Un contrato con freno y marcha atrás: las tres claves sobre la renuncia del Gobierno a adquirir balas a Israel
"El Gobierno tiene que justificar el interés público de su decisión e indemnizar a la firma por los daños y perjuicios generados", explica Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo.
Madrid--Actualizado a
El Gobierno ha decidido "rescindir de manera unilateral" el contrato con la empresa israelí IMI Systems para la adquisición de 15,3 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. Esta compra había provocado una crisis interna en la coalición entre el PSOE y Sumar. El Ministerio del Interior había pedido en un principio que se mantuviera el acuerdo por motivos económicos, para no tener que pagar la correspondiente indemnización, tal y como recomendaba la Abogacía del Estado. Moncloa, sin embargo, ha dado marcha atrás después de una serie de reuniones entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Las dos partes formalizaron el acuerdo el 16 de abril, por un valor de casi seis millones de euros. El Gobierno llegó a publicarlo, de hecho, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "La Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato", advierten desde Moncloa. La Abogacía del Estado y los ministerios competentes –entre ellos, el que dirige Marlaska– están estudiando las posibles reacciones legales. ¿Qué medidas puede tomar IMI Systems? ¿El Gobierno se enfrenta a una posible batalla legal? ¿La empresa puede volver a hacer negocios con España?
Son muchas las "incógnitas", tal y como reconocen las fuentes jurídicas consultadas por Público. Antes de nada, cabe recordar que este no es el único contrato que habían firmado en los últimos meses las autoridades y empresas de ambos países. El Gobierno ha dado luz verde a "40 licitaciones con firmas israelíes" para la compra de material militar desde octubre de 2023, según datos del Centre Delàs de Estudios por la Paz. "Moncloa miente cuando dice que ha dejado de comprar armas a Israel, hemos adquirido material de defensa por valor de miles de millones de euros desde que se han intensificado los ataques en la Franja de Gaza. ¿Todos los demás contratos también los van a rescindir?", se pregunta Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Qué justifica una "rescisión unilateral" del contrato?
El Ministerio del Interior formalizó la semana pasada la compra de dos lotes de munición a IMI Systems, contradiciendo así lo acordado por el propio Gobierno seis meses atrás. Moncloa recalca que los dos partidos con representación en el Consejo de Ministros "están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio", motivos que han desencadenado la decisión "unilateral" de este miércoles. "La administración contratante tiene que dictar ahora una resolución de desestimiento unilateral de la suministración, basándose en la situación de Israel, y pagar lo que corresponda a la empresa contratista", advierte Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidade de A Coruña. Las indemnizaciones están previstas en el artículo 307 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los expertos consultados por este diario coinciden al señalar que "el contrato no era ilegal", del mismo modo que tampoco lo sería la rescisión contractual acordada por el Ejecutivo. "La administración tiene dos vías para anular un contrato: la de la legalidad y la de la oportunidad. La primera aquí es inviable porque la empresa ha presentado todo en plazo y no ha incumplido ninguno de los requisitos. Lo que sí tiene cabida es la revocación por motivos de oportunidad política. El Gobierno tiene que justificar el interés público de su decisión e indemnizar a la firma por los daños y perjuicios generados. Estamos hablando materialmente de una expropiación", señala Melero.
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
La Ley de Contratos del Sector Público prevé indemnizaciones máximas del "6% del precio de adjudicación del contrato de los suministros dejados de realizar". El acuerdo se formalizó en este caso por valor de cinco millones y medio. "La norma excluye normalmente los contratos militares, pero las previsiones suelen ser similares", matiza el también profesor de Derecho Administrativo Andrés Boix. El Ministerio del Interior se ha remitido en una conversación con Público al comunicado difundido por Moncloa.
España puede sacar otra licitación para la compra –ahora prácticamente cancelada– de los mismos lotes de munición, cosa que sería imposible si el concurso hubiera quedado desierto. "El reglamento dice que si al menos una empresa cumple los requisitos, las administraciones tienen la obligación de darle el contrato. El proceso sólo puede quedar desierto si ninguna candidatura cumple los requisitos o si se argumenta que el material en cuestión ha dejado de ser necesario. Si esto ocurre, no puede volver a publicarse el mismo concurso porque estaríamos hablando de fraude, pero aquí estaba licitado, pueden volver a sacarlo y adjudicarlo siempre y cuando paguen la correspondiente indemnización", detalla Boix.
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IMI Systems podría además volver a presentar una oferta para participar en el concurso. España no ha desplegado formalmente ningún tipo de sanción contra el mercado israelí, así que "prohibir su participación" sería técnicamente imposible. "El Gobierno tenía que haber acordado en octubre de 2023 un embargo integral de las operaciones mediante decreto ley. Esto hubiera evitado ahora cualquier conflicto y hubiera servido para restringir las importaciones, exportaciones y contrataciones, pero falta voluntad política", añade Melero. El ejemplo contrario lo tenemos en Moscú. La Unión Europea ha impuesto una serie de sanciones al comercio ruso para reducir la capacidad del Kremlin de financiar la guerra en Ucrania. El veto a una empresa rusa, por tanto, "sí estaría debidamente justificado".
¿El contrato puede llegar a los tribunales?
El contrato se licitó el 21 de febrero de 2024 y se adjudicó el 21 de octubre de 2024, ocho días antes de que se iniciase el proceso para su posible anulación. La Abogacía del Estado analiza ahora las posibles reclamaciones legales de la empresa israelí, que colabora, además, con las tropas de Tel Aviv para "proporcionar equipo de combate" durante los ataques a Gaza. Las fuentes jurídicas consultadas por Público descartan en principio una posible querella, sobre todo porque "es una cantidad pequeña –cinco millones y medio– y a la empresa no le interesa buscar compensaciones extraprocesales, sino mantener buenas relaciones con el Gobierno", desliza Melero.
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En caso de que la compañía quisiera denunciar al Ejecutivo, "hablaríamos de una cuestión administrativa" y "se juzgaría en España por esta vía, no a nivel internacional", señala el catedrático Carlos Amoedo. España no tiene ningún acuerdo de protección recíproca de inversiones con Israel, según consta en la página web del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esto quiere decir que, a priori, "se descarta la posibilidad" de que IMI Systems demande al Gobierno por la vía de un arbitraje internacional de inversiones.
"Si la empresa piensa que la compensación no es suficiente, puede abrir un procedimiento legal por lo contencioso administrativo aquí en España. Los casos de arbitraje internacional tienen que estar previa y expresamente previstos. España tiene una legislación bastante laxativa en este sentido que a las empresas extranjeras no les suele gustar, porque les genera inseguridad, y pueden acordar mediante cláusulas que en caso de discrepancias todo se gestione a nivel internacional. Es poco probable que eso ocurra en este caso", suscribe Boix. Israel ha condenado públicamente la decisión del Ejecutivo.
Las reacciones también han llegado desde España. ERC, EH Bildu y BNG han registrado una solicitud para pedir la comparecencia de Marlaska en el Congreso; le exigen "explicaciones sobre la formalización de contratos para la compra de armamento a Israel". El mismo camino ha seguido el Partido Popular, que denuncia "el incumplimiento contractual" y habla de "malversación a la cara". Preguntados por el recorrido de una posible querella en estos términos, tal y como sugieren desde Génova, los expertos responden: "El argumento del interés general sirve para un roto y para un descosido. La empresa puede reclamar una indemnización, pero esto no trasciende al ámbito penal, porque no existe ningún delito de ese tipo en la rescisión unilateral de un contrato".
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