El Gobierno retrasa hasta marzo los datos de ventas de armas en 2023 con la sombra de los envíos a Israel

La espera está por llegar a su fin. El Gobierno prevé hacer público en los próximos días el informe sobre las exportaciones de armamento realizadas durante 2023, un documento que, entre otras cosas, permitirá saber si hubo envíos de armas a Israel tras el inicio de la masacre en Gaza. 

Tras acumular un retraso histórico, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aseguraron a Público que la remisión del informe a la Comisión de Defensa del Congreso tendrá lugar "en los próximos días". Junto a ese documento también se enviarán los datos relativos al primer semestre de 2024. 

Asimismo, las fuentes consultadas por este periódico señalaron que la comparecencia en la comisión de Defensa de la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López –quien asumió en mayo pasado en sustitución de Xiana Méndez–, tendrá lugar en el mes de marzo.

El Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que no ha habido nuevas autorizaciones de exportaciones de armamento a Israel, pero ha evitado confirmar si con fecha posterior al 7 de octubre de 2023, fecha marcada por el inicio de las operaciones israelíes en Gaza, se produjeron operaciones que contasen con autorización previa a ese día. 

Las concesiones de licencias para la exportación de armamento están en manos de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), un organismo integrado por representantes de distintos ministerios. El organismo cuenta también entre sus miembros con un delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

El informe que el Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso contiene precisamente la información oficial sobre las operaciones autorizadas por la JIMMDU, aunque con limitaciones: gracias a un decreto aprobado por el Gobierno de Felipe González en 1987 –poco después de permitir la venta de armamento a la dictadura chilena–, los expedientes que maneja la Junta tienen carácter estrictamente reservado. 

Durante los últimos meses, Amnistía Internacional (AI) se ha dirigido varias veces  al Gobierno para pedirle que agilice el envío del informe a la comisión de Defensa sobre las operaciones autorizadas en 2023. 

"El retraso en la publicación de estos datos impide el necesario control parlamentario sobre el cumplimiento de la legislación española e internacional”, señaló Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas.

En un dictamen aprobado en junio pasado, la comisión de Defensa pidió al Ejecutivo que la comparecencia de la Secretaría de Estado de Comercio para presentar los datos del informe se produjese "de forma obligatoria en el año siguiente al ejercicio evaluado", algo que esta vez no ha ocurrido.

"Avanzar en transparencia"

"Entendemos que pudiera haber habido un ligero retraso de algunos meses en la publicación del informe tras el cambio de equipo en la Secretaría de Estado de Comercio en mayo pasado, pero ha pasado tiempo de sobra para corregir esta situación, que no debe ni puede demorarse más", reclamó por su parte el portavoz de Amnistía.

Estévez afirmó que el Gobierno debe "avanzar en transparencia y control parlamentario". "Evitar la repetición de esta situación es tan sencillo, si hay voluntad política, como modificar el reglamento de la ley sobre comercio de armas y publicar en Internet el informe anual en mayo", coincidiendo con la rendición de cuentas anual que España realiza ante la Secretaría del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). 

"Otra medida que puede adoptar el gobierno es publicar online trimestralmente las licencias autorizadas, como hace por ejemplo Reino Unido, un país que fabrica y exporta más armas que España, pero donde la transparencia y el control parlamentario no afecta a sus intereses comerciales", agregó.

Para Estévez, "la guinda del pastel sería que, como en EEUU o Suecia, el Congreso tenga un papel de control parlamentario previo en las exportaciones más sensibles y pueda detener aquellas en las que haya un riesgo sustancial de que se puedan cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

Envió de municiones 

El Centro Delàs de Estudios por la Paz denunció que en noviembre de 2023 se exportaron municiones a Israel por parte de Nammo Palencia, la filial de la multinacional Nammo, con destino a la empresa Elbit Systems, una de las principales proveedoras del Ejército israelí y una de las contratistas habituales del Ministerio de Defensa español. 

Según pudo verificar Público, los directivos de Elbit han admitido en distintos informes que la masacre en Gaza ha generado beneficios económicos a la compañía. Pese a ello, el Ministerio de Defensa español no ha cancelado los contratos que tenía ya firmados con esta empresa para la compra de repuestos.