Las evidencias de un sumario judicial que pone en el centro a las víctimas de la DANA
Seis meses después de las inundaciones en el País Valencià, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ampara a las familias de las víctimas con una investigación aplaudida que intenta probar la relación de causalidad entre los fallecimientos y la inacción de los responsables de Emergencias del Govern de Carlos Mazón.
Madrid-
En un país poco acostumbrado a respuestas judiciales ágiles, la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (València), sobre las 228 muertes ocurridas durante la DANA del 29 de octubre de 2024 en el País Valencià, está reconfortando a las familias de los fallecidos. Ven en ella "ganas de ayudar", "valentía" y "diligencia", dicen desde la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia, la entidad de víctimas que presentó la primera querella por la gestión de la catástrofe.
El próximo martes se cumplen seis meses de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que a su paso por València afectó a 78 municipios, dejando familias rotas por el dolor y un paisaje desolador: calles embarradas, sin suministros básicos, con riadas de coches que hacían imposible el tránsito durante los primeros días, puentes derribados y carreteras bloqueadas.
Y en el centro de aquella tragedia, las víctimas. La jueza no se cansa de repetir prácticamente en cada uno de sus autos que "el objeto de este procedimiento es el análisis del fallecimiento de 227 personas, una de ellas embarazada de ocho meses, una desaparecida y los lesionados, y la ausencia de decisiones para salvaguardar a la población y la normativa aplicable al caso". A diario, sigue tomando declaración a los perjudicados, para los que ha solicitado informes forenses para acreditar el impacto psicológico.
"Las pruebas deben de centrarse en el referido nexo causal entre la inactividad de a quienes se atribuye la condición de investigados, su posición de garantes y los fallecimientos", expuso la jueza cuando imputó a los dos únicos investigados de momento: Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior del Govern, y Emilio Argüeso, ex responsable autonómico de Emergencias. "La jueza está centrada en probar la relación de causalidad entre las muertes y las posibles negligencias de los responsables para poder imputarles los 228 homicidios imprudentes", explica el abogado Joan Comorera, que representa a la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas del sindicato CGT (FETAP-CGT), acusación popular en la causa.
Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en sus previsiones de que esta investigación penal será larga, posiblemente llegará hasta finales de este 2025, porque quedan muchos testigos por declarar. La actividad en el juzgado —se ha reforzado para que la jueza Nuria Ruiz Tobarra se dedique en exclusiva a esta causa hasta el 30 de junio, en principio— es de tal dimensión que prácticamente a diario se emiten nuevos autos. El sumario, con miles de páginas, está arrojando evidencias que cercan al Govern de Carlos Mazón, parapetado en su condición de aforado para no declarar en la causa, como le ha invitado a hacer la jueza.
La competencia era de la Generalitat
Es la primera evidencia que la jueza plasma en sus escritos: la competencia para proteger a la población valenciana frente a la gota fría o DANA correspondía en exclusiva al Gobierno valenciano. "El Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias, así lo establece la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias. A la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil", ha afirmado en varias ocasiones la magistrada.
Y reprocha la estrategia del equipo de Mazón de atribuir al Gobierno central la responsabilidad por no haber declarado la emergencia nacional. Lo que para ella supone "un reconocimiento explícito de la manifiesta pasividad de la Administración autonómica, que no supo alertar, ni en tiempo ni acertadamente, a la población, con el resultado mortal conocido y que exigiría, siguiendo dicha tesis exculpatoria, que se le arrebatara el mando de la emergencia".
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Alerta tardía y mensaje "errado"
Otra evidencia del sumario se refiere al envío "tardío y errado" del mensaje de alerta a los móviles, que llegó a las 20.11, cuando ya habían fallecido la mayoría de las víctimas. Para la jueza no hay duda de que el sistema ES Alert de alerta masiva a la población mediante teléfonos móviles se activó "tarde" y con un mensaje "errado", que instaba a la población a evitar "cualquier tipo de desplazamiento por la provincia de València".
La jueza considera que ese mensaje en el momento preciso que fue lanzado carecía ya de sentido y que se debió alertar a la gente para que subiera a las plantas altas de los edificios para intentar ponerse a salvo.
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"La instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta juez instructora —dice la magistrada en uno de sus autos— de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto, por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos".
"Incapacidad" de los responsables
La jueza Ruiz Tobarra señala la "incapacidad en la toma de decisiones" de los excargos de la Generalitat investigados. "Se ha alegado falta de experiencia, falta de conocimiento de la situación y se delegó la responsabilidad en los técnicos, entre otros elementos exculpatorios", dice en relación a Salomé Pradas. Esta declaró el pasado 11 de abril, entre lágrimas, que ignoraba todo lo relacionado con la gestión de las emergencias, competencias que lleva aparejada la Conselleria de Justicia e Interior, de la que fue destituida por Mazón el 24 de noviembre de 2024.
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No se puede alegar desconocimiento
La instructora rechaza la tesis esgrimida por los investigados de que no les llegó la información sobre el nivel de lluvias y el riesgo de desbordamiento de los ríos proporcionada por la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependientes ambas del Gobierno central. Así de contundente se ha manifestado en uno de sus últimos autos: "No es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico [Emilio Argüeso], el SAIH [Sistema Automático de Información Hidrológica] ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia".
Ruiz Tobarra resalta en dicho auto que Argüeso entregó un informe pericial al juzgado en el que podía leerse un mensaje de WhatsApp que envió a las 14.44 horas en un chat de altos cargos de la Generalitat en el que decía que "los barrancos están a punto de colapsar". Para la instructora, esta advertencia realizada por el responsable de Emergencias significa que el Govern estaba al tanto del enorme riesgo de inundaciones, incluido el desbordamiento del barranco del Poyo, pese a que desde el Ejecutivo valenciano se sostiene que no llegó información por parte de la CHJ sobre la situación de esa rambla, que atraviesa las localidades más afectadas por la DANA, como Paiporta.
La magistrada subraya que Emilio Argüeso tenía a su alcance datos esenciales sobre la intensidad de las lluvias. De hecho, la Aemet decretó el aviso rojo por lluvias torrenciales a las 7.36 de la mañana del 29 de octubre. El ex responsable de Emergencias llegó a decir durante su declaración que su labor fue "nula" en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada), que no fue convocado por Salomé Pradas hasta las cinco de la tarde y desde donde se gestionó la emergencia.
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En este sentido, el abogado Joan Comorera considera que la instrucción ha dejado claro que "el Cecopi fue convocado muy tarde, tenían que haberse reunido desde por la mañana ante el aviso de la Aemet".
La jueza reprocha que Argüeso, tal y como dijo en su declaración, se conformara, "como insistentemente manifestó, a esperar que se le informara, aunque datos, circunstancias, llamadas, informes estaban plenamente a su alcance. Ello hace difícilmente admisible la tesis de la ignorancia sobre la evolución de la emergencia,. Pero en cualquier caso, ante un evento meteorológico gravísimo, podía solicitar él mismo que se le informara".
No hubo apagón informativo
El Gobierno de Mazón ha arremetido contra la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para salpicar todo lo posible al Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión calamitosa de la DANA, alegando que hubo un "silencio informativo" por su parte, hurtándose así advertencias importantes de cara a la prevención de las inundaciones. De hecho, el Govern llegó a enviar una nota de prensa en noviembre pasado afirmando que hubo una franja horaria en la que no recibieron por parte de la CHJ avisos sobre el grave riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo.
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Pero la jueza sostiene que eso no es cierto y constata que la CHJ envió 16 correos electrónicos al Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.00 horas y las 18.45 alertando de la superación de umbrales de lluvia en la cuenca del Poyo.
Lo que queda por saber
Entre las últimas decisiones de la jueza Ruiz Tobarra está la citación como testigos del presidente de la CHJ, Miguel Polo; las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat, y de Catarroja, Lorena Silvent; el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes; el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de València, José Miguel Basset, y ocho técnicos de Emergencias y del 112.
Además, espera la respuesta esta semana del director general de Medio Natural y Animal de la consejería de Medio Ambiente, Luis Gomis, al que pidió información sobre los agentes ambientales destinados a la vigilancia del barranco del Poyo. En concreto, quiere saber si los 200 agentes que Gomis asegura que puso a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) el día de la DANA realmente cumplieron con su labor.
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Para el letrado Joan Comorera, las nuevas testificales deberán aclarar de qué manera se incumplió el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones del País Valencià. "Por ejemplo, ¿por qué solo dos de los 58 municipios afectados convocaron los Cecopal?", se pregunta. Los Centros de Coordinación de Emergencias Local (Cecopal) funcionan como el Cecopi a nivel local y, según el plan de inundaciones, deben instaurarse ante una emergencia.
Por qué no se hizo caso al 112
Las llamadas de auxilio constituyen uno de los indicios más sólidos de las presuntas negligencias que se pudieron cometer el día de la DANA. Fueron 19.821 llamadas pidiendo ayuda y alertando de los desbordamientos de los ríos y de los ahogamientos de muchas personas. La jueza quiere saber por qué no tuvieron impacto en las decisiones que se tomaron en el Cecopi. Y más cuando esas llamadas se recibieron justo en la sala de al lado donde Pradas, Argüeso y otros mandos de Emergencias estaban reunidos. A las 16.41 horas, el 112 recibió el primer mensaje de alarma por la situación en el barranco del Poyo, por ejemplo, pese a lo cual la alerta a la población se lanzó a las 20.11 horas.
Otra de las incógnitas que la instrucción deberá aclarar es el motivo por el que hubo una desconexión en el Cecopi que dejó sin señal a los asistentes que participaban por videoconferencia, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Entre las 18.00 y las 19.00 horas, se produjo ese fundido a negro, en el mismo momento en el que se empezó a discutir sobre el lanzamiento de la alerta a la población, ante el riesgo de rotura de la presa de Forata, según manifestó Emilio Argüeso ante la jueza.
La comida en El Ventorro
Para la portavoz adjunta de Podemos y coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, Mazón no quiso elevar a 3 el grado de la emergencia, que se quedó en 2, "por motivos políticos", para no tener que asumir él el mando. De esa manera, fue la entonces consellera Pradas la máxima autoridad en la emergencia. "Creemos que podría testificar la periodista que comió con Mazón aquel día para que explique si es verdad que regresó al Palau a las 17.30 a trabajar, como él dice, ya que se han borrado las imágenes", explica.
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Podemos, que está personado en la causa, destaca lo "rigurosa que está siendo la jueza", pese a que ha denegado alguna de sus peticiones, como la declaración de los escoltas de Mazón para que testificaran sobre la ruta del president aquella tarde de la catástrofe, en la que, según su última versión, compareció en el Cecopi a las 20.27 horas.
También subraya esta cualidad de la jueza Christian Lesaec, presidente de la Asociación Damnificados DANA Horta Sud Valencia. "Es trabajadora, valiente y diligente", indica, "pese a que nos hubiera gustado que la investigación hubiera incluido otros delitos, como omisión del socorro, daños y prevaricación, como indicábamos en nuestra querella inicial. Pero está recurrido", explica este afectado.
La resolución de los recursos contra algunas decisiones de la jueza de Catarroja pone el foco en la Audiencia Provincial de València, que aún no se ha pronunciado. "Veremos si corrige a la jueza en algún detalle clave, como por ejemplo, sobre su rechazo a incluir en el proceso penal al Gobierno central, o avala su instrucción", dice Joan Comorera.
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