El director de la tele gallega acusado de acoso laboral culpa a sus directivos ante la jueza que les investiga

El director de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, imputado por un delito de acoso laboral contra una trabajadora que denunció abusos y hostigamiento de sus superiores durante más de cinco años, ha negado ante la juez que le investiga haber tenido siquiera conocimiento en profundidad de lo sucedido. El máximo responsable de la Corporación deriva toda la responsabilidad del caso hacia los miembros de su cúpula directiva, ocho de los cuales están imputados en la misma causa.

Así se desprende de la declaración de Sánchez Izquierdo que figura en la investigación que lleva a cabo la magistrada Ana López-Suevos, titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago, y a la que ha tenido acceso Público. La comparecencia del máximo responsable de los medios públicos de Galicia se produjo el pasado 22 de febrero, pero no había trascendido hasta ahora. El resto de acusados también han declarado ante la jueza y el fiscal. Si la magistrada decide abrir juicio oral y son considerados culpables, se enfrentan a penas de entre seis meses y dos años de cárcel.

En su declaración, el director general niega haber tenido noticia del informe de los servicios médicos de la empresa, que alertó de los daños emocionales que padecía la trabajadora, que aún hoy sigue de baja; y aseguró que ni siquiera leyó las conclusiones de las dos comisiones internas que se abrieron a raíz de sus denuncias y de las del comité de empresa. Ella llegó a dirigirle hasta 16 escritos y correos electrónicos explicándole las humillaciones y presiones a las que se veía sometida, pero la versión de Sánchez Izquierdo es que él sólo tenía una ligera información "sobre algún tipo de dificultades de relación con alguno de sus compañeros y con alguno de sus jefes".

Decisión sexista

Los hechos se remontan a 2018, cuando la periodista, que tiene antigüedad en la CRTVG desde 1987 y que trabajaba en el departamento comercial, fue trasladada a la redacción de informativos de la Radio Galega contra su voluntad y con cambios de funciones y horarios que le impedían conciliarlos con su vida familiar. La empresa alegó que se trataba de una "reorganización de ambos departamentos" que en realidad sólo le afectó a ella, porque necesitaban "una voz femenina" para los informativos. La trabajadora denunció la decisión por sexista ante los juzgados de lo Social, que rechazaron su pretensión. Desde entonces, asegura haber sufrido una campaña sistemática de abusos y decisiones arbitrarias en su contra, en un clima de agresividad verbal, desplantes continuados, ninguneos y discriminaciones.

Sánchez Izquierdo aseguró ante la jueza que no se enteró de ellos –"Ahí no bajo, tengo bastantes cosas en esa casa, que no es precisamente sencilla, como para bajar a ese tipo de extremos", llegó a decir–. Afirmó que no prestó atención a los escritos que la periodista le dirigió y que se limitó a derivarlos a la dirección de recursos humanos. "Sí que sabía quien era [la afectada], otra cosa es que estuviera preocupado de cómo se tramitaban sus quejas", explicó a la jueza.

Entre otras cosas, las piezas que le ordenaban preparar sus superiores no se emitían, se le denegaron sistemáticamente sus peticiones de libranza, vacaciones y cambios de horarios para poder conciliar, incluso cuando solicitó un día libre para acompañar a su padre, de 94 años, en su ingreso en una residencia para dependientes. Fue la única periodista mujer de la empresa a la que no se le permitió seguir la huelga feminista del 8M del 2019, y la única de la redacción de informativos de la Radio Galega a la que no se convocó para la cobertura de las elecciones europeas de ese año, para la que sí se llamó al resto de sus compañeros, incluidos el personal temporal y en prácticas, los becarios y todos los locutores de la plantilla.

Excluída del reparto de trabajo en festivos

Por contra, fue la única redactora a la que se obligó a ir a trabajar el 1 de enero de ese año. Fue el único día no laborable en el que tuvo que acudir, porque la excluyeron del reparto de los turnos de trabajo en festivos, privándola así de los suplementos y acumulación de libranzas que los acompañan y que sí disfrutan el resto de personal del departamento de informativos. Ese mismo año recibió un importante premio por su trayectoria profesional del que la CRTVG no se hizo eco, cuando dos años antes había dado amplia cobertura al áccesit del mismo galardón otorgado a otro compañero, que incluso fue entrevistado en el programa de máxima audiencia de la cadena.

En marzo de ese año, la trabajadora sufrió un episodio grave de ansiedad que derivó en una prolongada baja laboral, durante la que dos psiquiatras, uno privado y otro del Servizo Galego de Saúde, determinaron que los síntomas que padecía eran compatibles con la situación de acoso que describía. Cuando se reincorporó, le habían cambiado de nuevo los horarios y la ubicaron en un puesto alejado de los compañeros con los que mejor se llevaba, situado justo frente al despacho del jefe de informativos de la emisora a quien consideraba uno de los responsables de su situación. Solicitó el cambio, pero se lo denegaron, a pesar de que otro informe de los propios servicios médicos de la CRTVG así lo recomendaba expresamente al considerar el sufrimiento que estaba padeciendo.

El pasado 22 de febrero, según consta en el acta de la declaración del director general, la propia jueza interrogó a Sánchez Izquierdo por ese "informe indiciario de una situación por lo menos de hostigamiento psicológico", sobre si tuvo noticia de él y si tomó alguna medida. "No tengo conocimiento, pero podría ser sabiendo cómo funcionamos", respondió, derivando cualquier responsabilidad a la dirección de prevención de riesgos laborales. “Lo que sí puedo garantizar es que yo nunca detecté actitudes de rechazo por parte de algún directivo contra [la trabajadora], todo lo contrario", se limitó a decir.

“Entorno de malestar”

Sobre las denuncias de maltrato verbal, Sánchez Izquierdo admitió que podían responder a "un entorno de malestar muy acentuado" por el elevado número de causas judiciales por vulneración de derechos de los trabajadores que enfrenta la CRTVG –son centenares de casos durante su mandato y sólo en los dos últimos años y medio ha perdido 40 de ellas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia–. "No es extraño que en la Radio Galega pudiera haber voces elevadas, una discusión... Tampoco nada especialmente alarmante que no haya en otras empresas", sostuvo.

El caso de la periodista motivó que se convocara en dos ocasiones a la comisión contra el acoso de la CRTVG, en las que participan dos representantes de la empresa y dos de la parte social. El director general dijo ante la juez que no había prestado atención demasiada atención a sus resoluciones y que le pareció que "no había especiales problemas". Pero no supo explicar por qué en el informe final de 2021 se había concluido que no existía acoso, ocultando que las deliberaciones de la comisión acabaron en realidad en empate porque dos de sus miembros consideraron que sí lo había. También dijo desconocer por qué la versión de éstos había sido obviada del informe final que sólo dio por válidos los argumentos de la dirección.

La jueza del caso ha acordado prorrogar la instrucción hasta el próximo mes de mayo, y ha ordenado una nueva declaración de la víctima, que compareció en el juzgado del 28 de septiembre. Para evitar su "victimización secundaria", la jueza ordenó que declarara por videoconferencia y acompañada de una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima, y ha pedido al Instituto de Medicina Legal de Galicia que disponga un equipo psicosocial que evalúa los daños psíquicos que padece y valore si son compatibles con los hechos que denuncia.

La CRTVG no responde

Público ha preguntado a la CRTVG por varios aspectos relacionados con la declaración de Sánchez Izquierdo en el juzgado, pero la empresa ha rehusado ofrecerla alegando que, como empresa, no ha sido "denunciada, demandada ni querellada". Tampoco ha querido informar a este diario del presupuesto que destina a la defensa jurídica de las causas contra sus trabajadoras, en muchos casos encargadas a abogados externos, ni a las indemnizaciones y costas judiciales que enfrenta cuando las pierde.

Durante los mandatos de Sánchez Izquierdo, nombrado por Alberto Núñez Feijóo en 2009 y mantenido por Alfonso Rueda en su cargo, la Corporación ha perdido centenares de demandas por contratación fraudulenta, condiciones laborales ilegales, vulneración de derechos laborales y también por persecución ideológica y violación de derechos fundamentales. El comité de empresa, la oposición y los sindicatos han denunciado también la emisión de contenidos sexistas y machistas y multitud de casos de manipulación informativa en favor del Partido Popular. La CRTVG lo niega, pero muchos de ellos le han costado apercibimientos de la Junta Electoral.

Durante la huelga indefinida intermitente que mantiene la plantilla desde el pasado octubre, dos trabajadores han sido expedientados por secundarla. La instructora de esos casos es una abogada externa que fue nombrada jefa de administración y facturación de la empresa, en un departamento ajeno al de recursos humanos y a la asesoría jurídica, cuando aún estaba personada en el juzgado por otra causa contra la misma trabajadora que denunció por acoso a Sánchez Izquierdo y su dirección.