El juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado toma medidas para evitar más filtraciones

Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo, que instruye la causa contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha dictado un auto este martes en el que establece que a partir de ahora los anexos de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) no se entreguen a las partes, sino que se consulten presencialmente en la Secretaría del tribunal.

De esta forma, el magistrado pretende evitar más filtraciones de datos tras la queja de García Ortiz, quien hace un par de semanas denunció al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el Supremo había difundido sus datos personales y sus registros de llamadas, muchas de ellas ajenas a la causa. 

En concreto, García Ortiz se quejó sobre la vulneración de la normativa de protección de datos por la difusión de anteriores informes de la UCO remitidos a las partes que intervienen en la causa abierta al fiscal general del Estado, acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de información de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sobre su investigación por fraude fiscal.

Pero antes de resolver sobre la queja del fiscal general, el juez Hurtado también señala en su auto que es una "evidencia" que García Ortiz "ha hecho desaparecer pruebas" que podrían encontrarse en sus móviles. 

"No desconoce este magistrado que carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar", escribe Hurtado, pero luego añade que "tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal".

"Es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el 16 de octubre [fecha en la que se abrió la causa en el Supremo contra el fiscal general del Estado]", escribe el magistrado en referencia al borrado de su móvil que hizo García Ortiz y que él mismo reconoció en su declaración ante el juez el pasado 29 de enero. 

Según un informe de la UCO, el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones, el 16 de octubre, el día que el juez abrió la investigación contra él, y que su cuenta de correo personal, a la que llegaron los correos que se investigan, "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar".

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Público / Agencias

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