El Estado reconoce un pago de 318 millones por el rescate de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda

El Gobierno ha fijado en 318,12 millones de euros el importe que el Estado debe pagar por el rescate de la autopista de peaje AP-36 Ocaña-La Roda a la sociedad que construyó y explotaba la vía, y a sus acreedores, según informó el Ministerio de Transportes.

Este es el monto que arroja la fórmula que el Ejecutivo diseñó para calcular la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), esto es, el importe que, por contrato, debe abonar por la inversión que realizaron en la construcción de la autopista y no dio tiempo a amortizar antes de que quebrara y el Estado la recatara.

Se trata de la segunda de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y actualmente son gestionadas por Transportes sobre las que el Gobierno calcula esta factura.

El cálculo se realiza después de que el efectuado para esa primera, la M-12 Eje Aeropuerto, arrojara un importe a pagar de cero euros.

En el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda, la fórmula determina una RPA de 319,90 millones, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones a las expropiaciones.

De esta cantidad, el Ejecutivo descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación, y otros 2,20 millones por la "minoración" de las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Además, retiene 1,77 millones más para hacer frente a pagos de este tipo aún pendientes.

En total, el Departamento que dirige José Luis Ábalos determina que el Estado debe pagar 318,12 millones de euros a la exconcesionaria y los acreedores de la AP-36.