La Fiscalía pide imputar a Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo por los pozos ilegales junto a Doñana

La Fiscalía ha solicitado al juez que llame también a declarar como investigados a los hermanos Martínez de Irujo, Eugenia, Cayetano y Fernando José, hijos de la fallecida duquesa de Alba, como miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, denunciada por un presunto delito contra el Medio Ambiente por la extracción de agua de nueve pozos sin autorización en una finca próxima a Doñana.

En una comunicación remitida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que investiga la causa y a la que ha tenido acceso Público, la Fiscalía de Medio Ambiente solicita que se llame a declarar como investigados a los hermanos Martínez de Irujo, tal como ya hizo el pasado mes de febrero otro miembro de su familia, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, en calidad de representante legal de la empresa denunciada.

Además, la Fiscalía solicita al juez que se amplíe por otro periodo de seis meses el plazo de instrucción de esta causa, que termina el próximo día 9 de abril y cuya investigación comenzó en septiembre de 2023. Y, al mismo tiempo, pide que se solicite a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que remita "a la mayor brevedad posible" una copia de "cuantos expedientes sancionadores se hayan incoado" contra Eurotécnica Agraria y de las sanciones que se le hayan impuesto por tal motivo.

Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba, declaró en el juzgado que desconocía el funcionamiento de la finca próxima a Doñana que él gestiona y en la que se extraía agua de hasta nueves pozos ilegales, según informó la acusación particular que ejerce en este caso Ecologistas en Acción.

Martínez de Irujo Hohenlohe, representante legal de la empresa con la que la Casa de Alba explota la finca Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), declaró por una causa abierta por la extracción ilegal de agua de nueve pozos, la cual, según un informe de la Guardia Civil, ha causado "daños irreversibles" en el Medio Ambiente valorados en más de seis millones de euros.

Martínez de Irujo Hohenlohe dijo al juez que la finca Aljóbar es una herencia de su abuela y que él se hizo cargo de su gestión en 2016, cuando estaba finalizando la construcción de una balsa de regadío de gran tamaño que hay en medio de Aljóbar y que sí tiene autorización de la CHG, pero que desconocía cómo se llena de agua, según la acusación particular.

De acuerdo con su declaración, el representante de la empresa de la Casa de Alba que gestiona una finca de 200 hectáreas desconoce exactamente cómo funciona esa explotación agrícola, con cuánta agua se llena la balsa y de dónde procede esa agua, porque él vive a caballo entre Madrid y Sevilla y no está en el día a día de los trabajos en un terreno de naranjos, y ahora también de olivar superintensivo, según las fuentes de la acusación particular. Sí reconoció el investigado, en cambio, que carecían de medidores para saber cuánta agua se extraía de cada pozo.

Relacionado con este tema

El nieto de la duquesa de Alba dice desconocer cómo funciona la finca que gestiona con nueve pozos ilegales cerca de Doñana

Santiago F. Reviejo

Daños "colaterales" a Doñana

El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor emitió el pasado 31 de enero un auto, tras el informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado por la Fiscalía, que concluye que la extracción de agua de los pozos sin autorización de la finca Aljóbar ha podido causar daños ambientales "colaterales" al cercano Espacio Natural de Doñana.

En el auto se señala que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito contra el Medio Ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, por la existencia de pozos no autorizados por la CHG, "que han sido objeto de precinto" porque volvieron a ser usados sin haber sido legalizados ni estar dotados de los preceptivos contadores volumétricos".

Relacionado con este tema

La Casa de Alba vuelve a utilizar ocho pozos ilegales de agua para regar los frutales de su finca próxima a Doñana

Público

Tal como se recoge en el auto de enero, el informe pericial de la Guardia Civil concreta o individualiza los "daños sustanciales al Medio Ambiente" que las extracciones ilegales de agua "han podido (o han causado) a ese acuífero y su entorno natural asociado". Sin embargo, el juez entiende que el "elemento típico (el daño causado), no acababa de acreditarse en estos autos" y que ello permitía continuar la instrucción judicial con la declaración del representante legal de la empresa explotadora de la finca y la nueva imposición de las mismas medidas cautelares de precinto de los pozos que había levantado en mayo de 2023.

El magistrado destacaba en ese auto que, tal como refiere el informe pericial, "se está ante un acuífero que solo se nutre de aguas pluviales y retornos de riego y cuyo descenso piezométrico se produce por los riegos" de las fincas agrícolas. Ese acuífero está conectado con el de Almonte-Marismas y el río Guadiamar, que "a su vez nutren al Parque Nacional de Doñana, cuyas aguas subterráneas y marismas son las responsables de reserva ecológica tan importante que constituye ese parque natural, cuyo deterioro en los últimos años es un hecho notorio indiscutible", precisa.

El magistrado entiende que se deben seguir investigando estos hechos al haber indicios de un "daño sustancial" al Medio Ambiente con las captaciones de agua de la finca Aljóbar, "con impacto colateral en el Parque Nacional de Doñana y, en consecuencia, a su avifauna", teniendo en cuenta las conclusiones del informe pericial de la Guardia Civil.

El informe pericial estima que la valoración del daño causado por los pozos ilegales de Aljóbar se sitúa entre los 6,10 y los 6,49 millones de euros

La Guardia Civil calcula que en los años analizados se pudieron extraer de forma ilegal del acuífero entre 3,8 y 6,6 millones cúbicos de agua, a lo que se añade la pérdida de valores de los servicios ecosistémicos en el área afectada que ha podido causar también esa práctica fraudulenta y que calcula entre 62.539 y 113.353 euros. Así que, en total, el informe pericial estima que la valoración del daño causado por los pozos sin autorización de la finca Aljóbar se sitúa entre los 6,10 y los 6,49 millones de euros.

En el informe pericial se analiza también la posible afección a Doñana y se señala que, en este caso, "la importancia de la sobreexplotación del acuífero adquiere un carácter muy relevante", puesto que la circulación del agua subterránea predominante es de norte a sur, "y se encuentra hidráulicamente conectado con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, nutriendo el Parque Nacional de Doñana".