Los trabajadores de diez teles autonómicas se unen contra la manipulación y las privatizaciones

Los comités de empresa de diez corporaciones de radio y televisión autonómicas han acordado conformar una "alianza solidaria" en defensa de los trabajadores del sector y contra la manipulación informativa. Pretenden dar una respuesta coordinada, "desde todos lo territorios y desde el sindicalismo de clase", al "panorama desolador que amenaza el propio papel y la independencia de los medios públicos como garantes de la democracia".

Así lo han afirmado en un comunicado conjunto difundido tras unas jornadas organizadas por el comité intercentros de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) la semana pasada en Santiago. La plataforma ha sido bautizada como RTVs Públicas en Lucha, y de ella forman parte los comités de los medios públicos de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galicia, Illes Balears y Madrid, además de los de País Valencià, cuyos representantes no asistieron al encuentro pero han solicitado unirse a ella.

La iniciativa tiene lugar en plena batalla de los trabajadores de varios de esos canales, como en Valéncia, donde PP y Vox han forzado la suspensión de cuatro de los programas más seguidos de Á Punt, la cadena que gestiona la Administración de Carlos Mazón; en Andalucia, donde el comité de empresa de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), en manos del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido el cese del director general por atacar al organismo encargado por ley de velar por la imparcialidad y neutralidad informativa; y en Galicia, donde después de años de denuncias de manipulación y de sentencias judiciales condenando la persecución ideológica de periodistas, el Ejecutivo de Alfonso Rueda ha puesto en marcha una nueva ley que refuerza su control sobre los medios públicos.

"La alianza surge de la constatación de que padecemos problemas semejantes que obedecen a amenazas comunes: la injerencia política en las estructuras y las redacciones para el control partidista de la información, y una concepción capitalista de la gestión de lo público que promueve privatizaciones o externalizaciones injustificadas de casi todas las parrillas de programación", asegura Raquel Lema, presidenta del comité intercentros de la CRTVG, quien también alerta de "la implementación de procesos salvajes de digitalización o renovación tecnológica que vulneran el derecho a la seguridad y la salud de las trabajadoras".

Persecución ideológica y riesgo psicosocial

Según Lema, la CRTVG, dirigida desde hace 16 años por Alfonso Sánchez Izquierdo, es probablemente la corporación autonómica donde los trabajadores padecen más las presiones políticas y el riesgo psicosocial que se deriva de ellas, por el uso partidista de los canales públicos de radio y televisión. También, por la "intencionada y progresiva reducción de las plantillas" que afecta a todas las televisiones autonómicas y que, según los portavoces de la plataforma, ha servido de excusa a los gestores que las administran para justificar una progresiva externalización de la producción "que en muchos casos ha incrementado el gasto y menguado la calidad" de las programaciones.

Según explica Ruth Mingorance, presidenta de los comités de empresa de Canal Sur y de RTVA, los medios públicos autonómicos, que llegaron a tener 1.700 trabajadores en 2009, no llegan hoy a 1.200. En los próximos cinco años está previsto que otros 500 alcancen la edad de jubilación, y no hay garantías de que se vaya a proceder a cubrir sus puestos. Mingorance añade que la manipulación informativa "está alcanzando límites insostenibles". "Habrá quien diga que siempre la ha habido, pero el nivel de censura que sufrimos hoy no lo he conocido antes", sostiene.

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La representante andaluza cree que la unión de los trabajadores de los medios autonómicos puede servir como instrumento de presión para conseguir que se legislen normas a nivel estatal que les aseguren protección frente a las injerencias partidistas, y que garanticen mínimos de producción propia que impidan las externalizaciones y la reducción de las plantillas.

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Sólo en en el caso de la Radiotelevisió de les Illes Balears, asegura el comunicado, "se está ejecutando, y con esperanzadores resultados, justamente el camino inverso, apostando por la internalización de producciones y servicios que antes habían sido privatizados".

Gil Toll, de TV3, recuerda que el reglamento europeo de libertad de los medios de comunicación obliga a los Estados miembros de la UE a combatir su politización, a velar por su independencia y a proteger a los periodistas que la ejercen. "Los medios públicos somos muy débiles ante el poder político, lo mismo que los privados lo son ante el poder económico", señala.

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"Los mismos problemas"

Toll es miembro del comité de empresa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals-3Cat, que en la actualidad cuenta con una plantilla de unos 2.300 trabajadores, de los que 400 tienen más de 60 años, y confirma que las cadenas autonómicas del Estado español "tienen los mismos problemas, aunque estén en momentos distintos".

"Nosotros estamos un poco mejor, pero todavía nos queda mucho por hacer; ya no se dan situaciones grotescas pero seguimos trabajando en un ambiente tóxico de oficialismo exagerado", explica. "Ayer [por el jueves] las dos ediciones del informativo de mediodía y noche abrieron con una conferencia en Madrid del president de la Generalitat, Salvador Illa".

Según Aritz Legarretaetxebarria, presidente del comité de empresa de Euskal Irrati Telebista (EITB), la fotografía de los problemas de los trabajadores de los medios autonómicos "es la misma aunque las escalas sean diferentes". La radio y la televisión públicas de Euskadi tienen una plantilla con una masa salarial que se topó por ley tras el crac financiero de finales de la década de los años 10 en 1.164 trabajadores. 

Externalizaciones

"Todo lo que lo sobrepasa se externaliza, y eso ha llevado a que sea frecuente que haya unidades móviles para los servicios informativos o para retransmisiones en directo que se quedan paradas por bajas por enfermedad o vacaciones que no se cubren", advierte.

Legarretaetxebarría recuerda además que las adjudicaciones a productoras privadas pueden hacerse a dedo dado que la ley de contratos públicos las exime de los concursos que sí son obligatorios para la adjudicación de otros bienes y servicios. "Hay productoras de Euskal Herria que al final funcionan en realidad como meras empresas de trabajo temporal", añade.

A la falta de una plantilla propia suficientemente dimensionada, se añade que los procesos de digitalización están modificando las estructuras, funciones, organigramas y ritmos de trabajo del personal, precarizando sus condiciones laborales y las posibilidades de conciliación, porque no hay sustento normativo que proteja a los trabajadores de las decisiones discrecionales de la dirección: "Nuestras categorías fueron establecidas en 1989 y desde entonces no se ha modificado prácticamente ni una coma", explica el portavoz sindical de la EITB.

En cuanto a la manipulación informativa, el portavoz sindical de la EITB admite que "no es tan burda" como en otros canales autonómicos, pero recuerda que el actual director general es "un hombre de partido" –Andoni Aldekoa fue director de comunicación de la Lehendakaritza (la Presidencia) del Gobierno vasco con el PNV–. "Hay un evidente sobredimensionamiento de la información institucional acrítica, mientras se minimizan, por ejemplo, las huelgas y manifestaciones".

Precisamente, uno de los aspectos a los que se refiere el comunicado de los comités de empresa de las diez teles autonómicas es la necesidad de dar "una respuesta coordinada" a todos esos problemas comunes, "que podría activarse en cualquier momento con la convocatoria de movilizaciones conjuntas sin descartar en el horizonte un gran paro general".