El Supremo cita al novio de Ayuso para que testifique en la causa contra el fiscal general el próximo 23 de mayo

El Tribunal Supremo (TS) ha citado el próximo 23 de mayo a Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que testifique en el marco de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra el empresario.

El instructor del caso, Ángel Hurtado, sigue así las órdenes de la Sala de Apelación, que dio la razón al fiscal general después de que el magistrado rechazara tomar declaración a González Amador.

Hurtado denegó la solicitud al considerar que la posición de González Amador estaba recogida en la querella y quedaba evidenciada en la actuación de su abogado en la causa. Para el instructor, la petición del fiscal general suponía "una dilación para la declaración de los investigados", aparte de entender que podía resultar perjudicial para el acusado.

La Sala de Apelación respondió que no veía motivos para denegar la toma de declaración de testifical al querellante cuando quien lo pide es la defensa del propio investigado, al tiempo que incidió en que la comparecencia de González Amador "sin duda" puede ser de utilidad en la causa.

"Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación. Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos", argumentó el tribunal.

Por otra parte, la Sala no accede a la petición del fiscal general de intervenir el móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que sostuvo que no facilitó a los periodistas el correo del 12 de marzo en el que el fiscal Julián Salto informa al letrado de la denuncia y de la posibilidad de pacto hasta las 22.21 horas del 13 de marzo, cuando ya estaba publicada la noticia de El Mundo.

"No se vislumbra la necesidad de que su dispositivo telefónico, en tanto tiene la condición de testigo, deba ser objeto de un volcado" porque "a dicha persona no le afecta deber alguno de confidencialidad con respecto a actuaciones que no se siguen en las dependencias en las que sirve, razón por la cual una medida como la interesada debería estar dotada de alguna razón especial, un motivo reforzado, que se desconoce".

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Ello, continúa la sala, porque "lo que se trata de investigar es si se quebrantó la confidencialidad propia de la función pública que ostentan los investigados en relación con elementos documentales bajo su control, no de la actuación de terceras personas".

Igualmente descarta citar a una serie de periodistas porque "se encuentran protegidos por el secreto profesional, y no podrían revelar sus fuentes mientras ostenten tal categoría procesal, lo cual, por cierto, aquí nadie ha dudado".