Sanitarios critican las presiones a oncólogos para evitar terapias "caras": "Es una consecuencia de la privatización sanitaria"
Según los médicos, esta medida es un claro ejemplo de las políticas empresariales, "así como de mantener a Muface como la entidad que facilita y permite la asistencia a una parte del personal funcionarial".

Madrid--Actualizado a
Varios oncólogos han denunciado este lunes presiones para evitar la prescripción de tratamientos contra el cáncer de alto coste. En un hospital privado de Marbella, el director del área de Oncología, José Manuel Trigo, ha revelado a través de X (antes Twitter) un informe en el que se le solicitó reconsiderar la terapia indicada para una paciente y optar por una alternativa más económica.
Según adelantó este lunes ABC, la empresa Atrys Health-Bienzobas, contratada por varias aseguradoras para asesorar en decisiones médicas, estaría influyendo en la elección de tratamientos oncológicos, priorizando opciones más económicas sobre las recomendadas por los especialistas. De acuerdo con el medio citado, los oncólogos sustentan su denuncia en decenas de informes clínicos de 2023 y 2024, que recogen casos de pacientes asegurados por DKV, Sanitas, Adeslas y Cigna.
Según los médicos, los funcionarios de Muface, Mugeju e Isfas son los más afectados, ya que no tienen una alternativa en la sanidad pública. En su caso, los pacientes no tienen la posibilidad de recurrir a la sanidad pública para recibir los tratamientos que, supuestamente, se les niegan en la sanidad privada hasta el año siguiente.
Los tratamientos mencionados −panitumumab, cetuximab, ramucirumab, pertuzumab− son de uso común en el Sistema Nacional de Salud. Los oncólogos exponen las razones por las que rechazan su autorización: "Las aseguradoras consideran que no son coste-efectivos, que las guías europeas promueven terapias más baratas como opciones más eficientes, o que no están incluidas en la ficha clínica, es decir, no han sido aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)".
Crítica a la injerencia de las aseguradoras privadas
Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), en declaraciones a Público, califica de "absolutamente inaceptable" que las empresas aseguradoras privadas presionen a los oncólogos para evitar la prescripción de ciertos medicamentos para el tratamiento del cáncer.
"Esta medida respalda las denuncias y advertencias que hemos estado haciendo desde la Federación sobre la privatización de la sanidad y el hecho de que las aseguradoras privadas brinden atención sanitaria a funcionarios del Estado, personal docente, judicial, policial y militar", afirma Martín. "Consideramos que esto responde a esa visión de la medicina como un negocio más, en el que se busca reducir costes, incluso a expensas de la salud de las personas", añade.
Manuel Martín (FADSP): "Las aseguradoras privadas y Muface obligan a los pacientes a reincorporarse al sistema público"
El presidente de la FADSP señala que "reiteran la necesidad de que Muface se integre al sistema sanitario público para garantizar una asistencia adecuada y eficiente al personal funcionario". "Lo que suelen hacer las aseguradoras privadas y Muface es derivar a estos pacientes a la Seguridad Social, forzándolos a que opten por reincorporarse al sistema sanitario público", explica.
"Esta medida es un claro ejemplo de las políticas empresariales y de las consecuencias de la privatización sanitaria, así como de mantener a Muface como la entidad que facilita y permite la asistencia a una parte del personal funcionarial", concluye Martín.
Mónica García: "La salud no se negocia"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado en la red social X (antes Twitter): "Hace meses dijimos que las aseguradoras sanitarias privadas que prestaban servicio a Muface estaban llevando a cabo prácticas de selección de riesgos para que los pacientes de la privada se trasladaran a la pública".
Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha utilizado el mismo canal para afirmar: "Que las empresas presionen a los oncólogos en la privada para no prescribir determinados tratamientos no es sanidad, es negocio. Por eso defendemos una sanidad pública donde los médicos deciden según la evidencia científica, no según beneficios económicos. La salud no se negocia".
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) también ha manifestado su "preocupación", considerando que se trata de un "problema de máxima relevancia para los pacientes afectados por las decisiones". Su presidente, César Rodríguez, ha indicado en un comunicado que desde 2021 existe un grupo de trabajo enfocado en analizar este "problema", aunque aún no se han alcanzado "conclusiones".
CCOO Sanidad Madrid se ha sumado a la denuncia de los profesionales de la Oncología. A juicio del sindicato, es la "avaricia" de las aseguradoras lo que pone en riesgo los tratamientos. El responsable de sanidad privada de CCOO Sanidad Madrid, Samuel Mosquera, señala que el principal problema en el sector de la sanidad privada son "las aseguradoras y sus intermediarios". Además, añade que hasta ahora "nadie se ha atrevido a decir la verdad en voz alta".
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