La impunidad, ese privilegio de Juan Carlos I que Isabel II también hizo suyo para proteger a su familia

Las alabanzas a la figura de Isabel II, entre otras, su total neutralidad política como monarca durante los 70 años de reinado y la observancia rígida del protocolo como la mejor forma de entregarse a sus deberes, bien podrían contraponerse al caso del rey emérito español. Juan Carlos I abandonó el trono y el país cubierto de vergüenzas por los escándalos financieros y amorosos. 

Sin embargo, ambas monarquías, la británica y la española, han logrado esquivar hasta ahora la rendición de cuentas en los tribunales. El dogma "Todos somos iguales ante la ley", pilar del Estado de Derecho, sigue sin demostrarse como cierto en el caso de los monarcas y los miembros de las familias reales de ambos estados pese a que han existido motivos para que algunos de ellos se sentaran en el banquillo. 

En el caso de Juan Carlos I ni siquiera fue investigado penalmente por blanqueo de capitales y cohecho, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción española halló claros indicios de la comisión de ambos delitos. Pero la inviolabilidad de la que gozó el monarca como jefe del Estado entre 1975 y 2014 y la prescripción de algunos de los delitos, como el cohecho que implicaba haber recibido 100 millones de dólares de la familia real saudí, cerraron, en marzo de este año, la posibilidad de que el rey emérito se enfrentara a un proceso penal, según comunicó la Fiscalía. 

Esta clara impunidad, vetada a cualquier ciudadano de a pie, constituye un rancio privilegio del que seguramente cueste desprenderse cuando surgen los problemas con la ley en el seno de una familia real. Y, salvando las distancias entre el devenir político de Reino Unido en el último siglo y el caso español, la reina Isabel II no fue una excepción. 

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El pasado mes de febrero trascendió una fea noticia, menguada mediáticamente para no enturbiar los actos de celebración del 70º aniversario del reinado de Isabel II: la monarca pagó de su bolsillo el acuerdo extrajudicial para frenar el proceso penal contra su hijo Andrés por abusos sexuales a una menor, en el marco del caso Epstein, sobre el escándalo de tráfico de mujeres y chicas menores prostituidas y de pederastia protagonizado por el magnate estadounidense Jeffrey Epstein, que acabó suicidándose en su celda de la prisión. 

Los tabloides británicos hablaron de un cifra astronómica, entre los 12 y los 14 millones de euros. Isabel II costeó con su propio patrimonio el acuerdo para evitar un juicio a Andrés, duque de York, y dejar, así, impune un deleznable delito sexual contra una menor. 

El acuerdo con Virginia Giuffre, la mujer que denunció al duque de York por los abusos sexuales que sufrió siendo menor de edad, supone un alivio para Andrés tras la decisión de su madre de retirarle el tratamiento de alteza real a título oficial. Algo parecido a lo que hizo Felipe VI con su padre cuando le retiró la paga oficial al trascender el escándalo de las fundaciones opacas en paraísos fiscales. 

De lado del presunto violador

Sobre delitos sexuales relacionados con casas reales, el rey Juan Carlos I se pronunció en 2015 poniéndose al lado de los presuntos responsables. Una modelo hispanoalemana denunció en los juzgados españoles que en 2008 fue violada en un yate en Ibiza, tras una sumisión química, por el príncipe saudí Al Waleed bin Talal. 

El caso se sobreseyó finalmente, no sin antes haber intentado recabar el príncipe saudí la ayuda del monarca español, incluso del gobierno de España. Juan Carlos I envió una carta, a través de la Embajada española en Riad, manifestándole su "alegría" porque la Justicia española archivó la denuncia. 

Pagos de un banquero turco a cambio de un pasaporte

Además del escándalo sexual, el duque de York tiene otros trapos sucios escondidos que ahora empiezan a aflorar. El Tribunal Superior de Londres investiga un entramado financiero en el que ha salido a relucir el hijo de Isabel II. Tanto él como su su exesposa, Sarah Ferguson, recibieron pagos opacos por parte de Selman Turk, un banquero turco acusado de fraude por valor de 40 millones de libras, que se sienta estos días en el banquillo.

Andrés habría recibido en 2019 un pago de 900.000 libras de una millonaria turca que hacía negocios con Selman Turk con el objetivo de recibir ayuda para la consecución de un pasaporte británico para abandonar su país, donde estaba siendo perseguida por razones políticas, según declaró ante el juez. 

Los pagos de Turk a Andrés y a Sarah suman otras 700.000 libras, según ha trascendido, aunque el hijo de la reina Isabel guarda silencio y ha optado por devolver las 900.000 libras a la millonaria presuntamente estafada cuya denuncia ha originado la investigación judicial en marcha. Hay que recordar que el duque de York ocupó en el pasado el cargo de representante especial del Reino Unido para comercio e inversiones internacionales.