La alianza de PP y Vox en País Valencià e Illes Balears pone en pie de guerra a las entidades que defienden el catalán

Cuando apenas hace un mes y medio que empezaron a andar los nuevos ayuntamientos y algunas semanas que arrancaron los nuevos ejecutivos autonómicos surgidos de las elecciones del 28 de mayo, al País Valencià y las Illes Balears ya ha habido una significativa reacción de la sociedad civil. Especialmente, de las entidades en defensa de la lengua catalana que empiezan a movilizarse contra algunas de las primeras medidas de los gobiernos fruto de la alianza entre el PP y Vox, encaminadas a reducir la presencia del catalán o valenciano en la enseñanza y en el conjunto de la administración.

La Plataforma per la Llengua, la Obra Cultural Balear (OCB) o Acció Cultural del País Valencià (ACPV), tres de las principales entidades en defensa de la lengua propia en los dos territorios, han protagonizado pronunciamientos en contra los nuevos gobiernos liderados por el PP y con presencia o, como mínimo, influencia de la extrema derecha. También han convocado las primeras movilizaciones, ya sea por la retirada del nombre Vicent Torrent del Auditorio de Torrent (València) o por la censura a revistas en catalán en la biblioteca de Borriana (Castelló). En los dos municipios el gobierno está integrado por PP y Vox.

Tres de las principales entidades en defensa de la lengua propia, han criticado los gobiernos de PP y Vox

Literalmente, la OCB avisa al PP que si actúa dinamitando determinados consensos sociales contra la lengua tendrá una "legislatura caliente" y ACPV se presenta no sólo como "el dique de contención de los intentos de regresión", sino como "la palanca para articular y hacer visible un proyecto renovado de futuro, en clave valenciana, que ayudó a ilusionar y movilizar a la mayora social". Literalmente, estas organizaciones están en pie de guerra contra unos gobiernos que, no lo esconden, tienen intención de llevar a cabo políticas que empeoren la situación del catalán, que ya se encuentra en un estado precario por el retroceso en su uso social.

Después de los comicios del 28M, el PP consiguió la presidencia de los gobiernos autonómicos de las Balears y del País Valencià —en el segundo caso con la extrema derecha de Vox dentro del ejecutivo—, así como las alcaldías de València, Alacant, Castelló, Elx y el resto de principales ciudades valencianas, además de la presidencia de las tres diputaciones provinciales; mientras que en las Balears controla el Consell Insular de Mallorca —con Vox como socio— y la alcaldía de Palma, entre otros.

Reducción del valenciano en la escuela

El nuevo gobierno del País Valencià, presidido por Carlos Mazón (PP) y con el torero Vicente Barrera (Vox) de vicepresidente y consejero de Cultura, ya ha anunciado que "garantizaremos la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas".

A la espera de que se apruebe el cambio normativo —incluido en el pacto de Gobierno entre la derecha y la extrema derecha—, lo más probable es que implique ir hacia dos modelos educativos diferenciados, es decir, a la segregación escolar por motivos de lengua, cuando hasta ahora —a raíz de la ley de plurilingüismo aprobada en 2018 por el Gobierno del Botànic— se exigía un mínimo del 25% de las clases en valenciano en todos los centros. Paralelamente, el valenciano dejará de ser vehicular en todo el territorio, puesto que se modificará la ley para que puedan quedar exentos los alumnos de las ocho comarcas castellanohablantes donde, en resumen, desaparece el 25% de valenciano.

El Gobierno entre la derecha y la extrema derecha implicará ir hacia la segregación escolar por motivos de lengua

Además, el conocimiento de la lengua propia dejará de ser un requisito para trabajar en la administración y el nuevo Consell tiene intención de eliminar todas las subvenciones a les entidades que defiendan los Països Catalans o la unidad de la lengua catalana, entre las que hay, por ejemplo, la Plataforma per la Llengua.

En un comunicado emitido el 4 de julio, ACPV dejaba claro que el 28M no había habido "ninguna avalancha electoral de la derecha", sino que la clave de su victoria era "la abstención de una parte del espacio de izquierdas y valencianista" y avisa que "ya tiene experiencia a la hora de hacer frente a gobiernos antivalencianos". En este sentido, subraya que "impulsará la movilización de los sectores más conscientes de la sociedad valenciana no sólo para hacer frente a los intentos de regresión, sino sobre todo para hacer visible que hay una mayoría social que quiere continuar avanzando en derechos y libertades".

Y, finalmente, recalca que "trabajará para tejer complicidades y coordinar actuaciones con el extenso espacio institucional favorable a las políticas de progreso y país". Todo ello, con la intención de no sólo ser el "dique de contención de los intentos de regresión", sino también "la palanca para articular y hacer visible un proyecto de futuro, en clave valenciana, que ayude a ilusionar y movilizar a la mayoría social".

ACPV recalca que "trabajará para coordinar actuaciones favorables a las políticas de progreso"

De hecho, la respuesta ya se ha empezado a mostrar, a raíz de dos iniciativas de gobiernos del PP y Vox en clave local. Al lado de la Plataforma per la Llengua, ACPV participó en la movilización en Borriana contra la censura a varias revistas en catalán en la biblioteca municipal. La manifestación congregó a un millar de personas el 17 de julio. La presión social, finalmente, provocó hace un par de semanas la rectificación el Gobierno de la ciudad.

El 26 de julio, también alrededor de un millar de personas se concentraron ante el Auditorio de Torrent (l'Horta Sur) para rehusar la retirada del nombre de Vicent Torrent del auditorio municipal. Fundador del grupo Al Tall y originario de la ciudad, Torrent es un emblema de la música en valenciano, y la retirada de su nombre del equipamiento fue una de las primeras decisiones del Gobierno local de PP y Vox.

Anna Oliver, presidenta de ACPV, ha afirmado que los primeros pasos del Gobierno de Mazónson una "declaración de guerra" y ha hecho un llamamiento a la movilización y a pasar A la acción ante un "riesgo evidente que se haga folklórico el uso de la lengua".

La Obra Cultural Balear ya habla de "legislatura caliente"

En el caso de las Balears, el nuevo Gobierno autonómico está integrado en solitario por el PP y lo preside Marga Prohens, pero fue investida gracias a un pacto con Vox, que a cambio entró en los gobiernos de los consejos insulares de Mallorca y Menorca. Una parte de los 110 puntos programáticos van directamente destinados a atacar el catalán.

En el caso de las Balears, una parte de los 110 puntos programáticos van directamente destinados a atacar el catalán

El elemento más destacado por la extrema derecha es el de fijar la "libertad de elección" de los padres de la lengua de escolarización de sus hijos, lo que en la práctica comportará liquidar el modelo de inmersión lingüística en las Islas, que fija un mínimo de 50% de clases en catalán. El nuevo modelo todavía no se ha detallado, pero se pondrá en marcha el curso 2024-2025, inicialmente solo en primaria pero con el compromiso de trasladarlo también a la secundaria antes de que acabe la legislatura.

Como en el País Valencià, el catalán no será un requisito para poder aspirar a una plaza de trabajo a la administración —"el desconocimiento del catalán no penalizará en el acceso a la función pública" y se eliminará la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüística para crear una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.

A nivel local, entre otros actuaciones, el Ayuntamiento de Palma ha aprobado a instancia de Vox cambiar el reglamento de normalización lingüística, que implica que las comunicaciones del consistorio se puedan hacer en castellano, a pesar de que los ciudadanos lo interpelen en catalán. Es una decisión que según la OCB supone "romper casi 40 años de consenso en materia lingüística en el Ayuntamiento de Palma". La Plataforma per la Llengua recuerda que el régimen jurídico de las Balears fija "que las comunicaciones de las administraciones con los ciudadanos tienen que ser en catalán" y emprenderá acciones legales contra la medida.

Una vez se anunció el acuerdo autonómico entre PP y Vox, la OCB reaccionó con un comunicado en que subrayaba que el Partido Popular se convertía "en cómplice y actor necesario para aplicar las políticas de Vox en materia de lengua y cultura. Unas políticas que solo tienen una finalidad: destruir nuestra identidad".

El texto añadía que "el acuerdo deja claro que el PP no tiene ningún escrúpulo a la hora de elegir entre el poder y la destrucción de todos los cimientos que han mantenido la convivencia en las Illes Balears; y las políticas en materia lingüística y educativa han estado fundamentales para conseguir estos objetivos". Y avisaba la nueva presidenta, Marga Prohens, que "cada vez que el PP ha hecho política contra la lengua catalana ha encontrado la sociedad dispuesta a defenderla".

La OCB advierte de que habrá una "legislatura caliente"

En este sentido, la entidad también apunta que el anterior presidente de las Balears del PP, José Ramón Bauzá, en parte fue derrotado a las urnas por el rechazo que generó su decreto del trilingüismo, que pretendía acabar con el modelo de inmersión en catalán en la escuelapara reducir sus horas en beneficio del castellano y el inglés.

El rechazo al conocido como TIL provocó las mayores manifestación de la historia democrática de las Illes, con más de 100.000 personas llenando las calles de Palma en septiembre del 2013. Como conclusión, la organización avisa que si el PP no rectifica, habrá una "legislatura caliente", mientras insta a "toda la sociedad mallorquina a prepararse para estar a la altura de esta nueva embestida contra nuestra lengua y nuestra cultura".

Días después, la OCB promovió un manifiesto de la sociedad civil en contra del acuerdo entre PP y Vox, que entre otros avalaron los sindicatos CCOO y UGT, el ecologista GOB, la misma Plataforma per la Llengua, el movimiento vecinal, entidades de memoria o colectivos feministas, entre muchos otros.

Entre una cosa y la otra, la movilización ciudadana se activó ya de cara a las generales del 23J, donde la suma de PSOE y Sumar apenas quedó 21.000 sufragios por debajo de la de PP y Vox (234.000 votos a 255.000), mientras que en las autonómicas del 28M la derecha había superado el bloque progresista (PSIB-PSOE, Más y Podemos) en casi 50.000 votos.