El pacto del demonio

Tras meses de negociaciones secretas, este martes se ha desvelado el acuerdo al que han llegado el PSOE y Junts sobre competencias en gestión migratoria. El Gobierno está ultimando una ley orgánica para delegar, que no transferir, ciertas competencias a los Mossos. Las competencias que se delegan no son muchas y atañen principalmente a la gestión de frontera; esto es, en aeropuertos, puertos y otros puntos donde se realicen controles de pasaportes, los Mossos sustituyen a la Policía Nacional pero en ningún caso a la Guardia Civil. La policía catalana tendrá un rol menor en la devolución y expulsión de extranjeros. También sustituyen a la Policía en la gestión del Centro de Internamiento de la Zona Franca y en la lucha contra prostitución y la trata. Además la Generalitat será la que gestione las ventanillas únicas para obtener los permisos de residencia. Este acuerdo no aborda ninguna competencia relativa a la integración y la acogida. 

La pregunta esencial es: ¿qué cambiará realmente cuando esta delegación de competencias se haga efectiva? Hay dos puntos principales. Por un lado se incrementará el número de Mossos en un 40%, añadiendo hasta 7.800 efectivos a los 19.000 que hay en la actualidad. Esto representa una fuerte inversión de recursos económicos por parte de la Administración Central que irán a las arcas de la Generalitat. Por otro lado, se otorgará un poder a la región que permitirá una discrecionalidad autonómica que antes era nacional. Aquí surge el famoso debate sobre si esa discrecionalidad será beneficiosa para el tema al que se aplica. ¿Mejorará la gestión migratoria gracias a la delegación de capacidades? En términos absolutos no habría otros cambios que los que permiten la interpretación y la subjetividad en la aplicación de leyes, que seguirán siendo de carácter nacional y europeo.

Pero este punto, que parece nimio, resulta determinante cuando se trata de gestionar las vidas y los derechos de las personas. El poder delegado en manos de un gobierno sensible y marcado por el respeto de los derechos de las personas puede ser extremadamente beneficioso. Igualmente ese poder en manos de un gobierno fascista puede llevar al sistema a su peor expresión.

Dada la amplitud en la interpretación que permiten las leyes de control migratorio y teniendo en cuenta el marco narrativo deshumanizado que domina el debate público, no parece muy acertado atomizar la interpretación de dichas leyes en este momento. Recordemos que los resultados electorales de Cataluña en 2024 sitúan en segundo lugar a Junts, que tontea con los ultras de Aliança Catalana, recién llegados a la política autonómica con dos escaños, pero con un largo historial incontestable de declaraciones racistas y xenófobas. No resulta un panorama alentador.

Hay otro punto adicional muy importante: el Gobierno socialista está haciendo caso omiso a las peticiones del Ejecutivo canario que lleva tiempo solicitando esta delegación de funciones. El hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez pacte con un partido nacionalista, independentista y amigo de los ultraderechistas de Aliança Catalana establece un marco político tenebroso, muy alejado de lo que se necesita en estos momentos en el debate público nacional y mundial. Este acuerdo se sitúa muy lejos del esperado cordón sanitario que es indispensable para proteger nuestras democracias.

Sea como fuere, este acuerdo confirma la tendencia del Gobierno socialista a despreciar la parte más humana del debate migratorio, usando a las personas migrantes y sus derechos como moneda de cambio. Este acuerdo, y esta voluntad de sacarlo a través de una Ley orgánica, se produce poco después de que ese mismo Gobierno congelara el debate sobre la regularización extraordinaria en el Congreso. De nuevo se anteponen intereses económicos y de poder en esta política migratoria cobarde e hipócrita que promueve Pedro Sánchez.

Recordemos que España es la precursora de la externalización de fronteras, que nuestro Gobierno gasta anualmente millones de euros en empresas privadas de control migratorio, que hay una agencia de cooperación española, la FIIAPP, enviando material militar y entrenando a fuerzas africanas que luego encarcelan y abandonan a gente, incluidos mujeres y niños, en el desierto.

En definitiva, el Gobierno de Pedro Sánchez deja así patente que es sensible a la presión de la ultraderecha porque evidentemente entiende que jugar con la migración no conlleva un coste político. Y se sube al carro de lo que se supone quiere evitar. Supongo que el presidente tendrá una justificación que le parecerá legítima y dirá que este pacto es una pequeña concesión en pro de un bien mayor.

Pero creo que ese es uno de los peores males que puede haber en un Gobierno de izquierdas: hacer política de ultraderecha considerándolo un mal menor. Así se han ido abriendo puertas poco a poco, desde hace años, al horror que estamos viviendo de resurgimiento de la extrema derecha en nuestras democracias, por cobardía y posiblemente por ansia de poder. Ya basta.