Crisis de la vivienda más allá de Madrid y Barcelona: así se gesta una protesta estatal contra el rentismo
Los sindicatos y las organizaciones sociales han convocado una nueva marcha en una veintena de ciudades para el próximo mes de abril. "El contacto entre los distintos territorios es fundamental", advierten.

Madrid--Actualizado a
"El sindicalismo inquilino ha crecido por todo el Estado y el 5 de abril volvemos a las calles, porque el miedo ha cambiado de bando: no vamos a exigir más cambios, estamos organizadas y tenemos un plan contra el rentismo". Los sindicatos de inquilinas y las organizaciones de vivienda han convocado una nueva manifestación para "acabar con el negocio" inmobiliario y tomar las riendas de la emergencia habitacional. Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Cádiz, Bilbao, València, Murcia, Zaragoza, Burgos, Salamanca, Valladolid, Ibiza, Guadalajara, Gijón y Vigo moverán sus llaveros al unísono contra el rentismo y la especulación; lo harán por primera vez "todas juntas y en todas partes", durante una protesta simultánea que aspira a "hacer historia".
Canarias plantó la semilla de las movilizaciones contra la turistificación en abril del año pasado. Los vecinos del archipiélago tomaron las calles para reivindicar un modelo turístico "sostenible" y denunciar la falta de soluciones habitacionales. "La vivienda se ha convertido en un lujo al alcance de muy pocas familias", denunciaba en este artículo de Público el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Las islas tienen 55.000 pisos turísticos censados, la mitad en manos de grandes tenedores, según datos del Gobierno autonómico. Málaga siguió la estela y reclamó un cambio de modelo al grito de "Málaga para vivir, no para sobrevivir". Madrid, Barcelona, València y Bilbao organizaron las primeras manifestaciones este mismo otoño.
El problema de la vivienda va más allá de las grandes capitales, "lo que pasa es que en algunas zonas no es increíblemente visible", denuncian desde el activismo. Sevilla, Cádiz y Guadalajara han sido algunas de las últimas ciudades en sindicalizarse; las tres marcharán también el próximo 5 de abril. "El contacto entre los distintos territorios es fundamental. Esta manifestación llega después de muchos meses de conversaciones; queríamos que fuera algo descentralizado, salir todos al mismo tiempo y paralizar el Estado. La idea, no obstante, es que sea el primer día de una nueva ola de protestas", insisten los organizadores.
La crisis se ceba con la costa mediterránea
Madrid tiene una de cada diez camas en alquiler de temporada y los pisos turísticos ilegales siguen en pleno boom: sólo 227 de los 24.000 negocios disponibles operan con licencia municipal. Los precios han subido este año un 16,4% en toda la región, según datos de Idealista, y el parque de vivienda pública no termina de despegar. Barcelona tiene un abanico de tarifas similar. Los grandes propietarios concentran el 40% de la vivienda y otras 160 Casas Orsola luchan por sobrevivir en el Eixample de la Ciudad Condal.
"La presión urbanística es inmensa y la oferta, cada vez más reducida. La compra de bloques por parte de las administraciones públicas, como ha ocurrido con Casa Orsola, no es una solución a medio o largo plazo. El problema debe cortarse de raíz. Los ayuntamientos no tienen recursos para comprar los centenares de edificios que tenemos en esta situación ni tampoco pueden regar con dinero público a los fondos de inversión. Lo que tienen que hacer es movilizar viviendas vacías y bajar los precios", insiste Marina Parés, portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.
La emergencia habitacional también afecta a las inquilinas de la costa mediterránea y los archipiélagos. Málaga volverá a manifestarse este mes de abril contra "un modelo de ciudad basado en la especulación inmobiliaria y turística, que expulsa a sus habitantes, precariza el empleo y destroza el territorio". La capital tiene 34.466 demandantes de vivienda y 32.132 plazas en pisos turísticos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). "Los datos son escalofriantes. Los vecinos no podemos vivir aquí, tenemos una de las zonas con más presión turística de todo el Estado", denuncian desde el colectivo Málaga para Vivir.
La Merced es uno de los barrios más concurridos del centro de la ciudad, un "caramelito" para la especulación: ocho de cada diez casas están en el mercado de los alquileres turísticos. El alcalde Francisco de la Torre (PP) ha respondido con cierta sorna al ser preguntado por el auge de este tipo de negocios: "Las personas, en vez de vivir en Málaga, donde la vivienda es más cara, pueden vivir en Rincón de la Victoria o Villanueva del Rosario. El hecho de no vivir en el centro tiene una importancia relativa". Los activistas critican "los resultados" de sus políticas tras 25 años en el cargo.
En València resulta "prácticamente imposible" encontrar un piso por menos de 800 euros. "Y los que vemos, tienen unas condiciones lamentables", señalan desde la plataforma València no està en Venda. La turistificación y las inundaciones de octubre han intensificado todavía más el problema. "Los pueblos del área metropolitana tenían una presión bastante elevada en términos de vivienda. La DANA ha provocado cientos de desplazamientos no deseados y problemas para pagar las rentas", continúa Natxo Collado, miembro del colectivo. En total, 45.000 casas necesitan ser rehabilitadas o reconstruidas en las comarcas de l'Horta Sud.
Ibiza tiene poco más de 570 kilómetros cuadrados y es la cuarta isla de todo el país en términos de población. El 15,6% de los jóvenes del archipiélago viven en riesgo de pobreza monetaria y llegar a final de mes cuesta un 20% más que en la media del país. "Los precios del alquiler superan en buena parte de los casos el 100% del salario habitual", reivindican desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera. El colectivo también se sumará a la protesta estatal del próximo 5 de abril.
"Los alquileres quedan casi todos fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), porque los propietarios le sacan más partido al alquiler de temporada o al de habitaciones. Esto nos deja en una situación de desamparo absoluto. Las inquilinas tenemos que vivir de seis meses en seis meses y esto precariza –más si cabe– nuestras vidas. Llega un punto en el que nos vemos abocados a marchar de la isla o vivir en la calle", continúan las mismas fuentes. El chabolismo ha proliferado en el archipiélago, donde dos de cada diez casas están vacías casi todo el año. El porcentaje de segundas residencias también supera el 30% en Illes Balears.
El problema también llega al norte y el interior
La incapacidad para acceder a una vivienda digna y asequible, los "abusos de los rentistas" y unos "precios desorbitados" son tres de los motivos que han llevado a la creación de un Sindicato de Inquilinas en Sevilla. "Llevábamos años pensándolo y decidimos dar el paso porque vimos que era una necesidad cada vez más urgente en la ciudad", reconoce Jaime Jover, portavoz del Movimiento por la Vivienda, que integra a una decena de colectivos. El 34,41% de los sevillanos ve la vivienda como uno de los principales problemas del país, según la última encuesta del CIS.
Sevilla tiene más de 25.000 viviendas vacías y 10.000 pisos turísticos registrados, pero 18.000 personas en lista de espera para entrar en "alguno de los pocos pisos" de protección oficial. "No tenemos un problema con los fondos de inversión, pero sí con el número de alojamientos turísticos que operan sin licencia. Las asambleas cada vez reciben a más gente de la corona metropolitana, cuando nunca había familias afectadas en estas zonas. El centro lleva perdiendo población desde el boom de los Airbnb", precisa el activista.
Los alquileres en Idealista rara vez bajan de los 800 euros, cuando "hace dos o tres años estaban casi a la mitad". Las cifras de okupación son "residuales", mientras los desahucios no dejan de crecer: 70 juicios orales por allanamiento de morada frente a 764 desalojos en toda la provincia sólo en 2023. Burgos también sacará los llaveros a la calle el próximo mes de abril. El 7% de las viviendas de la ciudad pasan el año vacías y 250 familias fueron desahuciadas en 2023. El número antiokupación de la Junta de Castilla y León, sin embargo, sólo recibió seis llamadas en el mismo período.
"Burgos no es una excepción. El afán especulativo de la clase rentista está tensionando el mercado y los precios se han duplicado desde antes de la pandemia. Es importante que nos organicemos para conseguir una vivienda de calidad, universal y bajo control social", subrayan desde el Sindicato de Inquilinas de la ciudad. Asturias es otra de las regiones donde la turistificación ha disparado las rentas y ha reducido la oferta, según denuncian los movimientos por la vivienda.
"El turismo de masas ha acelerado la construcción de bloques enteros de pisos turísticos en Oviedo y Gijón, incluso en algunos municipios más pequeños. Los alquileres han subido este año un 11% y las administraciones públicas han permitido que empresas privadas gestionen vivienda supuestamente social", critica Andrés García, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Asturias. Los vecinos, según explica, han tenido que "buscar alternativas" fuera de las grandes ciudades, "porque incluso en los barrios periféricos, los precios son abusivos". Los colectivos sociales se reivindican como "la única solución" para luchar contra unos gobiernos que "sólo protegen los intereses de la patronal inmobiliaria" y advierten: "La huelga de alquileres y la desobediencia son el único camino".
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