¿Qué iniciativas LGTBIQ+ se han llevado al Congreso esta legislatura? Solo una tiene rango de ley
Los aliados del Gobierno han registrado recientemente una ley para reparar la memoria de las personas del colectivo víctimas de la dictadura.
Destaca, por otro lado, la acción del Partido Popular en lo referente al colectivo trans para que el sexo biológico sea el único criterio en la asignación de categorías deportivas.
Madrid-
En los últimos días, el Partido Popular (PP) anunció que llevaría al Congreso de los Diputados una ley para que el sexo biológico sea el único criterio válido para ordenar las categorías deportivas. Por el momento, la Mesa de la Cámara Baja no la ha calificado, por lo que se encuentra todavía a las puertas de iniciar su andadura parlamentaria. De todos modos, los de Alberto Núñez Feijóo ya habían ido dando avisos —vía PNL— de que lanzarían una iniciativa así para contrarrestar la ley trans.
Más allá de este anuncio de los populares, lo cierto es que la carga legislativa en lo referente al colectivo LGTBIQ+ durante la presente legislatura es menor con respecto a la anterior, algo de esperar habida cuenta de que, durante el Gobierno que compartieron el PSOE y Unidas Podemos, se aprobó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Así, en la actual legislatura, una única ley con el colectivo LGTBIQ+ como protagonista se encuentra en alguna fase del recorrido parlamentario, a la espera de que la Mesa califique la del PP. Se trata de una norma promovida por Sumar, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, el Grupo Mixto (del que forman parte Podemos y el BNG) y Junts per Catalunya para "la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género".
La norma ya ha sido calificada por parte de la Mesa del Congreso, pero todavía debe ser tomada en consideración por el Pleno. En cualquier caso, de salir finalmente aprobada —algo para lo que deberá superar toda la tramitación— beneficiaría a todas las personas trans y del colectivo LGTBIQ+ a las que se les aplicara, durante el franquismo, cualquier medida contemplada en la Ley de Vagos y Maleantes, la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social y a las condenadas por el delito de escándalo público antes de que se modificara en 1988. También se beneficiarían de la norma las mujeres a las que se internara en la Junta de Protección a la Mujer por su orientación sexual.
De salir adelante con el mismo texto que figura en la proposición registrada por los grupos antes mencionados, la ley incluirá una reparación económica para todas esas personas, que recibirán una prestación vitalicia. Su tramitación, de todas formas, se encuentra aún en una fase preliminar.
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El PP y su cruzada por el sexo biológico
Volviendo al caso del PP, con su anuncio de la pasada semana, los de Feijóo apuntalan su particular cruzada para que el sexo biológico sea el único criterio para ordenar las categorías deportivas. En junio ya presentaron una PNL en ese sentido, que, una vez anunciada la nueva proposición de ley, pierde relevancia.
En cualquier caso, lo que buscarán los populares una vez la Mesa del Congreso califique su propuesta, y en caso de que el Pleno la tome en consideración, tal y como explicaron en un comunicado, es diferenciar la participación en competiciones deportivas de las mujeres con sexo biológico femenino y las mujeres trans para que las primeras "no sean discriminadas".
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Defienden, así, la postura de que se debe asegurar un deporte femenino en el que las mujeres con sexo biológico femenino no se vean en inferioridad de condiciones a las mujeres trans, con "una mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular o mayor tamaño y altura promedio".
Se trata de una concepción y una iniciativa que chocan frontalmente con la ley trans, que especifica que las Administraciones "promoverán que la práctica deportiva y la actividad física se realicen con pleno respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia en el deporte".
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Por otra parte, la Ley del Deporte obliga a los poderes públicos y las entidades deportivas a garantizar "el acceso de la infancia y adolescencia LGTBI+ a la práctica deportiva en un marco de protección y seguridad que garantice el libre desarrollo de su personalidad y de su bienestar psicológico y emocional y que, a la par, preserve su derecho a la intimidad, en especial de la infancia y adolescencia trans e intersex". De todas formas, parece poco probable que el PP logre sacar adelante su propuesta en el Congreso de los Diputados.
¿Un Pacto LGTBI de Estado?
Por su parte, el PSOE registró a finales de 2023 una PNL, en su caso, para instar al Gobierno desde el Congreso a avanzar hacia un Pacto de Estado por los derechos de las personas LGTBI "dirigido a terminar con la discriminación que sufren y remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que desarrollen sus proyectos vitales en condiciones de igualdad". La PNL es un instrumento parlamentario que sirve para que el Congreso presione al Gobierno en alguna materia, pero que no es vinculante. También el Grupo Socialista tiene derecho a ejercer esa presión, pese a que el Ejecutivo es su mismo color político.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa parlamentaria, que todavía no se ha debatido en Pleno, los socialistas ya no incluyeron las siglas "Q" ni el "plus", en línea con lo que decidió un año después, en diciembre de 2024, la formación en su 41 Congreso Federal del PSOE, cuando una mayoría de militantes determinaron no incluir la sigla que refleja al colectivo queer ni a personas enmarcadas como "plus".
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También Sumar ha promovido proposiciones no de ley. En diciembre de 2024, impulsó una, que tampoco se ha debatido todavía, para exigir al Ejecutivo que luche por los derechos del colectivo LGTBIQ+. Pocas horas después de que el PSOE retirara el "Q+" de la denominación que dan al colectivo en el seno de la formación socialista, Sumar planteaba una iniciativa para "reconocer y respetar la diversidad sexo-genérica", impulsar iniciativas para asegurar sus derechos y sancionar a los cargos públicos que "incurran en actos discriminatorios o intolerantes".
Por otro lado, la Comisión de Interior de la Cámara Baja aprobó otra PNL de los de Yolanda Díaz con la que instan al Gobierno a "garantizar la adecuación del nombre y/o sexo registral de los documentos expedidos a personas extranjeras que se encuentren en situación administrativa regular en España [...] cuando se acredite que ello es posible en su país de origen". Así, reclaman al Gobierno que facilite la aplicación de la ley trans también en los casos de personas migrantes.
Además de todo ello, algunas otras iniciativas que no versan especialmente sobre el colectivo LGTBIQ+ incluyen entre sus artículos referencias al mismo. Es el caso, por ejemplo, de la ley de paridad, que defiende "el acceso y ejercicio a profesiones colegiadas" sin discriminaciones por identidad sexual o de género, orientación sexual o expresión de género.
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