La Fiscalía rechaza la demanda de la pareja de Ayuso contra la vicepresidenta Montero en el Supremo

La Fiscalía se ha posicionado en contra de la demanda interpuesta por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 24 de abril la audiencia previa de este caso.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo celebrará la audiencia previa en la que ni González Amador ni Montero están obligados a comparecer, pudiendo ser representados por sus respectivos abogados. En el caso de la ministra, la Abogacía del Estado asumirá su defensa.

La demanda presentada por González Amador alega una intromisión ilegítima en su derecho al honor y reclama una indemnización de 40.000 euros por unas declaraciones que Montero realizó el 12 de marzo de 2024 en el Senado. La ministra vinculó al empresario con un presunto fraude fiscal durante una sesión de control al Gobierno.

Fuentes jurídicas han señalado que el Ministerio Público se ha opuesto a las pretensiones de González Amador. Como paso previo a la demanda civil, el pasado 2 de octubre se convocó un acto de conciliación en el que Montero y la Abogacía del Estado no se presentaron, lo que impidió que la ministra se retractara de sus afirmaciones.

Durante su intervención en el Senado, Montero afirmó que Díaz Ayuso vivía "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública" y con "las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia". Estas declaraciones motivaron la acción legal por parte de la pareja de la presidenta madrileña.

Además, la vicepresidenta del Gobierno cuestionó los vínculos familiares y sentimentales de Díaz Ayuso, insinuando que su pareja y su hermano estaban relacionados con casos de fraude y comisiones. 

Además, instó a la presidenta autonómica a dar explicaciones sobre la noticia de que la Fiscalía había denunciado a González Amador por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, causa que actualmente está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid.