La jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez acumula 32 quejas en el CGPJ
Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, manda al banquillo a una abogada que ha presentado una treintena de quejas y reclamaciones contra ella en el marco de un procedimiento con muchas ramificaciones en los juzgados de instrucción pacenses.
Madrid--Actualizado a
No es habitual que un juez o una jueza sean objeto de una treintena de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por actuaciones que pueden socavar el buen funcionamiento de la justicia. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez, suma 32 desde finales de 2023.
Los motivos de las quejas—algunas de las cuales han sido archivadas y el resto no han recibido respuesta aún del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ— son, entre otros, "manifiesta parcialidad", "denegación injustificada" de ciertas diligencias y "retraso injustificado".
Las 32 quejas proceden de una abogada, Sara Moreno, y de su cliente, en el marco de una causa compleja cuyo origen es un divorcio contencioso que derivó en numerosas denuncias interpuestas entre las dos partes y que acabaron en los juzgados de instrucción de Badajoz. A consecuencia de una de esas derivadas, la jueza Beatriz Biedma ha mandado a juicio a la citada abogada.
Relaciones familiares en los juzgados
El divorcio contencioso de un empresario afincado en Badajoz destapó las conexiones familiares que fluyen en los juzgados de instrucción pacenses con vínculos en la Audiencia Provincial. El abogado que representa a la exesposa del empresario está casado con la jueza Esther Sara Vila, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Badajoz.
Hasta ese juzgado llegó una denuncia derivada del procedimiento de divorcio. La jueza acabó recusada por su relación matrimonial con el letrado de la parte denunciada y, una vez apartada, la sustituyó en sus funciones la titular del Juzgado de Instrucción 3, Beatriz Biedma.
La jueza Esther Sara Vila fue investigada en 2014, cuando estaba al frente del único juzgado de lo Mercantil de Badajoz. Entonces se la denunció por no haberse abstenido en un procedimiento en el que su marido actuaba representando a una de las partes. Además fue investigada por haber otorgado presuntamente varios concursos de acreedores a su marido y allegados de su bufete. Finalmente tanto la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su contra como la abierta en el CGPJ fueron archivadas.
Otras de las relaciones familiares que marcan los cuatro juzgados de instrucción existentes en Badajoz son: el marido de la jueza Esther Sara Vila —el abogado Juan Díaz-Ambrona Cancho— es primo del juez decano de Badajoz y titular del Juzgado de Instrucción 2, Emilio García-Cancho. Ambos mantienen relación de parentesco con el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, Luis Hernández Díaz-Ambrona, según indican fuentes jurídicas a este medio.
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La jueza Biedma entra en escena
La abogada Sara Moreno, que representa al empresario, empezó a percatarse de la lentitud en resolver algunas cuestiones en la causa; se dio cuenta de que algunos escritos que presentaba tardaban sobremanera en ser admitidos. Todas aquellas irregularidades, a su juicio, las fue denunciando en el CGPJ.
Por ejemplo, una de las quejas indica, en relación a la tardanza de varios meses en ordenar nuevas diligencias, que "no solo constituye un retraso injustificado en la tramitación de esta causa penal, y un incumplimiento de los deberes judiciales, sino que suponen una vulneración de los derechos fundamentales de la acusación", consta en la queja de 15 de noviembre de 2023.
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El 27 de abril de 2024, la letrada y su cliente presentaban otra queja en el órgano de gobierno de los jueces contra la jueza Biedma por "denegar tácitamente la notificación del auto de incoación".
Tres meses después llegó la resolución desestimatoria del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que invocó la jurisprudencia que en materia de competencia del órgano ha reiterado el Supremo y que deja fuera de la acción del Consejo todas aquellas cuestiones relacionadas con la adopción por parte del juez de decisiones en el marco de una actuación procesal. El CGPJ entendió que la materia que exponía la queja quedaba fuera de su actividad disciplinaria.
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Otra de las reclamaciones en el CGPJ de esta letrada y de su cliente se convirtió en denuncia en los tribunales. Según la misma, algunas pruebas aportadas al procedimiento de divorcio presuntamente habían desaparecido de la plataforma operativa en los juzgados de Badajoz para alojar contenido en las causas. Esa denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital pacense, cuya letrada de la Administración de Justicia (LAJ) se vio señalada.
Cruce de denuncias y un juicio
La LAJ denunció a su vez a la letrada Sara Moreno por denuncia falsa, alegando que no había desaparecido ninguna prueba y que se trataba de una acusación falsa. Esta denuncia de la LAJ fue a parar al juzgado de Beatriz Biedma.
En el marco de aquella denuncia contra la abogada, colegiada en Sevilla, la jueza Biedma le tomó declaración como investigada por videoconferencia, algo que la letrada considera "irregular".
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"Como investigada, no fui identificada por ningún LAJ, no tuve lectura de derechos, declaré desde mi casa, fuera de una sede judicial, y la jueza cortó la declaración cuando empecé a quejarme de estas circunstancias", dice Sara Moreno, que añade que posteriormente solicitó, en vano, prestar declaración en el juzgado.
Hace unos días, la jueza Beatriz Biedma ha dictado auto de pase a procedimiento abreviado, el paso previo a la celebración de juicio, contra Sara Moreno, que ha pedido amparo a su Colegio de Abogados, el de Sevilla, ante lo que considera un "despropósito". Esta entidad la ha derivado al Colegio de Abogados de Badajoz, que aún no ha contactado con ella.
Hay que recordar que la jueza Biedma mantiene investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, al considerar que podría haber conseguido la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz de manera irregular y que el puesto fue creado ad hoc para él.
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