PP y PSOE se enrocan en sus diferencias sobre el decreto antiaranceles pero mantienen la negociación
Las medidas que aprobó el Gobierno para paliar los efectos del 'shock' arancelario desencadenado por Donald Trump tienen que ser convalidadas por el Congreso este mes de mayo.
El Partido Popular quiere abordar en su diálogo con el Gobierno la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares, pero desde el PSOE piden no poner sobre la mesa elementos ajenos al decreto.

Madrid--Actualizado a
Las dos semanas sin Pleno con las que termina el mes de abril y empieza el de mayo dan al Gobierno un cierto margen para ahondar en la negociación con el Partido Popular (PP) sobre la convalidación del Real Decreto-Ley que aprobó el 8 de abril para proteger a las empresas españolas de la guerra arancelaria desencadenada por Donald Trump. Sin apenas actividad parlamentaria, buena parte de los esfuerzos del Ejecutivo se centrarán en arrastrar al PP al acuerdo, aunque por el momento las posiciones de una y otra formación siguen en el mismo punto que antes del parón de Semana Santa.
La "mano tendida" de la que hablaron Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, durante la comparecencia en el Congreso del primero de ellos —el día después de que el Gobierno aprobara el decreto— continúa vigente, pero, a juzgar por lo que se traslada tanto desde Ferraz, como desde Génova, no se ha avanzado prácticamente nada.
De hecho, la negociación permanece en estos momentos bloqueada, aunque la mesa en la que están sentados ambos partidos no ha saltado ni mucho menos por los aires. De hecho, en el PSOE son incluso "optimistas". Ha sido la portavoz socialista, Esther Peña, quien ha utilizado esa palabra en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes. "Me costaría explicar, si fuera del PP, que estoy más cerca de la extrema derecha que de los españoles", ha rematado.
Pero lo cierto es que en estos momentos todavía hay un paquete de medidas que plantean los populares que obstaculizan el acuerdo. Una de las condiciones que ha puesto el PP para otorgar su "sí" al decreto tiene que ver con diseñar un mecanismo con el que alargar la vida útil de las centrales nucleares, algo que en principio ni ha comprado ni va a comprar el PSOE, toda vez que la terminación de forma paulatina de la energía nuclear en España es uno de sus grandes objetivos de la década, tal y como figura en el Séptimo Plan General de Residuos Radioactivos.
Ceder ante esa exigencia de los populares significaría traicionar un compromiso programático propio, habida cuenta de que los socialistas incluyeron "el desmantelamiento ordenado y progresivo de las centrales nucleares" en su programa electoral para las elecciones del 23 de julio de 2023.
Por eso, el Gobierno insiste en "diferenciar dos ámbitos", en palabras de Carlos Cuerpo en una entrevista concedida este fin de semana al diario El Mundo. El ministro explicó que hay elementos que exceden a la mera respuesta a los aranceles —"medidas estructurales vinculadas a la competitividad"— y por lo tanto al marco de la negociación.
Preguntado concretamente acerca de si el Ejecutivo estaría dispuesto a estudiar la propuesta del PP referente a alargar la vida de las centrales nucleares, el titular de Economía puso la pelota en el tejado de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, aunque dejó una fina rendija abierta a interpretación: "Es bueno y necesario que tengamos una discusión abierta sobre la competitividad y la productividad de la economía española".
Es el propio Cuerpo quien está negociando personalmente la convalidación del decreto con Bravo y el mensaje que lanza es de tranquilidad. Califica las interlocuciones como "fluidas". Sin embargo, Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP, ha sido muy dura este lunes en una comparecencia ante los medios y se ha quejado de que el Ejecutivo no haya aceptado "ni uno" de los puntos del "plan competitivo" que le ha presentado el PP. Los tiempos legislativos obligan a Pedro Sánchez a convalidar el decreto en el Congreso a principios de mayo y, a medida que avanzan los días, la negociación se va convirtiendo poco a poco en una contrarreloj, como viene siendo costumbre.
La vía Podemos
Desde el primer momento, el Gobierno ha demostrado que con quien quiere convalidar preferentemente el decreto es con el PP. Quedó claro en la comparecencia de Cuerpo y fuentes socialistas han subrayado en los últimos días la relevancia de demostrar unidad en un escenario comercial tan convulso. No obstante, si descarrila el diálogo con los populares, el Ejecutivo tendrá otra opción con la mayoría de investidura.
Los votos de su aliado más incómodo, Junts per Catalunya, están asegurados, habida cuenta de que el Gobierno y los posconvergentes alcanzaron un acuerdo que ponía negro sobre blanco que llegará a las empresas catalanas un 30% de los fondos que movilizará el decreto. Ese 30% corresponde al peso de las exportaciones a EEUU de las compañías catalanas con respecto a las del resto del Estado.
La gran incógnita está en Podemos. Los votos de los morados serían necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria con la que convalidar el decreto si el PP se mantiene en el "no" y, por el momento, están muy lejos de asegurar su apoyo. Nada más empezar la andanada arancelaria de Trump, los de Ione Belarra propusieron una medida sobre la que el Ejecutivo ni siquiera se ha pronunciado: expropiar los inmuebles en España de los fondos buitre estadounidenses.
De todas formas, fuentes de Podemos explican a Público que tampoco por su lado se ha producido en los últimos días ningún tipo de acercamiento, aunque el PSOE estará obligado a llamar a su puerta si no fructifica la interlocución con el PP.
¿Qué está en juego?
En juego están más de 14.000 millones de euros repartidos entre los avales ICO y la línea ICO de financiación, el Fondo de Inversión Industrial Productiva, el Plan Moves III o los Fondos del Plan de Recuperación, entre otros instrumentos. La movilización de dichos avales y fondos se llevará a cabo a partir de un criterio empresarial y en ningún caso territorial, tal y como se esmeró en recalcar el Gobierno tras el acuerdo que alcanzó con Junts.
En este punto, el Ejecutivo ya ha consumido la mitad del tiempo que tenía para reunir el apoyo necesario en la Cámara Baja con el que convalidar el decreto. Las próximas dos semanas serán decisivas y tanto desde Moncloa, como desde Ferraz apelan al sentido de Estado del PP para sacarlo adelante.
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