La otra cara de la mayor incautación mundial de cannabis: "¿Cómo es que cogen 32 toneladas y nadie va a prisión?"

La Guardia Civil difundió hace una semana una nota en la que informaba de la mayor intervención de marihuana envasada realizada en España y "a nivel internacional": 32.370 kilos de cogollos de cannabis guardados en bolsas de plástico. Casi el 95% fue incautado en una empresa de València, cuyo propietario asegura que se trata de un gran error, que eso no es droga, es cáñamo, CBD, sin propiedades psicoactivas. Una actividad de la que, además, había informado al puesto de la Guardia Civil de Xátiva en un centenar de comunicaciones previas.

Francisco Gómez Carbó es el director ejecutivo de esa empresa, E-Canna Farming, la única en toda España, según él, que se dedica a la transformación de cáñamo industrial cultivado en diferentes partes del país, labor que consiste, básicamente, en extraer la fibra del tallo central, por un lado, y en separar las flores y envasarlas en bolsas de un kilo, por otro. Cientos de esas bolsas fue lo que encontraron los agentes de la Guardia Civil el pasado 21 de octubre cuando entraron en dos naves de la provincia de València, en el marco de la denominada Operación Jardines que se extendió a otras provincias de Castilla-La Mancha y Asturias y se saldó con veinte detenidos.

Francisco Gómez fue uno de los detenidos. Y ahora se encuentra en libertad con cargos, a la espera, dice, de que los análisis encargados por el juzgado de Almagro (Ciudad Real) que instruye la causa determinen la psicoactividad del cannabis intervenido. La Guardia Civil sostiene que es droga, marihuana; y el empresario, que es cáñamo por su bajo nivel de THC, componente psicoactivo de la planta, fundamentalmente CBD. Este último es un componente que se puede utilizar en el ámbito de la industria cosmética, textil o de cuidados. "¿Cuándo en la historia del narcotráfico han cogido 32 toneladas de droga y nadie ha ido a prisión?", se pregunta.

La nota de prensa difundida por el Ministerio del Interior el pasado 5 de noviembre con el titular "La Guardia Civil incauta el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento" señalaba que en dos naves de València se habían intervenido 30.530 kilos de cogollos, 20 kilos de polen –todo envasado al vacío-, 21.600 plantas en proceso de secado y 231.200 cajetillas de cogollos. "Desde ahí los detenidos procesaban el género, separando los cogollos y envasándolos al vacío en diferentes formatos para enviarlos tanto a lugares del territorio español como a países europeos, principalmente Suiza, Holanda, Alemania y Bélgica", añadía la nota.

Sin embargo, en la propia página web de la empresa intervenida ya se explica todo el trabajo que hacen, sin necesidad de ninguna investigación, incluso se muestran fotos, datos de contacto y currículum del personal directivo, así como imágenes de las plantas. "Una vez que las plantaciones están cosechadas y se ha pasado al proceso de secado, el último paso antes de su venta es el procesado del cáñamo. En nuestras instalaciones trabajamos para que este proceso cumpla con los mayores estándares de calidad y comprometidos con que el producto satisfaga las necesidades del comprador final", se explica en uno de los apartados de la web de E-Canna Farming.

Un centenar de comunicaciones al Grupo Roca

No sólo publicitaban su actividad en internet a través de la página de la empresa, también, según su responsable, se la comunicaron a distintas administraciones públicas mucho antes de que el pasado 21 de octubre agentes de la Guardia Civil entraran en sus instalaciones con la operación Jardines. Francisco Gómez asegura que, mediante correos electrónicos, han comunicado un centenar de veces su actividad al Grupo Roca de la Guardia Civil en el puesto de Xátiva, especializado en la lucha contra los robos en el campo. En uno de ellos, al que ha tenido acceso Público, se lee: "Comunico el envío de un kilogramo de flor de cáñamo industrial a través de la empresa (...) Adjunto tracking y toda la documentación pertinente. De requerir más documentos, ruego que se ponga en contacto con nosotros y se lo facilitaremos a la mayor brevedad posible".

Gómez Carbó: "¿Cuánto dinero se han gastado en esta investigación, con lo fácil que hubiera sido llamar a la Guardia Civil de Xátiva y que les contaran lo que estamos haciendo?"

Por similares razones, aplicando un "derecho preventivo", el propietario de esta empresa transformadora de cáñamo también presentó el pasado agosto una solicitud de tutela judicial en un juzgado de Ontinyent. Pretendía que su actividad fuera supervisada por una autoridad judicial, según él, para que quedara completamente claro que no hay nada ilícito en lo que hacen. "¿No le da que pensar a la Guardia Civil que seamos nosotros mismos los que pedimos que nos investiguen para que todo esté claro? ¿Cuánto dinero se han gastado en esta investigación, con lo fácil que hubiera sido llamar a la Guardia Civil de Xátiva y que les contaran lo que estamos haciendo?", se pregunta el empresario.

Pese a toda esa prevención, varias decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en las instalaciones de E-Canna y detuvieron a 15 personas, incluso a empleados de otra empresa de albañilería que compartía oficinas en un coworking, según Gómez Carbó. Él se encontraba en Madrid en ese momento y volvió rápidamente a València cuando le llamaron. Estuvo detenido en el puesto de Xátiva, después en Toledo y luego en Almagro, hasta que declaró en el juzgado y lo pusieron en libertad con cargos, como al resto. "Mi declaración fue tan demoledora que ni el fiscal pudo pedir mi ingreso en prisión como era su intención", afirma.

Desde entonces han pasado ya tres semanas y, según el empresario, aún no se ha hecho la analítica de los cogollos y las plantas incautadas ordenada por la jueza que instruye el caso para determinar si es o no droga, aunque la Guardia Civil ya ha difundido esa intervención como la mayor que se ha hecho "a nivel internacional" de marihuana envasada. Su teoría es que han dado una gran publicidad a la operación para que no se pueda archivar, para que no suceda como le ocurrió en 2020, al poco de echar a andar la empresa, cuando una intervención de la Policía Nacional fue archivada por un juzgado de València tras determinarse que no había principio psicoactivo en el cannabis incautado.

E-Canna, según su dueño, lleva dos campañas de procesamiento de cáñamo industrial, un sector en el que entró hace un par de años cuando se dio cuenta de su gran potencial económico por su creciente demanda en toda Europa. El cáñamo recolectado que los agricultores españoles antes enviaban directamente a Suiza o Italia para su transformación, empezaron a mandarlo a València, donde le daban una trazabilidad a esa producción para luego exportarla a otros países. "Por eso había 32 toneladas cuando hicieron la intervención, porque estábamos en negociación con los compradores de Europa, de Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Suiza", explica Gómez Carbó.

Un negocio que en España da trabajo a 10.000 familias

El empresario invirtió medio millón de euros para poner en marcha dos naves con una superficie total de unos 2.700 metros cuadrados, lo que da trabajo a 15 personas, aunque en algún momento de la campaña han llegado a ser 60. Su facturación anual, asegura el director ejecutivo, no llegó a los 300.000 euros en el primer año y en este que está a punto de terminar esperaban superar los 400.000 por el servicio de procesamiento del cáñamo industrial contratado por agricultores de toda España. Además, tal como se informa en la web de E-Canna Farming, ofrecen servicios de asesoramiento técnico para la plantación de cáñamo y de consultoría legal para proyectos de cannabis medicinal y solicitud de licencias de cultivo a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad.

Gómez Carbó: "Es un negocio de muchos miles de personas que parece que quieren que sean sólo de cuatro familias, que sólo se pueda vender CBD en el canal farmacia y que sólo sea de industrias farmacéuticas"

Esto es una parte del negocio del CBD que, según Francisco Gómez, mueve ya en España mensualmente en torno a 12,5 millones de euros con su distribución en 2.500 puntos de venta física y por internet, dando trabajo a unas 10.000 familias, entre agricultores y vendedores. "Es un negocio de muchos miles de personas que parece que quieren que sean sólo de cuatro familias, que sólo se pueda vender CBD en el canal farmacia y que sólo sea de industrias farmacéuticas". Eso es lo que explica, a su juicio, la operación policial contra su empresa.

"Pero yo no voy a claudicar, yo no me voy a ir a Portugal, como hacen algunos empresarios, porque allí sí está permitido el CBD. Yo voy a pelear aquí, con uñas y dientes", advierte el propietario de E-Canna. Su abogado asegura que la próxima semana presentarán una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra los responsables del grupo de la Guardia Civil de Toledo que llevó a cabo la operación, por revelación de secretos con la difusión de imágenes de su empresa a través de la nota de prensa, y por prevaricación, al haber sido trasladados a Almagro para que su caso sea instruido en esa localidad manchega, en vez de en València, donde se hizo la detención.

Según el abogado, lo dispuesto en el Real Decreto de 28 de diciembre de 2021 para la aplicación en España de la PAC (Política Agraria Común) desmiente la argumentación del atestado de la Guardia Civil sobre que se puede cultivar cáñamo únicamente con autorización de la AEMPS, ya que esa norma establece que el agricultor de cáñamo también puede presentar prueba de la existencia de un contrato con la industria transformadora a la que se destine su producción, que en este caso sería E-Canna Farming.

El lío legal en España con el cáñamo industrial

Esta operación ha puesto otra vez sobre la mesa el laberinto legal en el que se mueve el cáñamo en España, cuya superficie de cultivo acreditado se ha multiplicado por ocho en los últimos años, hasta superar las 500 hectáreas, tal como señaló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en una nota informativa publicada en abril de 2021. El objetivo de esa nota, elaborada en colaboración con las comunidades autónomas, la AEMPS y la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, era explicar a los agricultores las condiciones de la producción de esta planta y advertirles de los ilícitos en los que pueden incurrir ante los crecientes cultivos de cannabis con fines industriales.

Ante todo el barullo legal que persiste en España con el cáñamo industrial, una empresa instalada en Portugal llegó a animar el año pasado a los agricultores españoles a llevar al país vecino su producción

El ministerio subrayó en la nota informativa que es necesario utilizar semillas de variedades inscritas en el catálogo de la UE, que sólo se puede destinar a la obtención de grano, fibra o semillas, y que las sumidades floridas, más conocidas como cogollos, son consideradas estupefacientes, por lo que no pueden ser destinadas a ninguna finalidad, tampoco a la extracción del CBD, componente del cannabis utilizado con fines médicos y cosméticos, salvo que lo autorice la Agencia Española de Medicamentos.

Dos meses después de esa nota, la Fiscalía Especial Antidroga redactó una instrucción ante una consulta elevada por los fiscales delegados de Andalucía, en la que estos exponían la diferencia de criterios frente a la problemática surgida por la proliferación de plantaciones de cannabis presuntamente destinadas a fines industriales y/o medicinales, pero que en determinados supuestos implican una extracción y distribución de cogollos u obtención de CBD, "actividades que deben considerarse prohibidas", señalaban. Los fiscales de la comunidad andaluza advertían de que en algunas provincias, especialmente Almería, se estaban siguiendo procedimientos penales contra ese tipo de plantaciones, independientemente del grado de concentración de THC (componente psicoactivo) de los cogollos, mientras que en Sevilla y Granada sólo lo hacían si superaban un porcentaje del 0,2%.

La Fiscalía Antidroga respondió que, en el caso de las plantaciones para uso industrial, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben comprobar, además del registro de los cultivos y las autorizaciones pertinentes, que no se ha realizado ninguna actividad de tráfico de las partes de la planta incluidas en el Convención Única de Naciones Unidas de 1961, integrada en España por la Ley 17/1967, que establece que las sumidades floridas tienen la consideración de estupefacientes, independientemente de la proporción de THC que contengan.

Sin embargo, tanto la instrucción de la Fiscalía como la nota informativa del Ministerio de Agricultura han ido en dirección opuesta a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en noviembre de 2020 determinó que un estado miembro no puede prohibir la comercialización de CBD producido legalmente en otro país de la UE, cuando se extrae de la planta de cannabis en su totalidad y no sólo de sus fibras y semillas. En la resolución, el tribunal comunitario señala que el CBD no puede considerarse "un estupefaciente", atendiendo al espíritu general de la Convención Única de Naciones Unidas sobre drogas. A su entender, a diferencia del THC, otro cannabinoide del cáñamo, el CBD no parece tener efectos psicotrópicos ni efectos nocivos para la salud humana.

El mismo criterio de las autoridades españolas en cuanto a la legalidad del cáñamo industrial ha variado con el tiempo. Así, el Real Decreto 1729 del año 1999 sobre concesión de ayudas al lino textil y el cáñamo dispone que las comunidades autónomas deben comprobar el nivel medio de THC de la variedad cultivada y verificar que no supera el mínimo permitido. Y la propia AEMPS, en una respuesta a una consulta judicial, consideró en 2004 que una concentración del 0,2% o inferior de THC "no debe considerarse incluida en las Listas I y IV del Convenio sobre sustancias estupefacientes", y, por tanto, no debe ser fiscalizada y perseguida.

Y el caso es que algún juzgado de lo Penal de España ya ha emitido sentencias absolutorias para personas acusadas de vender o producir CBD, en las que el magistrado cita en el desarrollo de su fundamentación el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 que considera ilegal prohibir la comercialización de ese producto hecho en otro país comunitario cuando se extrae de la planta de cannabis en su totalidad.

Ante todo este barullo legal que persiste en España con el cáñamo industrial, una empresa instalada en Portugal llegó a animar el año pasado a los agricultores españoles a llevar al país vecino su producción. Lo hizo poniendo un anuncio en su página web en el que se decía: "debido a las limitaciones destacadas a las que se enfrentan los agricultores de cáñamo en España, The Hemp Clinic puede ahora ayudar a los agricultores españoles a obtener el producto final que siempre quisieron, procesando las plantas en nuestras instalaciones de Portugal y también en las nuevas instalaciones en Gibraltar estimadas para 2022".