El Congreso reabrirá su investigación del accidente del Alvia en Angrois de 2013

La mayoría de partidos ha aprobado este jueves en el Congreso retomar el trabajo de la comisión de la Cámara Baja que investiga el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela)  el 24 de julio de 2013, tras la aparición de nuevos datos y con el objetivo de "esclarecer la cadena de responsabilidades" y adoptar medidas para que no vuelva a ocurrir algo similar. 

La propuesta, iniciativa de BNG, ERC y EH Bildu, se ha aprobado en el Pleno del Congreso con 202 votos a favor y 137 abstenciones, de PP y Vox. 

El diputado del BNG, Néstor Rego, ha urgido a concluir los trabajos tras meses de comparecencias y ha pedido no solo esclarecer la verdad sino que "a partir de ella sea posible asumir responsabilidades políticas". 

Además, ha hecho incidido en los nuevos datos sobre el accidente, como la denuncia que hizo un mecánico de Talgo de que se dio la orden de borrar las averías del tren de la base de datos media hora después del siniestro.

Por lo que ha respaldado la petición de las víctimas de abrir una verdadera investigación independiente y ha acusado a ADIF de "adoctrinar" a las personas que declararon entonces.

Desde el PSOE se han mostrado favorables a esta propuesta y, además, han pedido analizar si la comisión de investigación de accidentes ferroviarios debe mejorarse ante las dudas que se han sembrado por falta de autonomía e independencia. 

La nueva Comisión de Investigación se desarrollará al mismo tiempo que tiene lugar el juicio que también tiene como objetivo esclarecer lo sucedido en el accidente. 

Este procedimiento está previsto para mediados de 2022 después de que la instrucción judicial se cerrara el pasado mes de abril, dejando imputados únicamente al jefe de seguridad de ADIF y al maquinista del convoy accidentado. 

Ya hubo una Comisión

La Cámara ya constituyó, en 2018, una comisión de investigación sobre este accidente, entonces solicitada por el PSOE, Unidas Podemos y Grupo Mixto. Sin embargo, sus trabajos se quedaron a medias por la convocatoria de la elecciones de abril de 2019 y nunca se retomaron, a diferencia de lo que sí ocurrió, por ejemplo, con la relativa al accidente de Spanair en Barajas en 2008. 

Según los promotores de la iniciativa, diversas denuncias llevaron, en enero de 2019, a la apertura de un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria que todavía sigue abierto. 

Asimismo, sobre la comisión de 2018, han recalcado en un escrito que muchos de los comparecientes arrojaron "serias dudas" relativas a las "responsabilidades cruzadas entre diferentes agentes implicados, tanto políticos como técnicos, incluso desde la licitación y ejecución de las obras la línea. 

Han querido recordar también que "quedó en entredicho la gestión del propio accidente y las investigaciones y actuaciones llevadas a cabo posteriormente, como la puesta en marcha de nuevas medidas para asegurar la línea y los propios convoyes que circulan por ella ante posibles futuros accidentes"