Consumo identifica 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid y pide a Almeida que elimine sus anuncios

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid y ha solicitado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, eliminar sus anuncios.

Así lo precisó este lunes el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado en el que explicó que ha entregado un archivo digital al Ayuntamiento de Madrid en el que se detalla información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo en relación a la publicidad de viviendas de uso turístico en la capital.

Según los datos detectados por el ministerio, en la ciudad de Madrid hay 16.335 alojamientos turísticos que se anuncian en plataformas online, un dato que contrasta con las 1.131 licencias que el Ayuntamiento de Madrid declaró haber concedido para este tipo de viviendas en el Plan Reside que presentó a finales de 2024.

Relacionado con este tema

Solo el 8% de pisos turísticos de Madrid tienen licencia: consulta el mapa interactivo

En base a las cifras ofrecidas en este plan y a las recabadas ahora por Consumo, se ha podido estimar que, actualmente, hay más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en Madrid (15.204), un dato que, desde el ministerio que lidera Bustinduy, se considera "muy preocupante".

Por ello, Consumo ha pedido a José Luis Martínez-Almeida que proceda a eliminar los anuncios de todas aquellas viviendas turísticas sin licencia "en base a sus competencias".

Además, Consumo ha detallado las direcciones exactas e información que permite identificar a los propietarios de una parte de los alojamientos que serían ilegales para que el Ayuntamiento pueda poner en marcha acciones para el cese de su actividad y procedimientos sancionadores.

Por ejemplo, entre los datos aportados por el ministerio se indican que hay al menos 14 anuncios de pisos turísticos sin licencia en la calle Mayor y 11 anuncios en la calle Preciados, siendo esta una información que se "replica a lo largo de todo el callejero de la ciudad".

Consumo recordó que el ministro Bustinduy "ha reclamado públicamente de forma reiterada" que "todas las administraciones competentes intervengan para poner fin a estas posibles actividades ilícitas", que, según ha denunciado, "están limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía". 

Relacionado con este tema

Los datos de pisos turísticos sin licencia en Madrid revelan la inacción de Almeida frente al "modelo depredador rentista"

Rocío Cruz

Por esta razón, la Unidad de Análisis de Consumo está trabajando desde hace meses en una recopilación de datos referidos a la publicidad de viviendas turísticas, habiendo obtenido ya cifras "concluyentes" en algunas de las regiones con mayor concentración de turistas, como Balears o Andalucía, a cuyos representantes ya se les ha trasladado toda la información.

Ahora, Consumo traslada datos sobre este ámbito al Ayuntamiento de Madrid tras detectar "indicios" que sitúan a la capital como una de las ciudades españolas con "mayor concentración de pisos turísticos ilegales".

"Estos datos suponen decenas de miles de URLs de anuncios en plataformas de alquiler de pisos turísticos, segmentados para poder detallar el número de registro o la ausencia del mismo, la información sobre el anfitrión y el tipo de alojamiento y estancia que se ofrece", abundó el departamento que dirige Bustinduy.

De esta forma, se ofrecen "evidencias digitales" de "gran valor" para que el gobierno municipal de Martínez-Almeida pueda investigar la situación de estos alojamientos, llevar a cabo el cese de su actividad y la apertura de expedientes sancionadores, así como la eliminación de los anuncios en estas plataformas.

"A esto se suma que se han ofrecido indicios de ilegalidad sobre una parte de las viviendas que se incluyen en el archivo, incluyendo información que puede resultar fundamental para los servicios de inspección del Consistorio madrileño como la dirección del alojamiento y datos para identificar al propietario", agregó el gabinete de Bustinduy.

En el marco de las competencias del Ministerio de Consumo, la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador en diciembre de 2024 a una plataforma de alquiler de vivienda por no cumplir con la normativa de consumo en relación con la publicidad del número de licencia.

Además, en de este año abrió expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por no cumplir la normativa de protección de consumidores, por ejemplo, por hacerse pasar por particulares cuando realizan una actividad profesional.

"Estas actuaciones siguen su curso de manera independiente a la cooperación con administraciones de todo signo y color político para que, en cumplimiento de sus competencias, contribuyan a frenar la proliferación descontrolada de viviendas turísticas ilegales", apostilló Consumo, al tiempo que indicó que, en el caso de los más de 15.000 alojamientos turísticos sin licencia urbanística en la ciudad de Madrid, "es el Ayuntamiento quien puede actuar por tratarse de incumplimientos de la normativa municipal".

En este contexto, reclamó una "actuación decidida" por parte del Consistorio madrileño, "siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona", que, puntualizó, "ha conseguido retirar miles de anuncios de viviendas turísticas que no cumplen los requisitos legales y devolver una gran cantidad al mercado del alquiler para residentes habituales".

Junto a ello, le instó a "inspirarse" en la iniciativa puesta en marcha por el Consell de Ibiza para identificar la oferta irregular de alojamientos turísticos, proceder a la retirada de los anuncios y "agilizar" las inspecciones y sanciones correspondientes.

"Independientemente del grado de voluntad política que muestre cada administración, el Ministerio de Consumo ha reiterado su compromiso de llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito de sus competencias para garantizar el cumplimiento de la legalidad y remover los obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la vivienda que asiste a la ciudadanía de nuestro país", resolvió el gabinete de Bustinduy.