Niños robados, la tragedia de las adopciones ilegales en Guatemala financiada con dinero español

Osmín Tobar tenía siete años cuando sucedió aquello. Fue un mes de enero. Enero de 1997. Estaba en casa de su vecina con su hermano pequeño de dos años. Para él era un día cualquiera. Su madre se había ido a trabajar y mientras tanto su vecina se encargaba de cuidar de ellos. Pero ese día, el 9 de enero de 1997, su vida cambió por completo. 

Llamaron a la puerta, eran varios funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. Entraron a la casa. Cogieron a los pequeños y se los llevaron. “Nos dijeron que íbamos a volver, pero fue mentira”, afirma Osmín. Guatemala acababa de salir de la guerra civil que había destrozado el país durante 36 años y comenzaba ahora una nueva etapa, eso sí, de gobiernos corruptos.

Pocas cosas hay más crueles que arrebatar a una madre a su hijo para vendérselo a otra familia y hacer negocio con ello. Sucedió en España, lo hacían las monjas, y también en Guatemala, dónde engañaban a las madres diciéndoles que sus hijos habían nacido muertos u otras falacias para dárselos a familias europeas o norteamericanas que pagaban por ellos.

El caso de Ignacio fue diferente. Él fue abandonado al nacer y hallado por unos vecinos que lo cuidaron durante un tiempo hasta que lo llevaron al hospital para hacerle unos estudios médicos. De allí se lo llevaron al orfanato Elisa Martínez, un lugar que fue descubierto como uno de los principales puntos de tráfico de niños en el país.

Ignacio, Nacho Alvarado, tiene acento francés. La mayor parte de su vida la vivió en Canadá, en Québec. “Somos hijos buscadores y buscamos a nuestras familias biológicas, nuestras raíces, nuestras identidades y nuestras historias”, relata a Público. Él tuvo la suerte de encontrar a su madre hace un par de años, pero lo cierto es que hay miles de madres que aún siguen buscando a sus hijos y viceversa.

Osmín Tobar tiene acento inglés. Vivió 15 años en Estados Unidos con una familia que, según su testimonio, le pegaba y abusaba de él y de su hermano.

Una guerra civil, el contexto perfecto para las redes de trata

La guerra civil de Guatemala o conflicto armado interno fue un enfrentamiento bélico de 36 años que sucedió entre 1960 y 1996. Esta guerra, como tantas otras, supuso una importante violación de derechos humanos para quiénes la sufrieron. Murieron 200.000 personas y desaparecieron unas 45.000. Y este contexto de caos y sufrimiento fue el caldo de cultivo perfecto para quiénes quisieron hacer negocio con la vida de miles de niños y niñas. Y algunos, incluso, lo siguieron haciendo en los años de postguerra.

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El caso de Osmin Tobar y su hermano, los hijos de Flor, fue el caso número 12.896. Después de ser robados, los pequeños fueron llevados a una entidad privada llamada Hogar Asociación los Niños de Guatemala donde fueron separados y entregados a dos familias estadounidenses distintas.

La adopción irregular se entiende como una modalidad dentro del delito por trata de niños y niñas, por lo que los implicados no deberían de quedar impunes. Sin embargo, todavía hoy no se ha hecho justicia. Según la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, en 2007 el 60% de los linchamientos, muy frecuentes en el país, tuvo relación con presuntas sustracciones de niñas y niños.

Los culpables

“Edmond Mulet, uno de los candidatos presidenciales a las elecciones de 2019, estuvo directamente implicado en estas redes de trata”, esgrime la cantante guatemalteca Rebeca Lane.

Estos grupos organizados que se encargaban de llevar a cabo la sustracción de los niños engañaban o amenazaban a las madres para que se los diesen. Y una vez que los tenían falsificaban la documentación de los pequeños e incluso, a veces, recurrían a mujeres que se hacían pasar por sus madres biológicas para facilitar el trámite.

Otra modalidad, conocida como lavado de niños, consistía en presentar ante un Juzgado de la Niñez y Adolescencia a menores robados, como si hubieran sido abandonados para que fuesen declarados en situación de abandono y así iniciar el trámite de adopción sin la necesidad de falsificar los documentos del niño ni de la madre. Algo así, de hecho, fue lo que sucedió con Osmín Tobar y su hermano.

En casos de adopciones internacionales, una vez se inscribía la adopción, el notario y/o mandatario acudían a la Dirección General de Migración para emitir un pasaporte y en cuestión de días el niño estaba viajando con su nueva familia.

Este sistema implicó a varios funcionarios públicos y en 2010 seis de los abogados de la Procuraduría General de la Nación y un juez de la Niñez y Adolescencia comenzaron a ser investigados por el Ministerio Público.

Este modus operandi implicaba en sus procesos a muchísimos actores: desde pediatras y matronas hasta trabajadoras sociales, jueces y abogados, comenta Ignacio.

El papel de España y Europa, colaboradores directos

En este sistema de adopciones no solo estuvo implicado el Estado guatemalteco, también otros países como Canadá, Estado Unidos y España. En 2005, Guatemala ya era considerado como uno de los países con más irregularidades en los procesos de adopción del mundo. Es por eso que algunos países de Europa, entre ellos Alemania, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido prohibieron a sus ciudadanos adoptar niños guatemaltecos hasta que Guatemala no implementase la Convención de la Haya Relativa a la Protección del Niño.

Sin embargo, todo acabó siendo pura palabrería ya que concretamente España permitió la adopción entre 2001 y 2009 de unos 36.000 niños y en total se dieron en adopción más de 300.000 niños en todo el mundo. Niños que todavía hoy siguen buscando a sus familias.

Y para facilitar esta búsqueda los colectivos 'Memorias sin Fronteras' y 'Estamos aquí' han organizado una bicicaravana que va desde Ciudad de México hasta Guatemala. Su objetivo es correr la voz y que su mensaje llegue muy lejos: “Estamos buscando a nuestras mamás”.

El robo de niños en Guatemala no fue un hecho aislado, sino un engranaje más dentro de una maquinaria de corrupción e impunidad que trascendió fronteras. Mientras las víctimas continúan buscando su identidad y las madres no cesan en su lucha por reencontrarse con sus hijos, los responsables han eludido la justicia.