La directiva de la vergüenza 2.0

A finales de enero pasado, Donald Trump presentó una propuesta para convertir la base militar de los EEUU en Guantánamo en un centro extraterritorial de internamiento de migrantes. Una propuesta que se sumaba al elenco de salvajismos trumpistas de los últimos meses y que fue duramente criticada. La Comisión Europea acaba de presentar una nueva regulación europea de retorno que pretende permitir a los Estados miembros enviar a los migrantes rechazados de Europa a campos de deportación fuera de la Unión Europea (UE). Una nueva vuelta de tuerca en la construcción de la "Europa fortaleza", que no tiene nada que envidiar a la propuesta trumpista o a la que el gobierno del Reino Unido propuso con Ruanda.

La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas que más ha tensionado a la UE en los últimos años, fundamentalmente desde 2015, con la mal llamada crisis de los refugiados. En cierta medida, gracias a una extrema derecha en ascenso, que ha conseguido condicionar la agenda de las políticas migratorias de la UE, estas no han parado de endurecerse en una carrera sin retorno hacia una auténtica necropolítica.

Pero sería un error señalar a la extrema derecha como única culpable de esta política que destruye derechos e inocula una visión xenófoba de la migración humana. Tenemos que ampliar el foco y señalar a la gran coalición del extremo centro (Populares y Socialistas) que gobierna la Unión y que lleva años reforzando la "Europa fortaleza" con el espantapájaros de la extrema derecha como coartada. De hecho, la propuesta de la nueva regulación europea de retorno presentada por la Comisión Europea es una buena muestra de ello.

En este sentido, acabamos la pasada legislatura aprobando el Pacto sobre Migración y Asilo, una auténtica cesión a la agenda de la extrema derecha, que amplió el alcance del procedimiento de retorno en frontera y fortaleció los vínculos entre las políticas de asilo y retorno. Pero, como ya avisamos en su momento, nunca es suficiente. Así, pocas semanas después de aprobar el pacto de migración y asilo, el 15 de mayo del año pasado, quince Estados miembros de la UE, liderados por Dinamarca, enviaron una carta a la Comisión pidiendo que se exploraran "nuevas soluciones para prevenir la migración irregular a Europa", apostando por un marco legal aún más estricto.

Una carta que fue respondida por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con una serie de propuestas para “explorar posibles vías” que permitieran desarrollar “centros de retorno” europeos en terceros países como una forma “innovadora para contrarrestar la migración ilegal”. El conocido como modelo Meloni, un acuerdo con Albania para abrir dos centros de identificación y retención a los que trasladar a migrantes que ya han solicitado asilo en Italia mientras se tramitan sus peticiones y la posible repatriación de estas personas a sus países de origen. Un modelo que la presidenta Von der Leyen señaló como ejemplo para “extraer lecciones” de cara a desarrollar una estrategia similar a nivel europeo. Pero existía un problema: la legislación europea no permite llevar a cabo devoluciones a un tercer país que no sea el de origen. Aquí es donde entra la nueva regulación europea de retorno que presentó la Comisión y que plantea reformar la Directiva de 2008 para poder crear campos de deportación fuera de la UE.

Para todo aquel que no lo recuerde, la Directiva de Retorno de 2008, conocida en su momento como la "Directiva de la vergüenza", estableció por primera vez normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el "retorno de nacionales de terceros países en situación administrativa irregular". Sus elementos más controvertidos por aquel entonces fueron: la posibilidad de detener a los migrantes hasta 18 meses en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), una prohibición de reentrada de hasta 5 años, la posibilidad de devolver a los migrantes a un país de tránsito y la deportación (bajo ciertas condiciones) de menores no acompañados.

En 2018, la Comisión ya propuso una nueva versión de la Directiva de Retorno de 2008, que fue duramente criticada por la sociedad civil y no consiguió el acuerdo del Parlamento Europeo. Entre otras razones, por el bloqueo del Partido Popular Europeo (PPE), que prefirió esperar a terminar la legislatura y tener un nuevo Parlamento con una mayoría más favorable a sus propuestas. Ahora, con un Parlamento aún más escorado hacia la derecha (donde el PPE y los diferentes grupos de la extrema derecha tienen por primera vez mayoría en el Europarlamento), la Comisión ha presentado esta nueva regulación europea de retorno.

Una propuesta construida sobre cuatro pilares clave:

• 1. Retorno acelerado de personas consideradas "riesgo de seguridad", con menos derechos procesales y deportación rápida, incluso a terceros países donde nunca han estado.

• 2. Centros de retorno, que permitirán a los Estados miembros deportar a personas a países con los que no tienen ninguna relación (Modelo Meloni).

• 3. Reconocimiento mutuo de decisiones de retorno, facilitando su aplicación en toda la UE.

• 4. Mayores obligaciones de cooperación para los migrantes y sanciones en caso de incumplimiento, como prohibiciones de reentrada más largas (hasta diez años, antes eran cinco) y mayor tiempo de detención (ampliando los dieciocho meses actuales).

Una nueva directiva que tiene la expulsión de las personas migrantes como bandera, donde su principal objetivo es deportar más y más rápidamente, sin ninguna garantía y a cualquier precio. Cómo ha llegado a afirmar el Comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, responsable de la propuesta, la cuestión del retorno (expulsiones) es "existencial" para la Comisión. Además, la propuesta de la Comisión también allana el camino para ampliar el papel de la Agencia de Control de Fronteras de la UE (Frontex) en los retornos, una vieja pretensión de la derecha. No podemos olvidar que la agenda de Von der Leyen incluye triplicar el número de efectivos de Frontex hasta 30.000 funcionarios, un auténtico ejército para la "Europa fortaleza".

La deriva reaccionaria que aqueja al mundo no solo afecta a unos Estados Unidos presididos por Trump, sino que atraviesa el tuétano de unas instituciones europeas que traducen los discursos de odio, racismo y xenofobia de la extrema derecha en políticas públicas. En este contexto, las personas refugiadas y migrantes pasan a ser problemas incómodos que conviene eliminar cuanto antes, sujetos sin derechos. De ahí la necesidad de concebir la actual situación migratoria no únicamente como una crisis humanitaria, sino también y, sobre todo, como una crisis de derechos y, por lo tanto, como una crisis política. Una crisis que cuestiona quién tiene derecho a tener derechos y que nos interpela a todas.