La jueza que investiga la gestión de la DANA subraya que la competencia en protección civil es autonómica

"La competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito", ha afirmado en un auto la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Dana para inadmitir una querella interpuesta contra la delegada del Gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, por parte de la asociación Hazte Oír.

Así se desprende de la resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en relación con la Dana del pasado 29 de octubre.

Los querellantes, Hazte Oír, solicitaban en su querella, tramitada inicialmente en el Juzgado de Instrucción 10 de Valencia y que fue remitida después por inhibición a Catarroja, que la titular del Ejecutivo central en la autonomía fuera investigada por no haber instado al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional.

Sin embargo, la magistrada entiende que la omisión que alegan los querellantes no constituye una base para atribuir a la delegada del Gobierno los homicidios y lesiones cometidos por imprudencia grave.

"Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal", precisa.

El auto recoge que existió en un primer momento "consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional".

Además, —continúa— para alertar a la población "no era preciso instar" esa declaración, pues "se podía realizar perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias" y, por tanto, no era "preciso trasladar dicha actuación, que se adoptaran medidas de autoprotección, a la Administración central a través del Ministerio del Interior".

La jueza señala que la cercanía de la comunidad autónoma a los ciudadanos, al lugar donde se estaba produciendo la emergencia, "constituye un elemento esencial en el ámbito de la protección civil", ya que permite conocer la gravedad" de esa emergencia y "acordar lo procedente con la máxima celeridad", como la comunicación a la población de "medidas de autoprotección".

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Por otro lado, la instructora ha dictado este lunes un segundo auto en el que decreta el sobreseimiento libre de una denuncia por daños materiales provocados por la dana, de la que se había inhibido en su favor el Juzgado de Instrucción 15 de València, al tiempo que hace expresa reserva de acciones ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La resolución judicial recuerda que el objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja es "los fallecimientos y las lesiones, asociados a una actuación negligente", fallecimientos que "sí se podían evitar", a diferencia de lo ocurrido con los daños materiales.

La causa abierta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja incluye ya más de 160 de los 224 fallecimientos registrados oficialmente, después de la aceptación de las inhibiciones cursadas por diferentes juzgados de Valencia, Picassent, Alzira o Torrent.

Más de 160 fallecidos

Desde el pasado mes de diciembre, cuando empezó a practicar diligencias de investigación, la jueza ha tomado declaración a, al menos, 60 testigos, familiares de los fallecidos, y realizado un número aún mayor de ofrecimientos de acciones a los perjudicados.

Muchos de esos testigos, que están en tratamiento psicológico a causa de lo ocurrido, están siendo ya examinados por el Instituto de Medicina Legal de València (IML) para evaluar sus daños y secuelas psicológicas.

De las declaraciones testificales practicadas hasta ahora la jueza concluye indiciariamente, y así lo ha expuesto en diversos autos, que hubo una "palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse" y que la alerta emitida, a las 20.11 horas por SMS a los ciudadanos, fue "notablemente tardía" y "errada en su contenido".

En las diligencias judiciales se han personado hasta el momento una decena de acusaciones particulares, en representación de familiares de los fallecidos, y tres acusaciones populares (Vox, Podemos y FTAP-CGT) tras el pago de sendas fianzas de 6.000 euros. La instructora ha solicitado la misma cuantía como caución para ejercer la acusación popular a otras dos entidades, la asociación Liberum y a Acció Cultural del País Valencià.