El derecho a la vivienda o el lujo de tener un techo cuando las casas dejan de ser para vivir

En los últimos años, la vivienda se ha convertido en la preocupación principal de muchos españoles. Para las generaciones más jóvenes -y las no tan jóvenes-, comprarse una casa es, hoy en día, algo impensable. Lo mismo pasa con la emancipación. Empezar a pagar un alquiler significa, en muchos casos, invertir más del 40% del salario mensual.

Las ciudades se han llenado de viviendas de uso turístico, disminuyendo así la oferta habitacional de las urbes. La falta de regulación en el mercado inmobiliario ha permitido que los grandes fondos de inversión hayan adquirido bloques enteros y expulsado a sus inquilinos con subidas de precio desorbitadas. El valor del suelo -de alquileres y compras- no para de subir. Tanto que, en los últimos ocho años, ha aumentado más que los salarios.

En 2023, el Gobierno aprobó la Ley de Derecho a la Vivienda. Sin embargo, las medidas que incluía parecen no haber sido suficientes en una burbuja inmobiliaria donde los precios no paran de subir. Ayudas para jóvenes y colectivos vulnerables para poder acceder a un hogar digno, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas o moratorias para reducir el número de desahucios son algunas de las medidas que contemplaba dicha ley.

Sobre la mesa sigue la misma pregunta. ¿Qué hace falta para solucionar el problema de vivienda en España? De momento, entidades y colectivos como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid o el Sindcat de Llogateres de Catalunya hacen un llamamiento para salir a la calle este 5 de abril para pedir al Gobierno y a las administraciones soluciones inmediatas. Su lema deja claras sus intenciones: “Acabemos con el negocio de la vivienda”.