Blindar la pública en la Constitución o eliminar la privada: las izquierdas presionan por la universidad
La iniciativa del Gobierno para endurecer los requisitos para crear universidades privadas reabre el debate en el Congreso y despierta las críticas del PP.
Sumar desliza la necesidad de reformar la Carta Magna para incluir un mínimo de financiación para la universidad pública, mientras que Podemos sopesa una propuesta para modificar la Ley del Sistema Universitario.
Madrid-
Sumar sugiere una reforma constitucional para blindar la financiación de la universidad pública y Podemos sopesa una propuesta de reforma de la Ley del Sistema Universitario para caminar hacia un cambio radical de modelo que culmine con la eliminación de la universidad privada. Ambas formaciones han entrado de lleno en el debate sobre la universidad abierto con el anuncio de Pedro Sánchez de este lunes.
El presidente del Gobierno ha sorprendido a principios de esta semana con un movimiento legislativo materializado este martes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo tratará de reformar un Real Decreto-Ley de Manuel Castells de 2021 para endurecer los requisitos de creación de centros universitarios privados. Entre otras cosas, el Ejecutivo ha acordado que sea el Congreso quien apruebe la creación de universidades online.
Además, solo podrán nacer nuevas universidades privadas si cuentan con un informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y si alcanzan un mínimo de 4.500 estudiantes en cinco años. Hasta ahora, el informe que precedía la creación de dichos centros no era vinculante. De todas formas, como con cualquier otro decreto, una mayoría parlamentaria tendrá que convalidarlo.
Pero, más allá de la reforma que propone Sánchez, el debate sobre la universidad se ha reabierto en el Congreso y tanto Sumar, como Podemos sopesan iniciativas legislativas para profundizar en él. Aunque todavía se encuentran en un estado muy embrionario, quieren aprovechar que la discusión del modelo universitario está de nuevo sobre la mesa.
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha sugerido durante la mañana de este martes una reforma constitucional para blindar la financiación de la universidad pública "hasta alcanzar el 1,3% del PIB". Fuentes del grupo parlamentario resumen que su espacio apuesta por un "pacto social" que culmine en esa reforma de la Carta Magna. Para ello, eso sí, haría falta un acuerdo que incluyera al Partido Popular (PP), toda vez que las modificaciones de la Constitución requieren una mayoría de tres quintos en cada una de las cámaras.
Martínez Barbero, además, ha insistido en la importancia de que la red de becas "permita a cualquier joven estudiar con plena dedicación" y ha recordado, en relación estrictamente con el movimiento de Sánchez, que Sumar ya propuso una "moratoria de diez años en la apertura de nuevas universidades privadas".
La reacción de Podemos ha sido algo más drástica. Javier Sánchez Serna, portavoz parlamentario de los morados, ha defendido desde el Congreso la eliminación de la universidad privada y ha hablado de la posibilidad de que su grupo parlamentario registre algún tipo de iniciativa parlamentaria, sin terminar de aclarar si se tratará de una ley como tal.
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Fuentes de Podemos, en conversación con Público, confirman que los de Belarra están valorando la posibilidad de promover una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LESU) con el objetivo de caminar hacia un desmantelamiento progresivo de la universidad privada, aumentar entretanto los requisitos de investigación para que "transfieran conocimiento a la sociedad" y, en la línea de Sumar, tejer un plan de financiación para proteger la publica.
Tanto Sumar, como Podemos saludan las intenciones del Gobierno, pero no renuncian a la posibilidad ensanchar el debate y arrastrar al PSOE a un cambio más profundo del modelo. De todas formas, no está claro todavía en qué quedarán las intenciones legislativas que han perfilado este martes.
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La lucha por una universidad pública de calidad ante la privatización del sector es, en cualquier caso, una bandera de todas las izquierdas. Más allá de Sumar y Podemos, también Esquerra Republicana, EH Bildu o el BNG la han ondeado en los últimos años. Los nacionalistas gallegos explican a este medio que ellos no creen en el modelo privado "y menos aún en el sector del conocimiento y la formación de los y las futuras profesionales", por lo que, "más que una limitación" como propone el PSOE, apuestan por "emplear todos los recursos disponibles en la pública".
Esquerra Republicana, por su parte, se desmarca en un apartado concreto de la propuesta del Gobierno. Ven la reforma del decreto de Castells como "un paso hacia adelante" y aborrecen un modelo que parece diseñado para "enriquecerse a costa de los estudiantes", pero no comparten que sea la ANECA la organización encargada de elaborar el informe vinculante para permitir la creación de un centro universitario privado. "En el caso de las universidades catalanas, tiene que ser la Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU)". Tampoco quieren que sea el Congreso quien decida sobre la aprobación de dichos centros, sino el Parlament de Catalunya.
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El PP acusa a Sánchez de "enfrentar" a los ciudadanos
El anuncio de Sánchez ha abierto, en el otro lado del tablero, un nuevo escenario de choque entre el PSOE y el Partido Popular, que ha aprovechado las palabras del líder socialista para acusarle generar un nuevo "enfrentamiento entre ciudadanos". Fuentes populares tachan de "disparate" la reforma que propone el Gobierno, por lo que confirman que el Ejecutivo no podrá mirar a la derecha para convalidar el decreto cuando llegue al Congreso, algo con lo que, a priori, ya contaban en el PSOE.
El entendimiento natural en una iniciativa parlamentaria de este tipo sería el bloque de investidura, aunque ni PNV ni Junts se han pronunciado en las últimas horas. Anteriormente, en cambio, los posconvergentes sí se opusieron a una PNL que proponía frenos a la creación de universidades privadas. Así, su voto favorable no parece asegurado. Por otro lado, las observaciones que ha hecho ERC acerca de los órganos competentes que propone Sánchez para decidir sobre la creación de dichos centros pueden emerger en una eventual negociación cuando el Gobierno tenga que convalidar el Real Decreto-Ley. Está por ver la fuerza que están dispuestos a hacer los republicanos en ese sentido.
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