Alrededor de 24.500 funcionarios despedidos por Trump recuperan sus empleos tras una orden judicial
Los empleados fueron cesados con la excusa de que se encontraban en "periodo de prueba".

La administración del presidente Donald Trump ha reconocido por primera vez en documentos judiciales que despidió a casi 25.000 trabajadores contratados con la excusa de que estaban en "periodo de prueba". Estos han recuperado sus puestos después de que un juez haya dictaminado que sus ceses eran probablemente ilegales, aunque muchos han recibido una notificación de que están en situación de permiso remunerado.
Los documentos presentados ante un tribunal federal de Baltimore (Maryland) a última hora del pasado lunes incluyen declaraciones de funcionarios de 18 agencias. Todos afirmaron que los trabajadores a prueba reincorporados estaban en situación de baja administrativa, al menos temporalmente.
Los despidos masivos, parte de la purga más amplia del presidente Trump de la fuerza de trabajo federal, fueron ampliamente informados, pero los archivos judiciales son la primera contabilidad completa de las terminaciones por parte del Gobierno.
La mayoría de las agencias afirmaron que habían despedido a unos pocos cientos de trabajadores. Sin embargo, el Departamento del Tesoro despidió a unas 7.600 personas, el de Agricultura a unas 5.700 y el de Salud y Servicios Humanos a más de 3.200, según los documentos presentados.
Un portavoz de la Agencia de Protección del Medio Ambiente ha explicado que, en ese organismo, han sido despedidos 419 trabajadores que han recuperado sus puestos, aunque "la mayoría están en situación de permiso remunerado" actualmente, según recoge el portal de noticias estadounidense The Hill.
Otro organismo, el Departamento de Comercio, ha remitido una notificación a un empleado que ha recuperado el puesto en la que se le informa de que estará en "situación pagada sin obligaciones", según el texto que ha obtenido The Hill.
El juez de distrito James Bredar declaró el pasado 13 de marzo que los despidos masivos de trabajadores en prácticas que comenzaron el mes pasado infringían la normativa que regula los despidos masivos de empleados federales, y ordenó su reincorporación a la espera de nuevos litigios.
La sentencia de Bredar se produjo en el marco de una demanda presentada por 19 estados liderados por demócratas y Washington D.C., que afirmaban que los despidos provocarían un aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo y una mayor demanda de los servicios sociales que prestan los estados.
La administración Trump apeló la decisión de Bredar y el pasado lunes pidió a un tribunal de apelaciones con sede en Richmond (Virginia) que suspendiera el fallo a la espera del resultado del caso.
Horas antes de que Bredar emitiera su fallo, un juez federal de San Francisco había ordenado que se reincorporara a los trabajadores a prueba en seis agencias, incluidas cinco también cubiertas por la orden de Bredar y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Gobierno ha recurrido esa decisión.
En los documentos presentados el pasado lunes, los funcionarios de las agencias afirmaron que o bien habían readmitido a todos los empleados despedidos o estaban trabajando para hacerlo, pero advirtieron de que la reincorporación de un gran número de trabajadores había impuesto cargas significativas y causado confusión y agitación.
Los funcionarios también señalaron que una sentencia del tribunal de apelación que revocara la orden de Bredar permitiría a las agencias volver a despedir a los trabajadores, sometiéndolos a múltiples cambios en su situación laboral en cuestión de semanas.
Bredar ha programado una vista para el próximo 26 de marzo en la que se decidirá si mantiene su decisión a la espera del resultado de la demanda, cuya resolución podría tardar meses.
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