Willy Toledo, Lalachus o Noelia: así usa Abogados Cristianos la Justicia para imponer su agenda ultra

Abogados Cristianos ha logrado hacer del sistema judicial su principal escenario de disputa ideológica. Desde su fundación en 2008, esta organización ha convertido las querellas en su herramienta más eficaz para extender la agenda ultraconservadora y hacerla calar en la opinión pública. Aunque muy variado, su historial de acciones legales mantiene un patrón bastante común: enfrentarse a cualquier manifestación que consideren contraria a sus valores ultracatólicos. 

Según Wikipedia, uno de los primeros casos con el que lograron tener una repercusión mediática notable fue una querella presentada junto a Hazte Oír en 2012 contra Leo Bassi, a quien la asociación llevó hasta el Tribunal Supremo, donde se archivó la causa. La organización había denunciado al artista por disfrazarse del papa durante una representación en Valladolid un año antes. En 2014, fue la procesión satírica del Coño Insumiso la que desató otra conocida tormenta legal. Aquella performance feminista, concebida como una crítica al papel de la Iglesia en la opresión de las mujeres, recibió una denuncia por un supuesto delito contra los sentimientos religiosos. Tras años de vaivenes judiciales, el proceso ahora está en manos del Tribunal Constitucional bajo un recurso de amparo sobre el que todavía no se ha pronunciado. Un litigio parecido al que van a atravesar las organizadoras del 8M de Gijón por pasear a la Santina Queer durante la manifestación de hace un par de semanas. Las feministas simularon una procesión de la Virgen de Covadonga representada por una muñeca con gafas de sol, con el símbolo trans a modo de aureola y portada en un paso con la bandera arcoíris.

En 2018, fue el actor Willy Toledo quien sufrió el señalamiento de la organización. Sus críticas a la Iglesia, vertidas en redes sociales, le valieron una denuncia por blasfemia. Toledo se negó a acudir a declarar en varias ocasiones. Finalmente, la Justicia le dio la razón en 2022, cuando la Audiencia Provincial de Valladolid concluyó que su discurso, aunque incómodo para estas organizaciones ultracatólicas, estaba protegido por la libertad de expresión. "El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a molestar a una ideología contraria", sentenció el tribunal.

La organización también ha puesto especial empeño en perseguir expresiones artísticas que considera irreverentes. El artista Drag Sethlas fue denunciado tras una actuación en la gala de carnaval de Las Palmas en la que, vestido como la Virgen María, recitó frases que no gustaron a la asociación. Algo similar ocurrió con Abel Azcona, quien en su obra Amén utilizó hostias consagradas para formar la palabra "pederastia", en referencia a los casos de abusos en la Iglesia. En ambos casos, las denuncias quedaron archivadas, pero el revuelo mediático ya había sido suficiente para avivar la polémica y reforzar la narrativa de persecución cristiana que la organización promueve.

En su afán por combatir los avances feministas y de las disidencias sexuales, Abogados Cristianos también ha dirigido su artillería legal contra educadores y activistas. Así, han presentado querellas contra talleres de educación sexual en colegios, contra la directora de una escuela por permitir estos programas y contra activistas que denunciaban las llamadas "terapias de conversión" en centros religiosos. También han intentado frenar la visibilización del colectivo LGTBIQ+ en el espacio público, denunciando que se colgara la bandera arcoíris en edificios municipales o pidiendo la censura de cuadernos de niños para colorear.

En 2025, su cruzada se dirigió contra la humorista Lalachus y el presidente de RTVE, José Pablo López, por un gag en las campanadas de fin de año que consideraron ofensivo. "Estos comportamientos no pueden quedar impunes si queremos poner freno a la cristianofobia", declaró la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos. La causa ya ha sido archivada. En esa misma línea, la organización logró que un juzgado de Madrid iniciara diligencias contra el youtuber Mr. Jagger por un tuit en el que afirmaba: "Nadie me podrá negar lo bonito de una iglesia ardiendo". Al igual que esta misma semana se ha publicado que Pablo Echenique tendrá que declarar ante la jueza por decir que es más probable que un sacerdote abuse de un menor que un migrante delinca.

Uno de los episodios más dramáticos de esta lucha judicial ha sido el caso de Noelia, una mujer que solicitó la eutanasia tras años de sufrimiento irreversible. Su decisión, amparada por la ley, fue impugnada por su propio padre con el apoyo de Abogados Cristianos, lo que retrasó su acceso a una muerte digna durante ocho meses. Finalmente, una jueza ha fallado a favor de Noelia, cerrando la puerta a la injerencia de la asociación en decisiones personales amparadas por derechos fundamentales.

Más allá de estos ejemplos de casos individuales, la influencia de Abogados Cristianos se extiende a su intento de condicionar el debate político y legal en nuestro país. De hecho, han impulsado denuncias contra la ley del aborto, han tratado de impedir que clínicas de interrupción voluntaria del embarazo operen con normalidad y han intentado frenar la aplicación de la ley de memoria. Incluso han recurrido a los tribunales para evitar la retirada de símbolos franquistas, presentando la cruz del Valle de Cuelgamuros como un emblema religioso que debe ser protegido.

Una serie de acciones que, como las de otras organizaciones ultras, no han pasado desapercibidas para organismos internacionales. En 2021, el Consejo de Europa instó al Gobierno a derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, advirtiendo de que su existencia permite el uso del derecho penal para coartar la libertad de expresión. La cuestión de fondo, según expertos, es si un grupo con el respaldo y el poder de la Iglesia Católica, que aparece referida nada más y nada menos que en el Título I de la Constitución, puede considerarse una minoría vulnerable, argumento en el que Abogados Cristianos basa muchas de sus querellas.

Erosionar la confianza en las instituciones

Concha Roig, magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia y viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, señala que esta organización recurre a litigios estratégicos con la intención de desacreditar a defensores de derechos sociales y generar un efecto disuasorio en la sociedad. Explica que una de sus tácticas consiste en aprovechar la sobrecarga del sistema judicial para presentar querellas bien formuladas desde un punto de vista técnico, lo que dificulta su archivo inmediato y genera incertidumbre jurídica y polarización social. "El objetivo principal es imponer una visión ideológica que restrinja derechos y libertades, condicionando el ámbito social y político en favor de su agenda ultraconservadora", advierte Roig. Además, alerta de que "esta utilización del sistema judicial debilita la separación de poderes y erosiona la confianza en las instituciones democráticas".

Steven Forti, historiador y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, resalta que esta estrategia no es nueva y ha sido empleada a nivel global por diversas organizaciones ultraconservadoras. Según Forti, estas querellas buscan amedrentar a activistas, periodistas y colectivos progresistas, generando un efecto de autocensura por miedo a costosos procesos judiciales, "utilizar los tribunales para amedrentar a activistas, periodistas, sindicalistas e intelectuales", explica. Además, apunta que Abogados Cristianos no es un caso aislado, sino que forma parte de una red internacional de organizaciones como HazteOír y CitizenGO, vinculadas con entidades ultraconservadoras de Estados Unidos y Europa, como la Alliance Defending Freedom. "Hay contactos personales, relaciones estrechas, orgánicas inclusive entre estas organizaciones", añade.

En esta misma línea, la lingüista y experta en análisis del discurso Laura Camargo subraya que el objetivo de Abogados Cristianos no es solo litigar, sino también ganar visibilidad y dar la batalla cultural. A través de querellas judiciales, buscan introducir en el debate público ideas ultraconservadoras disfrazadas de defensa de la libertad religiosa. "La estrategia que siguen es visibilizarse, dar la batalla cultural y hacer apología de una ideología ultrarreaccionaria", sostiene. Camargo también plantea dudas sobre la aleatoriedad en la asignación de jueces a determinados casos, sugiriendo que existen mecanismos que favorecen que sus denuncias recaigan en magistrados afines a su ideología. "Aquí hay un mecanismo perverso por el cual se están aprovechando del funcionamiento del sistema judicial", afirma.

Por su parte, Miquel Ramos, analista político y experto en discursos de odio y extrema derecha, destaca que estas organizaciones rara vez ganan los juicios, pero logran su objetivo de generar miedo. Ramos señala que el sistema judicial aún permite la "criminalización" de discursos progresistas a través de figuras como el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o el uso retorcido del delito de odio, a pesar de que la mayoría de las denuncias quedan en nada. Además, incide en el "victimismo" que emplean estas organizaciones, alegando una supuesta "cristianofobia" para justificar su activismo reaccionario. "Hablan de que son víctimas de un odio hacia el cristianismo, cuando en realidad lo que buscan es blindar sus privilegios", enfatiza.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) también advierte sobre el impacto de estas estrategias en la libertad de expresión. Según ALA, la sola interposición de una querella, aunque no prospere, obliga a quienes la enfrentan a invertir tiempo y recursos. "El hecho de sentarte en el banquillo, de llevarte ante un juez y tener que explicarte, ya es una herramienta de disciplinamiento del discurso", señalan fuentes de ALA, desde donde además advierten sobre la falta de transparencia en la financiación de Abogados Cristianos y otras organizaciones similares, que se benefician de donaciones privadas y redes de apoyo internacionales.

Si bien el impacto de este tipo de litigación no se limita al ámbito judicial. Forti recuerda el informe del Parlamento Europeo de 2021 titulado Tip of the Iceberg, que estima que entre 2009 y 2018 se destinaron más de 700 millones de dólares a campañas contra los derechos de las mujeres en la Unión Europea, financiadas en gran parte por entidades ultraconservadoras europeas, estadounidenses y rusas. Por su parte, Ramos menciona que filtraciones de WikiLeaks han revelado cómo grandes empresas y capitales privados han contribuido a la financiación de estas redes de presión. "Estamos hablando de un lobby multimillonario que opera a nivel internacional con estrategias muy bien coordinadas", expresa.

Las consecuencias de esta estrategia van más allá de los tribunales. Como apunta Roig, al saturar el sistema judicial con litigios ideológicos, se erosiona la confianza en las instituciones democráticas y se limita el pluralismo. Camargo, además, destaca que estas acciones buscan consolidar una visión ultraconservadora en la esfera pública, promoviendo una agenda que restringe derechos en nombre de valores religiosos. "Hacen que sus ideas reaccionarias avancen y que mucha gente considere delictivo algo que, cuando se archiva, se ve que no era más que un montaje", explica.

Para contrarrestar esta utilización del aparato judicial, tanto Juezas y Jueces por la Democracia como ALA coinciden en la necesidad de reformas estructurales. Entre las medidas que se proponen se encuentra la eliminación de delitos como la ofensa a los sentimientos religiosos, la mejora en la formación de jueces y fiscales en derechos humanos y la implementación de mecanismos de control en el proceso penal. También ponen de relieve la importancia de garantizar que el acceso a la carrera judicial no dependa de la situación económica de los aspirantes, para evitar la captura ideológica del sistema.