrileña como el de gerente del Canal de Isabel II y viceconsejero de Sanidad. ¿Cuál es el grado de fiscalización que se ha ejercido sobre estos organismos con usted al frente de la Cámara de Cuentas?

Yo dejé mis responsabilidades en el Canal de Isabel II allá por el año 2002 y en Sanidad en el año 2006. En relación con Sanidad, resultaba muy llamativo que antes no se fiscalizaba el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud). Ahora sí lo fiscalizamos. Y ha sido a petición de la propia Cámara de Cuentas ya que el SERMAS supone una parte muy importante del presupuesto de la Comunidad de Madrid. También hemos fiscalizado hospitales sometidos al nuevo proceso de colaboración público-privada pero a partir del año 2007 que es cuando ya estaban operativos; y hemos hecho un informe sobre la evolución del gasto farmacéutico en tres grandes hospitales para comprobar que la administración sanitaria había incorporado los criterios de control recomendados en un informe previo sobre la materia.

¿No se tarda demasiado en mirar algunas cosas? ¿Cómo es posible que no se detectase antes lo que ocurría en Navalcarnero, ayuntamiento que el PP ha dejado quebrado y que llevaba desde 2008 prorrogando los presupuestos para poder mantener una cifra de ingresos precrisis?

Estoy convencido que lo de Navalcarnero va a terminar mal. Nuestro informe analiza la gestión de ese ayuntamiento correspondiente a los años 2012 y anteriores. La intervención también en su día dijo algo, porque es la que ejerce el control previo. El informe de los organismos de control externo, como somos nosotros, es siempre un informe a posteriori.

Repito, la situación viene desde 2008. ¿Quién pidió el informe de fiscalización de Navalcarnero?

Se hizo a iniciativa de la Cámara a petición de un consejero socialista. 

¿Si no se hubiera pedido, no se habría mirado ese Ayuntamiento?

Claro que se miraría. Cuando salta la bomba por cualquier otra circunstancia la Cámara siempre actúa.

Otro ejemplo: el informe de la Cámara sobre las facturas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores. Más del 50% de las facturas de algunos ayuntamientos estaban sin contabilizar, algo que sorprendentemente permitió el Ministerio de Hacienda para acogerse al Plan. ¿No hay algo que investigar?

Eso fue un mal endémico de la Administración española durante muchísimos años. Las cosas han cambiado radicalmente. Con las medidas de control del déficit y el cambio en la Constitución, al final hay una responsabilidad efectiva y real por parte del funcionario que almacena las facturas en el cajón. Y se han incorporado herramientas informáticas de tal calibre que ya no puedes incorporar en los procedimientos de pago ningún documento que no esté metido en el sistema.

¿Qué ocurría antes?

A modo de ejemplo, hace años se podían llenar los almacenes de los hospitales con material a final de año, material que se contabilizaba al año siguiente cuando hubiese presupuesto. Hoy en día, y con el fin de realizar un exhaustivo control del déficit, esta práctica es impensable ya que los sistemas informáticos de control impiden dar entrada a materiales en los almacenes sin contar con el correspondiente soporte presupuestario. 

Pero el Plan de Pago a Proveedores lo que permitió precisamente fue incluir facturas no contabilizadas, como las que ustedes han detectado. ¿No ha podido abrirse la puerta de nuevo a aquellas prácticas? ¿Cómo deciden qué contratos se miran y cuáles no para poder detectarlo?

Ningún organismo puede fiscalizar todos los contratos. Son miles y miles. Se hace siempre un muestreo en función de importes, procedimientos de adjudicación (si se ha hecho sin publicidad, por adjudicación directa, contratos menores…) y en función muchas veces del olfato del fiscalizador, que cree que puede haber problemas. Y casi siempre acertamos. Encontramos problemas.

Se detecta el problema y entonces, ¿qué pasa?

En los informes de fiscalización se hacen recomendaciones para mejorar los procedimientos y, por supuesto, como hacemos con todos nuestros informes, los remitimos al Tribunal de Cuentas que es quien tiene capacidad jurisdiccional.

¿Y en cuántos casos eso acaba en una acción judicial?

Lamentablemente en pocos. La jurisdicción contable es muy complicada. Ahora bien, casi todas las actuaciones que hay contra alcaldes tienen que ver con informes nuestros remitidos al Tribunal de Cuentas o por informes elaborados por el propio Tribunal de Cuentas. En ocasiones el Tribunal entiende que no hay caso pero en otros entiende que puede haberlo, como en el caso de Navalcarnero, que abrió un procedimiento en cuanto les llegó el informe y está en fase de instrucción. A los 15 días teníamos un escrito de la Sección de Enjuiciamiento pidiéndonos más datos sobre el informe. Son bastante rápidos. Otra cosa es en qué quede el procedimiento porque, insisto, la jurisdicción contable es muy específica y compleja.

¿Qué capacidad tiene la Cámara de detectar una Púnica o una Gürtel?

Muy poca o ninguna. La Púnica y la Gürtel son gente que se ha llevado comisiones y en el análisis de la contratación normalmente no ves las comisiones. Otra cosa es que fiscalicemos un ayuntamiento de la Púnica y veamos que a una determinada empresa le han adjudicado por 30 años el mantenimiento de las farolas de un pueblo. Y nos demos cuenta de que esa empresa también está en otro municipio y pidamos todos los contratos de esa empresa de todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid durante cinco años. Pero yo no puedo saber si el alcalde o un concejal se lo han llevado porque, básicamente, no fiscalizo las cuentas ni el modus vivendi de los gestores corruptos. Eso le corresponde a los Tribunales y a la Fiscalía además de a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Entonces para qué sirve la fiscalización, si no hay posibilidad de que la Cámara detecte esas cosas antes?

Es muy difícil que lo detectemos con el análisis general de contratos. Salvo que se repitan contratos y nos salte una alarma, como mucho podremos decir que son adjudicaciones encadenadas pero lo que nunca podemos saber es si hay comisiones detrás. Eso es parte de la investigación judicial. En el caso de la Púnica sí detectamos en un ayuntamiento cosas que después confirmó el juez, como una adjudicación muy extraña, por muchos años y un importe elevadísimo para un ayuntamiento muy pequeño. Otra cosa muy distinta es que nosotros entremos a fiscalizar de forma completa la gestión de un ayuntamiento, como hemos hecho en Valdemoro o en Alcalá de Henares, en Parla o en Navalcarnero, etc. Ahí sí miramos contratos y empresas y encontramos muchas cosas que podían haberse hecho mejor.

¿Echáis de menos tener capacidad sancionadora?

Me encantaría. Me encantaría que Ciudadanos, en lugar de proponer cambiar el consejo de la Cámara propusiera, como ha hecho en Andalucía, darnos capacidad sancionadora y que promoviera la potenciación de la institución. Que pudiéramos tener capacidad sancionadora contra quien no coopere, quien no mande la información o la retrase, o mande información a sabiendas de que no es la que se está pidiendo. No queremos que se sancione a la institución sino a la persona, porque sancionar al ayuntamiento, sería con dinero público. Lo pagan y ya está. Hay que sancionar a la que no lo está haciendo bien. El Grupo Popular, a raíz de esa comparecencia nuestra en Asamblea del pasado 6 de octubre a la que he hecho referencia antes, anunció la inminente presentación de una proposición no de ley por la que se instaría al Gobierno de la Comunidad de Madrid a reformar la Ley de la Cámara de Cuentas para otorgarle esa capacidad sancionadora. Creo sinceramente que es un paso fundamental para potenciar la institución y espero que se ponga en marcha cuanto antes

¿Se ha propuesto alguna vez?

La verdad es que no tengo constancia de que hasta este momento ningún grupo lo haya había hecho. En Andalucía se ha propuesto porque todos los grupos parlamentarios quieren potenciar la Cámara por razones obvias, los famosos ERE, por ejemplo. Nosotros lo único que hemos pedido, sinceramente, es que nos dejen trabajar adecuadamente.

¿Qué opina de la auditoría de la deuda del Ayuntamiento de Madrid o las comisiones de la Comunidad?

Pues que me parece estupendo que se propongan. Y que aquí tienen esta casa que es totalmente independiente y que actuará, si se nos encarga realizar esas fiscalizaciones, con toda la profesionalidad y rigor del mundo.