La cara oculta de la sanidad privada ante la denuncia de presiones a oncólogos: "Falta transparencia"

Un grupo de oncólogos denunció públicamente este lunes haber recibido presiones por parte de la empresa privada Atrys Health y su filial Bienzobas para restringir la prescripción de tratamientos oncológicos de alto coste. En respuesta a la acusación, la compañía emitió su versión de los hechos. Ahora, diversos expertos han rebatido, en declaraciones a Público, cada una de sus afirmaciones.

Tras la denuncia de los sanitarios, Atrys Health-Bienzobas ha defendido que la decisión final sobre la prescripción de fármacos oncológicos recae "siempre" en el facultativo que trata al paciente, "con independencia de cuál sea la recomendación emitida". Por su parte, Manuel Martín, médico y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), considera, en declaraciones a Público, que esta afirmación es "obvia", sin embargo, asegura que las aseguradoras privadas imponen un control y una presión adicional sobre los pacientes, "priorizando el ahorro económico a costa de la seguridad y la calidad de los tratamientos".

Martín opina que los mismos problemas que enfrenta la sanidad en Estados Unidos se están trasladando a la población española atendida por empresas privadas. "En EEUU las compañías ejercen presiones sobre sus trabajadores para orientar la prescripción hacia medicamentos de menor coste para las empresas", informa. "Es una prueba más de que mantener Muface supone una discriminación para las personas que están en este sistema, atendidas por aseguradoras privadas", afirma. Por lo tanto, el presidente de la FADSP sostiene que "es erróneo presionar para mantener un sistema que, además de ser obsoleto, injusto y desigual, pone en riesgo la salud de las personas al mercantilizar las decisiones a través de empresas externas a las propias aseguradoras".

En respuesta a la afirmación de Atrys Health-Bienzobas de que la prescripción de fármacos oncológicos es "siempre" responsabilidad del facultativo, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, advierte a Público que esta declaración no refleja en todos los casos la realidad denunciada por algunos profesionales. "Lo ideal sería que la decisión sobre el tratamiento recaiga únicamente en el oncólogo, quien mejor conoce al paciente y su historial clínico. No obstante, cuando existen informes externos que influyen o condicionan esa elección, los pacientes pueden terminar recibiendo terapias distintas a las que su médico consideraría más adecuadas. Nuestra prioridad es garantizar que el criterio médico prevalezca sin ningún tipo de presión externa", subraya.

Atrys Health-Bienzobas también ha afirmado que sus informes de recomendación están basados en "parámetros estrictamente profesionales" y que su asesoramiento se rige por el principio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el uso racional del medicamento. Según la compañía privada, este enfoque garantiza que los pacientes reciban "fármacos apropiados para sus necesidades clínicas, una dosis ajustada a su situación particular, durante un período adecuado de tiempo y al mínimo coste posible para ellos y para la comunidad".

Por su parte, la presidenta de GEPAC informa que el uso racional de los medicamentos es un principio ampliamente aceptado. "Sin embargo, este concepto no debe utilizarse como pretexto para restringir el acceso a tratamientos con eficacia clínica comprobada y avalados por guías internacionales", advierte. Además, recuerda que "en oncología, el tiempo es un factor determinante, y cualquier retraso o sustitución injustificada puede afectar gravemente el pronóstico del paciente".

Asimismo, la compañía privada insiste en que su asesoría se basa en "las guías clínicas internacionales, agencias nacionales e internacionales de evaluación de medicamentos, y los informes de posicionamiento terapéutico del Ministerio de Sanidad". También asegura que el proceso de asesoramiento "no tiene ningún impacto en los plazos de tratamiento del paciente" e insiste en que, "en ningún caso, se limita la libertad de prescripción del facultativo".

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Ante este argumento, Begoña Barragán señala a este medio que "ese es el mínimo exigible a cualquier entidad con influencia en las decisiones clínicas". No obstante, advierte que "lo que nos preocupa profundamente es la falta de transparencia en la aplicación de esas guías". En este sentido, plantea una cuestión: "Si un paciente no accede a un tratamiento aprobado y recomendado, queremos saber por qué". Y concluye con firmeza: "La salud de los pacientes no puede quedar supeditada a interpretaciones restrictivas".

Por último, Atrys Health-Bienzobas subraya que los pacientes de los colectivos de Muface, Mugeju e Isfas "tienen el mismo acceso a los tratamientos que los pacientes de esos colectivos atendidos en la sanidad pública española, sin excepción alguna".

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La presidenta de GEPAC refuta esta postura al afirmar que "nuestra experiencia nos demuestra que, en la práctica, existen diferencias, y cualquier desigualdad en el acceso a tratamientos aprobados por las autoridades sanitarias supone una vulneración de derechos". En este sentido, subraya que "todos los pacientes deben poder acceder al mejor tratamiento posible, sin importar la mutualidad o el sistema de salud al que pertenezcan". Y concluye con rotundidad: "La equidad en oncología no es negociable".

Por este motivo, Barragán enfatiza en que "es fundamental recordar que el tratamiento del cáncer debe basarse exclusivamente en criterios clínicos, sustentados en la evidencia científica y en las recomendaciones de los especialistas que atienden directamente a cada paciente". "Cualquier interferencia que limite el acceso a estos tratamientos o condicione las decisiones médicas es motivo de profunda preocupación para nuestro colectivo", advierte.

La Sociedad de Oncología investigará el caso de Atrys

Público se ha puesto en contacto con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), que ha remitido su último comunicado en el que refleja su postura sobre lo sucedido. "Desde SEOM se percibe una falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidas a valoración por asesores oncológicos externos", señalan.

La SEOM denuncia la falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada

La SEOM desmiente la versión de la compañía privada y asegura que "la decisión final de la prescripción no depende siempre del facultativo que trata al paciente, sino de otros actores como el asesor oncológico externo y la aseguradora correspondiente, quienes, en ocasiones, no autorizan tratamientos incluidos en las guías de las sociedades médicas internacionales ni aprobados por las autoridades sanitarias europeas y españolas, aludiendo principalmente a problemas de coste-efectividad". La organización informa a este medio que actualmente está recopilando información e investigando en el asunto.

Público también ha intentado contactar con Atrys Health-Bienzobas, pero la empresa no ha respondido a la solicitud de información. 

Sanidad critica la influencia de intereses económicos

Según adelantó este lunes ABC, la empresa Atrys Health-Bienzobas, contratada por varias aseguradoras para asesorar en decisiones médicas, estaría influyendo en la elección de tratamientos oncológicos al priorizar alternativas más económicas sobre las recomendadas por los especialistas. De acuerdo con el medio citado, los oncólogos basan su denuncia en decenas de informes clínicos de 2023 y 2024, que documentan casos de pacientes asegurados por DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna. 

Los médicos informan de que los principales afectados son los funcionarios adscritos a Muface, Mugeju e Isfas, ya que no cuentan con una alternativa en la sanidad pública. Los tratamientos en cuestión −panitumumab, cetuximab, ramucirumab y pertuzumab− son de uso habitual en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tras conocer la noticia, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó a través de X (antes Twitter): "Que las empresas presionen a los oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio. Por eso defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos. La salud no se negocia".