Nueva maniobra de la Xunta para eludir cientos de alegaciones contra la macrocelulosa de Altri en Lugo

La Xunta de Galicia está exigiendo a miles de particulares que presentaron alegaciones al estudio de impacto ambiental de la macrofábrica de celulosa de Altri y Greenalia en Palas de Rei (Lugo), que prueben su condición de personas legítimamente interesadas en el expediente antes de proceder a responderles. La última maniobra fue publicada ese lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), con un anuncio en el que la secretaría de Industria e Desenvolvemento Enerxético dá diez días de plazo a 820 particulares para que acrediten ese interés, sin explicarles cómo ni qué documentación concreta les requiere.

Las asociaciones que lideran la contestación social al proyecto lo consideran un hecho insólito y creen que la Xunta trata de sortear su obligación de estudiar y atender todos los argumentos que alertan de la colisión de la actividad de la planta con la legislación ambiental. Pero lo entienden también como una prueba del éxito de su movilización, que habría desbordado a la Administración de Alfonso Rueda y puesto en riesgo la velocidad de los plazos con la que ésta pretendía aprobar las licencias para la fábrica, en una decisión que ya tendría tomada y acordada con Altri y Greenalia con independencia de cuál sea la opinión de sus técnicos sobre las citadas alegaciones.

De hecho, en el anuncio de ayer en el DOG se habla de "expediente de aprobación", cuando en realidad se trata de la exposición pública, para su aprobación o su rechazo, de la solicitud de autorización de su declaración ambiental integrada y su declaración de utilidad pública.

Altri prevé construir un imenso complejo para fabricar pasta y fibra de celulosa junto al río Ulla, que extraerá diariamente 46 millones de litros de agua de su cauce, le devolverá 30 millones de litros depurados pero aún contaminados; emitirá a la atmósfera una cantidad de CO2 similar a la que producirían más de 21.500 coches, y consumirá anualmente 1,2 millones de toneladas de árboles. El Ulla desemboca en la ría de Arousa, donde las mariscadoras han alertado de que los químicos tóxicos que verterá la celulosa afectarán severamente a los bancos de bilvalvos, cuya producción ya ha caído en picado en los últimos años por la contaminación que ya padece el estuario.

Más de 23.000 alegaciones

El proyecto, que la Xunta sacó a exposición pública en ferbero del año pasado, ha recibido más de 23.000 alegaciones, que la Administración autonómica aún no ha resuelto pero a muchos de cuyos firmantes está respondiendo casi un año después con cartas certificadas, en las que les insta de manera genérica a demostrar la su legitimidad antes de estudiar sus escritos.

En el anuncio del lunes en el DOG, que fue firmado el pasado 27 de febrero por el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez Iglesias, la Xunta apremia a 820 ciudadanos y ciudadanas a los que cita con sus nombres y DNI a que acrediten en diez días "la condición de parte interesada" en el expediente explicando que no ha podido notificarles la reclamación en sus domicilios. El texto no les explica qué documentos les pide y sólo menciona los artículos de la ley del procedimiento administrativo común que establecen los requisitos genéricos para que una persona o entidad sean consideradas interesadas en los mismos. Y advierte de que archivará sus alegaciones si no recibe respuesta.

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"Es insólito, la primera vez que veo un envío masivo de requerimientos”, afirma Manoel Santos, coordinador de Movilización de Greenpeace en Galicia, quien alerta de que la Xunta está "traspasando la línea roja del desprecio a los ciudadanos, que tienen derecho a expresar su opinión y sus consideraciones sobre un proyecto que atenta directamente contra el medio ambiente y contra el desarrollo económico de su país".

"Corta y pega"

Santos, quien considera que los requerimientos de la Xunta revisten carácter intimidatorio, también advierte de que el argumento del propio Alfonso Rueda sobre que muchas de las alegaciones son "corta y pega" de los modelos difundidos por las asociaciones contrarias a la planta de celulosa, parten de una falacia: "La Xunta lleva años preparando este proyecto, son miles de páginas, y no puede pretende que los ciudadanos se lo estudian en un mes. Nuestro papel como organizaciones es precisamente facilitarles la posibilidad de entenderlo y posicionarse sobre él".

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Serxio Núñez, del colectivo Santiso Vivo, creado en el municipio coruñés de Santiso e integrado en A Ulloa Viva, que junto a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa aglutinan la contestación a Altri, alerta de que las reclamaciones de la Xunta están plagadas de irregularidades, como notificaciones en domicilios diferentes a los indicados por los alegantes; personas que aparecen en el DOG como no notificadas y que sí lo han sido e incluso han respondido a la reclamación; o convivientes en un mismo domicilio a algunos de los cuales se los da por notificados y a otros no.

"Lo que demuestra la Xunta con estos envíos es que está desbordada, que tiene un atasco burocrático monumental y que hay un éxito evidente de la lucha civil contra la celulosa”

"Al margen de la indefensión e inseguridad que eso crea en quienes ejercen su derecho alegar, lo que demuestra la Xunta con estos envíos es que está desbordada, que tiene un atasco burocrático monumental y que hay un éxito evidente de la lucha civil contra la celulosa", añade.

Público se ha dirigido a la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, que dirige María Jesús Lorenzana, para interesarse sobre estas cuestiones, pero a la hora en la que se terminó de escribir este artículo no había obtenido respuesta.

Aguas contaminadas y especies amenazadas

En los modelos de alegaciones que las organizaciones ambientalistas han puesto a disposición de los ciudadanos que quieren alegar contra Altri, como el de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) que se puede consultar en este enlace, se alerta sobre el impacto socioeconómico en las comarcas afectadas y en particular sobre 381 parcelas de labranza que utilizan agua del Ulla; en el caudal del río y la calidad de sus aguas; sobre las especies amenazadas que habitan en las zonas de Red Natura 2000 que limitan con los terrenos donde Altri costruirá sus instalaciones; sobre la degradación de sus suelos, y sobre la afección al patrimonio cultural y paisajístico, entre otras cuestiones.

La semana pasada, la Sociedade Galega de Historia Natural alertó de que la Xunta, sin explicación alguna ni aviso previo, había modificado la catalogación de los terrenos donde Altri prevé levantar su fábrica, considerados hasta entonces "zona de amortiguación" de la Red Natura. Es decir, la que incluye aquellos espacios colindantes con esas zonas protegidas donde no rigen todas pero sí algunas de las restricciones que afectan a éstas.

Según informa Galicia Press, la Xunta ha restado importancia a esa modificación, pero lo cierto es que cuando presentó a exposición pública aquellos mapas no alertó de cambio alguno en la citada catalogación.