La quita de la deuda autonómica que propone Hacienda tensiona a los partidos de Sumar

Hay consenso entre PSOE y Sumar acerca de la importancia y la conveniencia de activar una condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Sin embargo, también hay discrepancias en algunas derivadas e, incluso, algunas voces de dentro del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados deslizan que los criterios utilizados para establecer el porcentaje de deuda que se condona a cada una de las regiones discrimina a algunos territorios. Y eso está generando tensiones.

El quid de la cuestión es que la quita de la deuda que propone Hacienda tendrá que pasar sí o sí por el Congreso de los Diputados. Y ahí el PSOE tendrá que trabajarse los apoyos parlamentarios suficientes para que la medida no corra peligro.

Más allá de la oposición frontal que ha escenificado el Partido Popular —que ha tenido algunas fugas, como contó Público—, las posturas más críticas con el movimiento del PSOE han aparecido dentro del grupo de su socio de Gobierno. Àgueda Micó, de Compromís, ha sido la más dura, pero también desde Més per Mallorca y Chunta Aragonesista expresan su incomodidad con el tratamiento que han recibido Balears y Aragón en el plan.

La propuesta del Gobierno consiste en aprobar una quita de la deuda a las comunidades valorada en 83.252 millones de euros y para fijar qué porcentaje se condona a cada autonomía se han elegido una serie de criterios: la población ajustada, alcanzar un porcentaje mínimo del 20% para asegurar un mínimo de quita y la compensación de infrafinanciación histórica. 

Y son esos elementos —o cómo se han empleado— los que han enfadado a varias de las formaciones que componen el grupo de Sumar. En Compromís son muy claros. Àgueda Micó insistió este martes en una rueda de prensa en el Congreso en que, a pesar de que la infrafinaciación sea uno de los criterios que se han seguido para decidir cuánta parte de la deuda se condona a cada autonomía, son números "que tienen que ver con la crisis de 2008" y que "obvian la situación de infrafinanciación histórica que tenemos muchos territorios; el que más, el País Valencià". 

Las críticas de Compromís, CHA y Més

Micó puso números sobre la mesa. "El País Valencià", explicó, "tiene una deuda histórica de 59.000 millones de euros". De esos 59.000, 47.000 corresponen a las falta de financiación autonómica del Estado con respecto al País Valencià. La condonación de la deuda que ha propuesto Hacienda incluye una quita de unos 11.000 millones a la región. Y eso es lo que, en Compromís, no están dispuestos a tolerar. Micó especificó en su atención a medios que un 78,6% de la deuda valenciana corresponde a la infrafinanciación del Estado y que el plan del Gobierno solo le condonaría alrededor de un 19%, mientras que —abrochó Micó— "el porcentaje que acabaría quitándose, por ejemplo, a Andalucía sería de un 47,2%".

Así las cosas, en Compromís están a favor de la condonación, pero no de esta forma. De alguna manera es la misma postura que expresa Vicenç Vidal, diputado de Més per Mallorca, que directamente atribuye a María Jesús Montero la intención de "priorizar sus intereses partidistas en Andalucía", donde se presentará como candidata a las elecciones autonómicas. Califica el sistema diseñado como "tramposo", aunque con la misma contundencia afirma que cualquier condonación es positiva.

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Lo mismo ocurre en las filas de Chunta Aragonesista. Jorge Pueyo, diputado de CHA en el grupo de Sumar en el Congreso, deslizó que "no pueden generarse desigualdades de unos territorios con otros", pero que los 2.124 millones que se condonarán a Aragón no son suficientes, habida cuenta, también, de su deuda histórica. Pueyo pone la pelota en el tejado de Jorge Azcón, presidente aragonés, pero también en el Gobierno, que tiene que tener en cuenta las especificidades de los territorios. De todas formas, también avala que se condone deuda.

Con todo, la formación que más lejos ha llegado en sus declaraciones públicas es Compromís, que ha condicionado su apoyo a la medida cuando llegue al Congreso a que se produzcan correcciones o compensaciones. Fuentes del partido deslizan, en conversación con Público, que ellos han "explicado su postura en la dirección del grupo parlamentario y que se ha recibido bien", pero a la vez admiten que dudan acerca "del nivel de fuerza que va a hacer Sumar" para que se produzcan esos cambios que exigen los valencianistas.

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Pese a la dureza de las críticas de estas formaciones, tanto en Movimiento Sumar como en Izquierda Unida consideran que no existe a día de hoy una "división" en el seno del grupo parlamentario acerca de esta cuestión. Los de Yolanda Díaz admiten que, aunque les gusta "la música" de la condonación planteada por Hacienda, sus términos y su "manera de hacer las cosas" no son por las que optaría este espacio.

Movimiento Sumar e IU piden que la quita de la deuda vaya acompañada de una reforma estructural de la financiación autonómica

La vicepresidenta segunda defendió a principios de la semana que la condonación debería llegar de la mano de una reforma de la financiación autonómica que atendiera "de manera equilibrada" a las necesidades concretas de cada territorio. En Movimiento Sumar, y también en IU, son conscientes y comparten la reivindicación de que comunidades como el País Valencià o Aragón están infrafinanciadas y que es necesario corregir este desajuste.

Los de Díaz, además, quieren que la quita de la deuda autonómica esté condicionada; en concreto, defienden que si una comunidad quiere acogerse a la condonación se comprometa antes a no bajar impuestos a las rentas y a los patrimonios más altos. "No puede ser que la Administración central se haga cargo de 1.000, 2.000 o 3.000 millones de deuda de los territorios para que luego las comunidades puedan dejar de recaudar 1.000, 2.000 o 3.000 millones por bonificar Sucesiones y Donaciones", explican fuentes de este espacio.

En IU también defienden aprovechar la condonación ofrecida por Hacienda para abordar una reforma de la financiación autonómica, pero, además, piden abordar una reforma de la financiación local. Los de Antonio Maíllo son especialmente críticos con las ataduras que la ley de estabilidad presupuestaria impone a los ayuntamientos a la hora de hacer inversiones (la norma les impide invertir su superávit en servicios sociales en determinados contextos, lo que se conoce como la regla de gasto).

Maíllo defendió el pasado miércoles que la condonación de la deuda sólo tendría sentido si viene precedida de una reforma estructural del modelo de financiación autonómica: "Solamente así se puede entender este paso. Solo así tendría sentido y coherencia", explicó.