La pareja de Ayuso tendrá que declarar como investigado por corrupción en los negocios y administración desleal

La jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado número 19 de Madrid, ha citado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el próximo 10 de abril a las 10:00 horas para que declare como imputado por dos nuevos delitos. La magistrada ha abierto una pieza separada en la que investiga si el novio de la presidenta madrileña es culpable o no de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta pieza separada se suma a los dos delitos fiscales y a otro de falsedad en documento, según avanza la Cadena Ser.   

La citación se produce semanas después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en un auto esta investigación impulsada por la acusación popular que representa al PSOE y a Más Madrid. La Fiscalía ya manifestó en un escrito que es necesario investigar un posible delito de corrupción en los negocios en relación a estos hechos, al que las acusaciones suman otro de administración desleal.

Alberto González Amador ha sido citado en varias ocasiones en el marco de la investigación principal, recientemente prorrogada durante seis meses más, que se centra en presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La pareja de Ayuso ya compareció el pasado 24 de febrero ante la magistrada como investigado en la pieza principal —la de los dos delitos fiscales—, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.

La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.

Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.

Nuevos delitos

La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L —empresa de Alberto González Amador— y su cliente Quirón Prevención S.L".

La resolución analizaba "si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

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La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención". La Fiscalía ve en esta operación una posible "comisión encubierta".

Entiende que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020". 

Aparte de esta pieza separada, la rama principal del procedimiento se centra en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental y en ella también se investiga a cuatro empresarios por intervenir, presuntamente, en un entramado de facturas falsas con el objetivo de aminorar la cuota a tributar.