Adiós a un símbolo de la lucha por la vivienda en Madrid: quieren expulsar a los inquilinos de Cadete 7

"Obra Social de los Barrios. #BlocSalt se queda". La pancarta la desplegaron medio centenar de activistas y vecinos en el número siete de la calle Cadete Julio Llompart (Carabanchel, Madrid). El lema hacía referencia a uno de los símbolos de la lucha por la vivienda en Girona, pero también en España; uno de tantos bloques amenazados por la Sareb. Carabanchel y Salt compartían causa, banderas y objetivos. Era jueves al mediodía. Era un 3 de octubre de 2013. Era la época de la gran burbuja inmobiliaria. 

Ese día el movimiento por la vivienda hizo historia. Cadete 7 llevaba cinco años deshabitado; tres plantas y seis apartamentos que el banco malo tenía completamente vacíos. La capital arrastraba meses de protestas y desahucios, mientras decenas de casas amanecían sin ningún inquilino. El 3 de octubre de 2013 los manifestantes ocuparon el edificio; como habían hecho otros compañeros y militantes en Catalunya y Alacant. Cadete 7 fue el primer bloque que recuperaron las asambleas ciudadanas en la capital; una de las primeras cosechas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las familias que viven ahora en la finca vuelven a estar en lucha casi doce años después. 

Lucía y Miguel rozan la treintena y enfrentan este jueves su primer intento de desahucio. La orden llega tras un largo proceso de conversaciones para regularizar su situación y conseguir un contrato; unas conversaciones que desde hace un tiempo han dejado de existir. "La Sareb nos ha pedido la documentación necesaria y enviamos todos los papeles, como hicieron el resto de las vecinas del bloque. La diferencia es que llegó un punto en el que a nosotros nos empezaron a decir que no colaborábamos y dejaron de contestarnos", explica Miguel. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel, organización a la que pertenecen los inquilinos, ha asesorado a otras vecinas del mismo edificio durante la regularización de sus contratos. 

La historia tiene enjundia. Las familias que han conseguido firmar alquileres sociales con el banco malo han tenido que ser reubicadas en otros edificios e incluso barrios de la ciudad. "La promoción no tiene licencia de primera ocupación y no podemos firmar contratos con nadie sin este permiso. La finca necesita ser adecuada y reformada antes de ser utilizada con fines residenciales", explican desde Sareb. Lucía y Miguel, no obstante, denuncian las formas en las que se han planteado las negociaciones.

"Los primeros realojos se realizaron de manera forzosa. Los vecinos que aceptaron marcharse del bloque no sabían en qué condiciones ni con qué renta iban a entrar en sus nuevas viviendas. A los que nos quedamos, comenzaron a presionarnos de manera individual, malmetiendo incluso entre nosotros", continúa el joven. "La táctica de la Sareb era generar desconfianza, llegaron a decirnos que si no cumplíamos con los plazos podíamos quedarnos en la calle... Esto es grave porque no todas las personas tienen conocimientos jurídicos", insiste. El banco malo niega las acusaciones y asegura haber tratado cada caso de manera individual, "puerta a puerta"; había inquilinos que cumplían los requisitos y otros, como Lucía y Miguel, que "entendemos que no".

"Es un edificio de memoria"

Los dos activistas recibieron hace cinco meses una denuncia por usurpación; los acusaban de haber entrado en una vivienda vacía de manera forzosa. La Justicia archivó la causa y quedaron absueltos ante la falta de pruebas. El conflicto no terminó aquí. La Sareb ordenó igualmente su lanzamiento y bloqueó cualquier vía de negociación, nunca más volvió a responder a sus llamadas. "Lo que nos argumentan es que no cumplimos con los criterios de vulnerabilidad, pero tiene que haber algo más; sabemos que han ido diciendo que como somos jóvenes, podemos buscar alternativas", denuncian los inquilinos. El organismo asegura a Público que la unidad de convivencia "supera el umbral de ingresos" establecido. 

"El desahucio lo afrontamos con incertidumbre, pero también con mucha rabia. La militancia nos hace saber que la crisis habitacional no sólo nos afecta a nosotras; hablamos de miles de personas trabajadoras con unas condiciones laborales pésimas que no pueden tener control sobre su vida y su futuro", reivindica Lucía. Los inquilinos no piden "nada del otro mundo", de hecho, saben que es técnicamente imposible permanecer en la finca porque "tiene muchas deficiencias" y no cumple con las condiciones de habitabilidad.

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"El bloque se empezó a construir durante la burbuja inmobiliaria, con materiales de mala calidad; además, quedó a medias cuando las promotoras quebraron", explican desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Eso sí, todas las viviendas han estado "permanentemente" habitadas durante la última década. "No han puesto en marcha los realojos hasta hace unos meses y saben que llevamos más de diez años en el edificio; no tiene sentido hablar ahora de los peligros", señala Miguel.

Cadete 7 estuvo inicialmente ocupado por seis familias precarias que habían sufrido desahucios previos. "Es un edificio de memoria de la lucha por la vivienda en Madrid", señalan los activistas. Lucía y Miguel temen que el banco malo quiera "vender el solar" una vez remodeladas las viviendas: "No pueden ponerse el disfraz del gestor social cuando los contratos que firman son una auténtica locura", lamentan. La Sareb dice que es pronto para hablar del destino de los inmuebles y todo "dependerá de su estado". La idea es mantenerlos para familias e inquilinos con alquileres sociales. El peor escenario sería sin duda su demolición, una posibilidad que también entra en las quinielas de los colectivos; un final "trágico" que borraría definitivamente su legado.