Madres protectoras denuncian la "misoginia" de las entidades que promueven el falso SAP

Si este lunes Público se hizo eco sobre cómo la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, delega la asistencia a hijos e hijas de víctimas de violencia machista en una empresa cuyo administrador defiende el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP); este martes la Red de las Madres Protectoras y la Plataforma Yo Sí Te Creo se han pronunciado sobre las graves implicaciones de esta práctica y los intereses económicos y políticos que la sostienen.

Desde ambas organizaciones se lleva años alertando sobre los peligros de la denominada "coordinación de parentalidad", vinculada a la Fundación Filia de Amparo al Menor. Entidad fundada por José María Pascual Adalid, quien a su vez es administrador de AEBIA, empresa que ofrece atención psicológica a los vástagos de madres víctimas de violencia de género. En palabras de sus representantes: "Llevamos años luchando por erradicar la figura de la coordinación de parentalidad, vinculada a Fundación Filia y eso lo sabe toda España. Figura alegal y no regulada. Hemos entendido que hay un vínculo perverso de tapar las agresiones dentro del hogar por parte del paterfamilias y la relación de intereses económicos que comporta".

Para estas asociaciones, la promoción de esta figura responde a una lógica patriarcal que contribuye a encubrir las agresiones en el ámbito familiar: "La ideología conservadora de género e infancia conlleva tapar porque lo que pasa en casa se queda en casa y eso sin entrar en lo profundo del problema de la perversión real".

Asimismo, denuncian que este sistema se encuentra vinculado a un "entramado económico" que involucra a diversas instituciones públicas y privadas: "La cantidad de dinero que genera a todas las instituciones que se vinculan con la coordinación de parentalidad, equipos psicosociales de los juzgados, centros de menores, colegios de psicólogos y de abogados, peritos, puntos de encuentro 'familiar', servicios sociales, etc. Al final, todo es dinero".

Subrayan, en este sentido, el impacto devastador que este sistema tiene en las madres protectoras y en los menores que buscan protección: "No coordinada, destroza a mujeres, niños y niñas, y adolescentes". Consideran que se trata de una práctica con un trasfondo profundamente "misógino" que perpetúa la violencia estructural contra las mujeres y sus hijos: "Es el activismo de una ideología machista y misógina que lo que esconde está claro que se nos escapa de las manos".

Por ello, desde estas plataformas exigen una investigación profunda de los lazos entre fundaciones e instituciones que han mirado hacia otro lado o promovido la coordinación de parentalidad y su vinculación con el falso SAP: "Pensamos que realmente el siguiente paso es que alguien valiente sea capaz de generar un hilo rojo y sacar la relación entre fundaciones e instituciones".

Destacan que en Catalunya ya se ha argumentado en contra de la regulación de esta figura debido a las vulneraciones de derechos que conlleva: "Hemos argumentado el porqué no se debe regular esta figura y sus antecedentes, y la vulneración de derechos humanos y de infancia que significa la misma (terapia de la amenaza y falso SAP, entre otros estereotipos)".

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Además, advierten que actualmente se está intentando "blanquear" esta figura mediante la introducción de la mediación como una alternativa, lo que, a su juicio, sigue perpetuando la revictimización de mujeres e infancia: "Básicamente la figura y las fundaciones que lo crearon generan una tortura brutal a nuestras criaturas y a las madres protectoras".

Para estas activistas, la posibilidad de erradicar o consolidar la coordinación de parentalidad depende, ante todo, de la voluntad política y social de enfrentar la realidad de sus consecuencias: "El que se regule o no la figura a sabiendas de su antecedente dependerá de si el sistema sigue inmóvil en ideología, o, si con la lucha de años realmente se haya entendido lo que comporta y, por último, que realmente importe". Entre tanto, seguirán amortiguando los golpes de un sistema que, según denuncian, sigue perpetuando la violencia de género desde las propias instituciones.