Agricultores y mariscadores recelan de la reapertura de la mina en Aznalcóllar

Los proyectos mineros que vierten residuos al Guadalquivir o prevén hacerlo, entre ellos la próxima apertura en Aznalcóllar (Sevilla), en el entorno en que se produjo un tremendo desastre en 1998 de un nuevo desarrollo, generan inquietud entre colectivos ecologistas y entre los expertos, que han alertado ya en varias ocasiones, en detallados informes, de la contaminación y toxicidad ya presente en el río.

A estas voces, se unen ahora las de colectivos de agricultores y mariscadores, que necesitan también de un río sano para ejercer su labor. Así, la organización agraria COAG considera que "hacen falta más garantías científicas". "No hay una evaluación del cien por cien de los vertidos mineros al río Guadalquivir. Por lo tanto, se están minimizando los efectos de los metales pesados. El impacto social y ambiental no se ha hecho correctamente: no hay un estudio de impacto sobre la agricultura", lamenta Eduardo López, secretario de organización de COAG Andalucía.

"Exigimos también garantías y responsabilidades —añade López— sobre los efectos que puede provocar esto en los usos agrarios. La acumulación de metales puede provocar daños importantes a los agricultores. Estamos hablando de cosechas que se pueden ver afectadas, de su valor, de agua, calidad del agua, y de pérdida de mercados. Y si esto ocurre, ¿quién va a indemnizar, quién se hace cargo de esto? Esto tiene un patrimonio tradicional, de una agricultura profesional, con industrias, con cooperativas, con comunidades de regantes, con una agricultura auxiliar, con una vida en estos municipios".

Rafael Jesús Ruiz, presidente de la Asociación de Mariscadores Jarife, de Chipiona (Cádiz), afirma a Público: "Esto [nuevos vetidos] para nosotros que conocemos la dinámica del litoral puede ser un antes y un después. El río está colmatado. Imagina la repercusión tan negativa que puede tener para nuestro modo de vida. Si dicen que no están contaminadas, ¿por qué no se quedan con esa agua allí y no la echan por una tubería al río?". 

"Nosotros, los mariscadores de Chipiona, —añade Ruiz— somos el sumidero de la contaminación del estuario, porque estamos al final, en los corrales de pesca, que son milenarios. [Las autoridades] nos hablan de que [los vertidos] van a ser controlado. ¿pero un veneno que va a ser controlado? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Nosotros tenemos que tragar todo lo que nos echan? Creo que la gente no se da cuenta de lo que se nos viene encima", considera Ruiz.

El catedrático de Ecología, Jesús M. Castillo, recoge en su último estudio sobre la toxicidad en el Guadalquivir las condiciones socioeconómicas en el estuario. En él, expone, "habitan más de 1,7 millones de personas, principalmente concentradas en el Área Metropolitana de Sevilla". 

"Aguas abajo —añade—, las márgenes están dominadas por uso agrícola, con el arroz, los cereales y algodón como los principales cultivos. Además, la actividad pesquera y marisquera y la acuicultura son importantes en el Estuario del Guadalquivir y las aguas costeras adyacentes en el Golfo de Cádiz, con pesquerías como las del boquerón, el camarón y la gamba blanca". 

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"El estuario funciona como zona de cría y crecimiento juvenil de muchas especies con valor pesquero. Además, es el principal contribuyente de materia orgánica disuelta al Golfo de Cádiz, lo que también apoya la producción en el medio marino. En el tramo final del estuario, en la orilla derecha, se encuentra el Parque Nacional de Doñana", agrega.

Alternativa

La plataforma ciudadana Salvemos el Guadalquivir promueve la firma de un manifiesto en el que se rechazan nuevos vertidos al río y que se forme una comisión científica independiente que evalúe los impactos que estos causarán.

Como alternativa a los vertidos tóxicos, la plataforma propone que la Junta de Andalucía exija "a las empresas mineras (Minera Cobre Las Cruces y Minera Los Frailes) la puesta en marcha de un sistema de depuración completa del agua mediante osmosis inversa (membranas)". 

"El agua depurada podría usarse para un aprovechamiento sostenible en la comarca, generando empleo y riqueza ambiental", argumentan. Para la plataforma el proceso de depuración de las aguas que las empresas tienen hoy previsto, de acuerdo con la administración, es "insuficiente".

Una tubería de 30 kilómetros

En el manifiesto, la plataforma recoge los siguientes datos sobre los nuevos vertidos: "Este proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar y pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, termina en el Estuario del Guadalquivir, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, exactamente frente al Estadio de la Cartuja".

Por esa tubería "y a lo largo de más de 18 años, se verterán en el cauce del Guadalquivir un total de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados". "Este vertido —añade la plataforma— se sumará, en el mismo cauce del Guadalquivir, a los 11.700 millones de litros de aguas tóxicas ya vertidas por Mina Las Cruces entre 2009 y 2022 y a los 32.760 millones de litros que esta mina verterá durante 14 años autorizados por la Junta de Andalucía para el nuevo proyecto de minería subterránea de Mina las Cruces". 

En total, resume la plataforma en el manifiesto, "serán 129.980 millones de litros (85.520 de la mina Los Frailes de Aznalcóllar y  44.460 de la mina Las Cruces) de aguas tóxicas venenosas directamente al cauce del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en los sedimentos y la biota [la flora y la fauna]".