La batalla por el poder en la casa de apuesta Codere salpica a la CNMV

El operador del juego Codere afronta un duro litigio entre los fondos mayoritarios y sus fundadores, los Martínez Sampedro, en los frentes judiciales y societarios que empieza a salpicar incluso al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella.

El último capítulo de esta guerra que dura ya dos años ha sido el descubrimiento de una serie de correos intercambiados entre esos fondos norteamericanos donde aluden a Sebastián Albella, y Linklaters, el despacho que presidía antes de ser aupado para este cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2016.

Los correos han sido desvelados a raíz de un litigio en Estados Unidos interpuesto por los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro contra uno de estos fondos, Silver Point Capital, que lideró la operación.

Con este procedimiento, denominado Discovery, dicho fondo tuvo que depositar ante el juzgado mercantil los correos y comunicaciones electrónicas sobre Codere y los cruzados con el resto de los accionistas en la operación desplegada con la que se hicieron con el control de la multinacional y que culminó en enero de 2018 con el cese de su entonces presidente, José Antonio Martínez Sampedro.

El listado final de los correos más delicados fue entregado a la CNMV por los Martínez Sampedro el pasado 22 de julio. En su escrito, solicitan al organismo supervisor de los mercados que investigue estos mensajes porque consideran que apunta a lo que ellos llevan denunciando desde 2018: la presunta actuación concertada de los fondos para hacerse con el control de la sociedad de manera ilegal al no haber lanzado una Oferta Pública de Adquisión (OPA) por el 100% de las acciones, a la que estarían obligados por la normativa.

Los fundadores de la multinacional Codere acusan a Silver Point (con el 23% de las acciones) de actuar de manera conjunta con Abrams y M&G (con el 8,72% y el 13,61% del capital, respectivamente).

Juntos alcanzaban el 45,33% del capital. Y superaban, por lo tanto, la barrera del 30%  a partir del cual estaban obligados a lanzar la OPA por el total de los títulos de Codere, como establece la ley de opas. Pero no ocurrió así y tampoco solicitaron una dispensa a la CNMV.

Acción coordinada para tomar el control

Del resumen de los correos que se cruzan los fondos norteamericanos se desprende el control efectivo de Silver Point de la mayoría del Consejo y de los consejeros nombrados por el resto de los fondos. También la intervención directa en la operación del asesor del primer fondo, el despacho Linklaters, que presidió Sebastián Albella hasta noviembre de 2016, cuando fue nombrado presidente de la CNMV por el Gobierno del PP, según ha podido saber Público.

Reunión del nuevo presidente de Codere con Albella

También apuntan a que los fondos norteamericanos Silver Point, con el apoyo de Abrams y M&G lideraron la toma de control diseñada por Linklaters. El control llega a tal punto que abordan el acta del consejo que se iba a celebrar un mes más tarde -en enero de 2018- y donde cesaron a los Martínez Sampedro, representados en el consejo de administración por el exministro Pío Cabanillas.

Entre los correos sensibles figura un mensaje del nuevo presidente de Codere, Norman Sorensen, a miembros del consejo donde relata su reunión con Sebastián Albella pocos días después de hacerse con la presidencia de la sociedad. En ella, el presidente de la CNMV le habría expresado su conocimiento del asesoramiento de Linklaters para dicha operación y su preocupación por las actuaciones legales de Martínez Sampedro y el ruido de mercado que podría producirse, según ha confirmado Público.

El presidente de la CNMV 'se ha abstenido'

"Sebastián Albella se ha abstenido desde que llegó a la presidencia de la CNMV de participar en todos los asuntos concernientes a Codere", afirma un portavoz oficial del organismo supervisor. "Ni antes, ni durante, ni despues, ni ahora ha intervenido o intervendrá en ninguna actuación de la CNMV referida a Codere", apostilla su portavoz.

La misma fuente oficial explica que Albella recibió al presidente de Codere "porque así lo solicitó este último. Prácticamente todos los nuevos presidentes suelen pedir una reunión para presentarse", agrega.

Preguntado si en la reunión entre Albella y Sorensen se trató el asesoramiento de Linklaters, la misma fuente responde que no lo sabe y que "no vamos a contar lo que habla el presidente de la CNMV con el presidente de una empresa".

El portavoz de la CNMV destaca que Albella también recibió a José Antonio Martínez Sampedro. Preguntado por Público, este último confirma que pidió una reunión en 2017 con el presidente de la supervisora para expresarle sus temores por la inminencia de "una toma de control con participación irregular de los consejeros independientes" y que Albella le explicó la dificultad que iba a tener para probarlo.

Se da la circunstancia de que Sebastián Albella participó en la reestructuración de la deuda de Codere con los fondos acreedores entre 2014 y 2015. Y que presidió Linklaters hasta noviembre de 2016, menos de un año antes de iniciarse la operación por el control de la multinacional.

Esta operación asesorada por Albella permitió a los bonistas de Codere convertirse en accionistas, al transformar sus deudas en acciones.

Por su parte, ningún portavoz de Codere ha devuelto las llamadas de Público para responder a estas cuestiones.

Investigación abierta

La denuncia de los Martínez Sampedro ante la CNMV fue interpuesta el 26 de febrero de 2019, y nada se sabe del resultado de dicha investigación. El portavoz oficial del organismo supervisor afirma que el expediente continúa abierto y que sólo se informará en el caso de que se adopte alguna decisión sancionadora. Admite, además, que la última petición de investigación de los correos electrónicos ha sido incorporada al expediente.

Ahora, la CNMV tendrá que solicitar a los accionistas y altos directivos de Codere estos correos probatorios. Los denunciantes accedieron a la descripción de cada uno de ellos tras más de dos años de pleitos contra Silver Point.

El juez del caso en Connecticut (Estados Unidos), estado de residencia de Silver Point, autorizó a trasladar el listado de correos sensibles a la CNMV, pero no ha permitido a los denunciantes el acceso a la integridad de estos mensajes al afectar a la relación abogado-cliente; esto es, a la relación entre Linklaters y el fondo Silver Point.

Proceso judicial para acceder al 'Big Data'

Es la primera vez que se traslada un Discovery a España. Este innovador proceso judicial de ámbito civil tiene un creciente interés en la abogacía y el 'Big Data'. Permite el acceso a ingentes volumentes de pruebas digitales dentro un pleito.

Los Martínez Sampedro lo solicitaron en abril de 2018 y recientemente han recibido el listado de los correos más sensibles y probatorios para trasladar su petición a la CNMV.

Su objetivo final es fundamentar su denuncian ante la juez de lo Mercantil 4 de Madrid, Fátima Duran, así como ante la Corte Internacional de Arbitraje de París, que es la encargada de supervisar los arbitrajes aceptados por todos los accionistas de Codere en caso de discrepancias.

Reducción de capital en 450 millones

La pandemia causada por el coronavirus, con el cierre temporal de las salas de Codere en los siete países donde opera, ha provocado una pérdida de ingresos en la sociedad.

Este 31 de julio se celebra una junta de accionistas virtual en Codere donde se aprobará una reducción de capital en 450 millones de euros para reducir el valor nominal de sus títulos desde 3,8 euros hasta 0,5 euros (la empresa llegó a cotizar 9,5 euros la acción cuando se produjo la toma de control por parte de los fondos).

De esta manera se favorece la colocación de acciones en el mercado y una previsible ampliación de capital donde se diluiría la participación de los Martínez Sampedro.

Blindaje legal de 20 millones para los consejeros

Al mismo tiempo, se aprobará el blindaje legal de sus consejeros en 20 millones de euros, cobertura que no ha suscrito ninguna aseguradora y que se realizará con el capital de Codere, gestora de casinos, bingos, máquinas y salas de apuestas.

Este blindaje de hasta 20 millones de euros fue otorgado en 2019 al director general y al financiero 15 días antes de informar a la CNMV de la existencia de "inconsistencias contables" con un incremento artificial de los resultados de 16,5 millones de euros. Desde el año 2019 se ha producido la dimisión de tres directores corporativos de asuntos legales.

El fondo buitre Blackstone llegó a lo 'gore'

La crisis en Codere arranca con su expansión internacional y, en especial, a partir del año 2012 cuando tras la nacionalización de Repsol YPF en Argentina la empresa tuvo que asumir una renovación anticipada de todas sus licencias de juego en dicho país lo que supuso un desembolso de 100 millones de euros.

El caso de Codere ha sido paradigmático respecto al comportamiento de los fondos buitre ante empresas españolas con dificultades tras la anterior crisis económica.

Dos 'hedge funds' inyectaron en 2013 hasta 135 millones a la empresa de apuestas cuando hubo de hacer frente a sus deudas con Credit Suisse, Barclays y BBVA para evitar la quiebra. Estos bancos cedieron los préstamos a los fondos buitre, que a su vez impusieron condiciones draconianas a la empresa como la refinanciación de su deuda a un coste efectivo cercano al 40% (cuando originalmente era del 4%).

La situación llegó a tal límite que rozó un abuso extremo, aunque legal. Lo más 'gore' fue el comportamiento de GSO Capital Partners, operación revelada por Bloomberg en 2013.

GSO resultó ser una unidad del fondo buitre Blackstone. Compró la deuda de Codere, pero también sus coberturas por riesgo de impago (credit default swaps). Un retraso deliberado en el pago de la deuda activó estas coberturas. Y el fondo buitre Blackstone ganó entre 11,4 y 13,7 millones de euros. En total, se detrayeron 145 millones de euros de Codere.

El escándalo desvelado por Bloomberg llevó al famoso presentador Jon Stewart a ironizar sobre el préstamo a sí mismo de Blackstone en The Daily Show  (Comedy Central):

Por su parte, el despacho Linklaters presidido por Sebastián Albella cobró una factura de 5 millones de euros por su asesoramiento entre 2014 y 2015 a los fondos acreedores, pactar su conversión en accionistas y evitar la quiebra de la operadora de juego. La factura corrió a cargo de Codere.