La denuncia contra Bolsonaro por golpismo agita las aguas políticas en Brasil
Tras las acusaciones de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo decidirá en breve si lleva a juicio al expresidente ultraderechista por su presunta responsabilidad en el intento de revertir el resultado de las elecciones de 2022.
Brasil ha entrado en una zona de máximas turbulencias políticas. Jair Messias Bolsonaro podría sentarse en el banquillo próximamente si el Tribunal Supremo decide llevarlo a juicio tras la denuncia efectuada esta semana por la Fiscalía General de la República contra el expresidente ultraderechista, al que acusa de liderar un intento de golpe de Estado para revertir el resultado de las elecciones de octubre de 2022 en las que se impuso Luiz Inácio Lula da Silva. A contrarreloj, Bolsonaro maquina ya con sus socios parlamentarios cómo sortear una posible condena de más de 40 años de prisión.
Junto a Bolsonaro han sido denunciadas otras 33 personas, entre ellas varios exministros de su gobierno (2019-2022). Uno de los imputados, el general retirado Walter Braga Netto (candidato a vicepresidente y extitular de los ministerios de Defensa y Casa Civil), se encuentra encarcelado por intentar obstruir el trabajo de los investigadores. Para el fiscal general, Paulo Gonet, el ex jefe de Estado y sus compinches conformaron "una organización criminal estructurada para impedir que se cumpliera el resultado de la voluntad popular expresado en las elecciones de 2022”. Lula, líder histórico del progresista Partido de los Trabajadores (PT), ganó esos comicios en segunda vuelta al imponerse a Bolsonaro por un estrecho margen de votos.
En concreto, el expresidente brasileño, de 69 años, está acusado de intento de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal y abolición violenta del Estado democrático. Son cargos que en su conjunto podrían depararle una condena de 43 años de prisión. La Policía brasileña pidió la imputación de la trama de conspiradores en noviembre del año pasado. Según la denuncia de la Fiscalía, los inculpados pretendían asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes. El 8 de enero de 2023, mientras el líder ultraderechista se encontraba en Miami, miles de sus simpatizantes concentrados en Brasilia asaltaban las sedes del Congreso, la presidencia del Gobierno y el poder judicial.
La denuncia de la Fiscalía contra Bolsonaro se basa principalmente en el testimonio del teniente coronel Mauro Cid, quien fuera su hombre de confianza. Hace ahora un año, la Policía federal le retenía el pasaporte al exmandatario en su residencia de verano, en Angra dos Reis. Al frente de la operación Tempus Veritatis, que se desplegó en diez estados de forma simultánea, estaba el juez De Moraes. La conspiración antidemocrática de Bolsonaro y sus leales había comenzado unos meses antes de las elecciones, en julio de 2022, durante una reunión ministerial en el Palacio del Planalto, en Brasilia. En el registro de la casa de Cid la Policía halló una grabación en vídeo de ese encuentro en el que se maquinaban acciones involucionistas. Unos meses más tarde, en noviembre, Filipe Martins, asesor del ya presidente saliente, le entregó a su jefe un borrador de decreto en el que se ordenaba la detención de varios magistrados. Bolsonaro redujo las detenciones a una sola persona: Alexandre de Moraes. Y en diciembre fueron convocados los jefes de las Fuerzas Armadas para plantearles la ruptura del orden constitucional. Sólo uno de ellos, el almirante Almir Garnier, jefe de la Marina, aceptó la proposición golpista, según confesó el delator Cid. La trama continuó con sus planes y promovió la campaña en redes sociales para movilizar a los seguidores del presidente ante los cuarteles de medio país con el fin de reclamar una insurrección armada.
En el registro de la casa de Cid la Policía halló una grabación en vídeo de ese encuentro en el que se maquinaban acciones involucionistas
Estrategia parlamentaria
Bolsonaro ya está inhabilitado para concurrir a citas electorales hasta 2030. Fue condenado por abuso de poder por cuestionar la seguridad de las urnas electrónicas en una reunión mantenida con el cuerpo diplomático acreditado en Brasilia poco antes de los comicios de 2022. Ante la perspectiva de acabar entre rejas si el Tribunal Supremo lo sienta en el banquillo, ha empezado a mover sus hilos. Pese a que no ostenta cargos públicos (ni siquiera es diputado o senador), su autoridad sobre el espacio político que lo llevó al poder en 2019 sigue intacta. Es el referente indiscutible de la extrema derecha y sus aliados en el Congreso son mayoría. Esta misma semana, se reunió con un grupo de senadores para definir una estrategia parlamentaria que pueda frenar la acción de la Justicia. Los afines a Bolsonaro trabajan ya en dos vías para que su líder evite la cárcel y pueda postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 2026 saltándose la inhabilitación.
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Bolsonaro podría, por un lado, reunir una mayoría suficiente en el Congreso para modificar la denominada ley de antecedentes limpios aprobada en 2010. En virtud de esa norma, a Lula da Silva, condenado sin pruebas por corrupción, se le impidió presentarse a las elecciones de 2018, en las que despuntaba en las encuestas muy por encima de sus rivales. Pasó 580 días en la cárcel y años más tarde, en 2021, el Tribunal Supremo anuló el juicio. Ahora, Bolsonaro pretende derogar una ley que él mismo apoyó en su momento para poder presentarse a las próximas elecciones. Paralelamente, los aliados del exmandatario ya han activado en el Congreso una propuesta de ley de amnistía para exonerar de culpa a los implicados en los graves incidentes de enero de 2023, algunos de los cuales cumplen penas en prisión.
Bolsonaro pretende derogar una ley que él mismo apoyó en su momento para poder presentarse a las próximas elecciones
Lula ha denunciado públicamente la estrategia de Bolsonaro de tratar de buscar una salida parlamentaria con la aprobación de una ley de amnistía: “Cuando el expresidente pide una amnistía, está reconociendo que es culpable, que cometió un delito (…). En este país la ley se aplica a todo el mundo. Si cometiste un delito, irás preso. Es su única salida”, declaró tras conocerse la denuncia de la Fiscalía y la reacción del excapitán del Ejército. El tercer mandato de Lula (ya fue presidente entre 2003 y 2010) no está siendo un camino de rosas. Debe negociar cada ley en un Congreso con predominio de la derecha y ya no cuenta con la popularidad de antaño. Es consciente de que si Bolsonaro esquiva la inhabilitación y la cárcel, a la izquierda le será muy difícil batirle de nuevo en las urnas, entre otras cosas porque no han surgido nuevos liderazgos y el exsindicalista cumplirá 80 años en octubre.
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Los sectores reaccionarios siguen muy pujantes en Brasil. Aunque se antoje difícil, cabe la posibilidad de que Bolsonaro logre sortear una condena. La derecha controla las dos cámaras del Congreso y los gobiernos de los principales estados, como São Paulo, Río de Janeiro o Minas Gerais, así como muchas alcaldías. Cuenta además con el apoyo financiero de las grandes fortunas del país y con la fidelidad de un sector de las Fuerzas Armadas. Como señala el exministro Roberto Amaral en un artículo publicado en la revista Carta Capital, tanto desde un punto de vista material como ideológico, “la extrema derecha nunca estuvo tan fuerte política y electoralmente, tan bien equipada financieramente y tan vinculada al nuevo orden internacional que, creciente en Europa y en Estados Unidos, favorece el avance de las corrientes neofascistas en todo el mundo”.
La alusión a ese nuevo orden internacional es clave en el caso Bolsonaro. Junto al argentino Javier Milei, el expresidente brasileño es uno de los dirigentes latinoamericanos más cercanos a Donald Trump. Al mandatario estadounidense le interesaría ver de nuevo a su amigo en el Palacio del Planalto. Y ya se ha puesto manos a la obra. De momento, el grupo Trump Media & Technology y la plataforma de vídeos Rumble han demandado al juez Alexandre de Moraes, encargado de investigar a Bolsonaro, en una corte federal de Tampa (Florida) por “censurar (en Brasil) el discurso político legítimo en Estados Unidos, socavando protecciones constitucionales fundamentales consagradas en la Primera Enmienda”. El magistrado ya se había enfrentado al magnate Elon Musk el año pasado al cerrar la red X en Brasil durante 40 días. Es, junto a Lula, el objetivo de una ultraderecha dispuesta a volver al poder a cualquier precio.
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