"Dato mata relato": la respuesta social sitúa a Altri como el debate más relevante en Galicia en 25 años
La oposición a la macrocelulosa va ganando paso a paso la batalla argumental a la multinacional lusa y a la Xunta pese a tener en contra a los medios públicos y a la prensa privada a la que Rueda riega con ayudas.

A Coruña--Actualizado a
La respuesta social a la celulosa que la multinacional portuguesa Altri pretende construir en Palas de Rei (Lugo) ha logrado posicionar el debate sobre la macrofábrica como el principal asunto político de interés en la comunidad. Y en el PP de Alfonso Rueda preocupa el calado de esa contestación, sólo comparable a las movilizaciones de Nunca Máis por la gestión de la catástrofe del Prestige a principios de siglo o a las que dieron lugar al movimiento de las mareas diez años después.
Quienes se oponen a Altri han logrado eclipsar los intentos de Rueda de desviar la atención y vender en positivo otros objetivos de su acción política al frente de la Xunta. Ni siquiera el dominio del PP sobre los medios de comunicación públicos y sobre la prensa escrita afín, a la que la Administración autonómica unta todos los años con ayudas millonarias a dedo, le está permitiendo a Altri y al Gobierno gallego ganar la batalla del relato.
El domingo pasado, una semana después de que el Ejecutivo de Rueda aprobara la declaración de impacto ambiental de la planta, los locutores de la radio pública, con su jefe de deportes al frente, se autocensuraron groseramente para no tener explicar en directo qué era lo que coreaban los 21.000 espectadores que asistieron en el estadio de Riazor de A Coruña al partido del Dépor: "Altri, Non!".
La noche anterior, los asistentes al concierto del grupo valenciano La Raíz en el recinto más grande de la ciudad para ese tipo de eventos interrumpieron el concierto con idéntico cántico. Pocas horas antes, ese sábado, centenares de barcos pesqueros y de recreo y miles de personas se manifestaban bajo la misma consigna en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), en la vertiente norte de la ría de Arousa. El telexornal –telediario– de la Televisión de Galicia dedicó más tiempo a glosar las loas a la celulosa en boca de los portavoces de la empresa, la Xunta y el PP que a contar la manifestación más importante de la historia de la villa –50.000 personas en un pueblo de 9.000 habitantes–, a cuyos organizadores ni siquiera dio voz.
Ninguneo de la prensa que recibe ayudas de la Xunta
Como sucedió con protestas anteriores a la de A Pobra, la prensa afín a Rueda también hizo malabares para minimizar la información sobre la concentración y ningunear a sus convocantes. La Voz de Galicia, el diario coruñés que se beneficia de más de la mitad de las ayudas de la Xunta a la prensa afín al PP, la relegó a sus páginas de economía con una llamada breve y sin foto en portada. El Correo Gallego, Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña, del grupo Prensa Ibérica, el segundo más beneficiado por el dinero que reparte Rueda a los medios que le apoyan, la dieron con titulillos y fotos menores en primera y en página par, mientras dedicaban dos planas a una entrevista en la que la conselleira de Economía defendía el proyecto. El Progreso de Lugo, el más leído de la provincia donde Altri quiere instalarse y cuya editora es la tercera con más ayudas de la Xunta, la despachó con un breve en portada y cuatro columnas interiores.
"Tenemos todo en contra, pero nuestra base es que estamos seguras de lo que decimos", sostiene Zeltia Laya, portavoz de A Ulloa Viva, la organización cívica que junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) ha agrupado a las asociaciones vecinales y ecologistas contrarias a Altri. Han conseguido convertir la oposición a la celulosa en una causa de país, y cuando se le pregunta a Laya por el éxito de su estrategia comunicativa, responde: "Nuestra legitimidad se fundamenta en que somos personas de este territorio que luchamos por nuestros proyectos de vida. Y no olvide que además somos mujeres: mariscadoras, agricultoras, ganaderas, madres... Somos mujeres, es decir que tenemos poco tiempo y mucho trabajo por hacer, pero sabemos cómo organizarnos con eficacia".
Altri desembarcó en Galicia en 2022, con Alberto Núñez Feijóo aún en la Xunta. Mintió sobre sus intenciones y aseguró que proyectaba una fábrica verde de fibras textiles ecológicas. El Parlamento de Galicia respaldó por unanimidad la moción de apoyo propuesta por el PP, pero en marzo de 2024, cuando el Gobierno de Rueda sacó a exposición pública el proyecto apenas un mes después de las autonómicas del 18F, se destapó el engaño: Altri producirá más de un 80% de celulosa convencional y menos de un 20% de lyocell, fabricado a partir de la misma pasta de madera, y ocupará terrenos protegidos junto a una zona de Red Natura. Detraerá cada año cerca de 17.000 millones de litros de agua del río Ulla y devolverá 11.000 millones de litros contaminados, que llegarán a los bancos marisqueros de la ría de Arousa; emitirá gases tóxicos que provocarán lluvia ácida y más de 60.000 toneladas anuales de CO2, y devorará 1,2 millones de árboles al año.
Para allanar la tramitación administrativa de su proyecto en Santiago, Madrid y Bruselas, Altri se alió con Acento, la consultora internacional de los exministros José Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP). Y para blanquearlo, se asoció con Greenalia, la compañía de energías renovables propiedad del empresario coruñés Manuel García Pardo, que creció de la mano de las licencias de parques eólicos que le fueron entregando los gobiernos de Feijóo. En su consejo de administración se sientan ex altos cargos de esos mismo ejecutivos así como de los sectores económicos más próximos a la oligarquía financiera e industrial de A Coruña.
"Todo se está decidiendo en el 15004"
"Todo se está decidiendo en el 15004", asegura un alto funcionario de la Xunta, conocedor de los expedientes de Altri y que pide a Público guardar su anominato. Con 15004 se refiere al código postal del céntrico distrito residencial coruñés en el que viven buena parte de esas élites, incluido Feijóo cuando regresa a Galicia desde Madrid los fines de semana y se aloja en la vivienda de su pareja.
Para el PP no es fácil vender en la Galicia interior ese relato diseñado por las élites urbanitas en favor de Altri. Mucho menos en Lugo, la provincia con 67 municipios rurales en la que Rueda obtuvo mayor porcentaje de votos –53,4%, frente al 50% de Ourense, el 46,7% de A Coruña y el 44% de Pontevedra– en las últimas autonómicas. Allí, los mandos intermedios locales ya advierten el disgusto de la militancia: "Nos han pasado un decálogo para responder al debate sobre la celulosa, pero la verdad es que yo prefiero evitar el tema cuando me preguntan porque es indefendible", sostiene un portavoz del partido en uno de esos concellos. También pide que no se dé su nombre.
"Somos mujeres, es decir que tenemos poco tiempo y mucho trabajo por hacer, pero sabemos cómo organizarnos con eficacia"
El relatorio que desgranan los responsables de la Xunta y el PP cuando se les pregunta sobre Altri se parece mucho al de la campaña de greenwashing que la empresa puso en marcha hace meses de la mano de Acento y de Greenalia. Su plan incluía eliminar su marca del debate y sustituirla por las de Greenfiber y Proyecto Gama. Pero es el nombre de Altri al que ya se identifica en Galicia y fuera de ella con la contaminación invasiva y la explotación insostenible de recursos naturales que se asocian a la industria de la celulosa, de las más contaminantes. La compañía portuguesa y su dueño, José Soares de Pina, también han perdido esa guerra. Tanto, que Inditex, a la que Altri intentó vincular a la fábrica de Palas insinuando que podría ser su mejor cliente para venderle fibras textiles celulósicas, se ha apresurado a desmentir tajantemente esa posibilidad.
Por su parte, Rueda trata ahora, casi a la desesperada, de poner la pelota en el tejado del Gobierno central, al que corresponde dar el visto bueno para que la fábrica de Palas opte a los 250 millones de ayudas europeas que Soares da Pina pretende obtener. Pero lo cierto es que el futuro del proyecto depende de la Xunta, que debe aún aprobar su declaración ambiental integrada y confirmar su consideración de proyecto estratégico. Las organizaciones contrarias saben que es sólo cuestión de tiempo, y ya se preparan para la batalla administrativa y judicial que se avecina, según confirma Zeltia Laya.
La Xunta oculta documentos
También la oposición, donde el BNG, que ha capitalizado la batalla política contra la fábrica ante la dubitativa postura inicial del PSOE, ha anunciado que denunciará en los tribunales la ocultación de los 36 informes técnicos en los que Rueda dice haber basado su apoyo a Altri. La formación de Ana Pontón también reclama la documentación relativa al acuerdo de la multinacional con la sociedad mercantil Impulsa Galicia, cuyo accionista mayoritario es la Xunta con el 45% del capital.
El acuerdo se firmó en 2021, meses antes de que Altri y Feijóo engañaran al Parlamento de Galicia con aquel supuesto proyecto verde, y el Gobierno de Rueda esconde ahora su contenido porque sus otros accionistas son Abanca (38%), Reganosa (12%) y Naturgy (5%), ésta a través de otra empresa de la Xunta. Abanca es la entidad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet y tiene cerca de dos millones de clientes en Galicia entre particulares y empresas, la inmensa mayoría, pymes. Reganosa es propiedad de Roberto Tojeiro, dueño a su vez de Gadisa, la mayor cadena de supermercados e hipermercados de la comunidad. Naturgy, propietaria de la antigua Unión Fenosa, suminista gas y electricidad a cerca de 1,5 millones de clientes en Galicia.
A ninguna de esas tres sociedades les conviene que se las vincule a Altri y que la movilización social acabe despreciando sus marcas a gritos en los partidos de fútbol, los conciertos de reggae y hiphop y las manifestaciones por tierra y mar. De eso va la batalla del relato sobre Altri. De si es un proyecto inocuo ambientalmente y beneficioso para toda Galicia, como sostienen la empresa y la Xunta, o, al contrario, una industria de enclave depredadora de recursos naturales, culturales y paisajísticos, que sólo beneficiará a un puñado de empresarios acaudalados e influyentes, a costa de la destrucción del patrimonio ecológico del país y de las miles de familias que viven de la agricultura y la ganadería tradicionales, del turismo sostenible y de la pesca y el marisqueo artesanales.
Ahí, las mujeres y hombres de A Ulloa Viva y de la PDRA a quienes Altri ha unido en un activismo de inesperada eficacia comunicativa, dicen contar con una gran ventaja pese al ecosistema mediático que tienen en contra. Subrayan que sus discursos no se diseñan en los despachos de San Caetano –la sede de la Xunta en Santiago– ni en el 15004 de A Coruña, sino a pie de río, de granja y de playa. Y que para resultar convincentes no precisan de más argumentos que la verdad. Lo explica con una sola frase la periodista gallega que ha proporcionado a Público el leit motiv del titular de esta pieza: "Dato mata relato".
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