Aumentar la regulación e intensificar las sanciones, claves para frenar los abusos laborales de las economías de plataforma

Hace pocos días, los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los Comuns y la CUP registraron una comisión de estudio en el Parlament de Catalunya con el objetivo de analizar el impacto de las economías de plataforma, ejemplificada por empresas como Amazon y Glovo, y de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo. En el texto, denuncian que este sistema, impulsado por las nuevas tecnologías, acaba perjudicando los derechos laborales.

Así, las tres formaciones políticas atribuyen a estas prácticas "el potencial de favorecer la balanza a favor del capital y en detrimento de las personas trabajadoras". Por esta razón, instan a defender "los derechos laborales, el tejido comercial y económico local y la distribución de proximidad", además de buscar soluciones legislativas concretas que resuelvan las consecuencias negativas tanto de la economía de plataformas como de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo.

La petición tiene lugar en un momento en que varios inspectores de trabajo, en sede judicial, declararon que Glovo continuaba incumpliendo las sentencias y requerimientos que la obligaban a contratar como asalariados a los repartidores que lo hacían como falsos autónomos.

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Durante la vista, los inspectores explicaron que cuando pedían información sobre los repartidores, la compañía no respondía o decía que ya no trabajaban para la empresa. Sin embargo, estos comprobaron que, en la mayoría de los casos, este hecho no era cierto. De hecho, los riders reconocieron que todavía continúan trabajando para Glovo.

En este contexto, los expertos jurídicos recuerdan que los modelos de economías de plataforma, presentes desde hace más de una década, se acostumbran a desplegar sin tener en cuenta el derecho laboral. Así lo comparte el abogado del Col·lectiu Ronda Quim Espanyol: "Estas actividades, básicamente de reparto de mercancías, acaban generando unas bolsas de precariedad enorme".

Intervención y límites a la actividad

En un marco de relaciones laborales descentralizadas, Espanyol afirma que "determinadas empresas llevan a cabo actividades económicas de futuro con avances tecnológicos del siglo XXI, tratando de imponer derechos laborales del siglo XIX". El letrado añade que estas compañías llegan a cuestionar la legitimidad de los sindicatos para negociar las condiciones de las plantillas.

La cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda reclama una intervención más decidida de la Inspección de Trabajo, a la vez que aboga por poner límites reguladores al modelo de las economías de plataforma "para impedir que sus beneficios empresariales sean fruto del incumplimiento del derecho laboral".

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Quim Espanyol considera que el análisis de la situación se tendría que basar en dos principios: si las prácticas de abuso tienen lugar dentro de la legalidad, el problema se tiene que resolver modificando el marco normativo. Mientras que si estas son ilegales, se está creando un incumplimiento de la ley. Una vez acreditada la relación de laboralidad de los riders, en el caso de Glovo, el abogado plantea la importancia de que la voluntad política articule sanciones disuasivas e impedimentos para que no hagan su actividad con incumplimientos reiterados.

En un estudio publicado en 2023, el Observatori Desca ya denunciaba que las economías de plataforma atentan contra la soberanía de las ciudades y vulneran derechos humanos. Asimismo, el informe destaca que este sistema arrastra las problemáticas del comercio tradicional sobre las mujeres trabajadoras: la dificultad para conciliar la vida profesional con la personal o bien cuestiones relacionadas con la inseguridad y los abusos por parte de los clientes, todo ello potenciado por la ausencia de protecciones sociales y de la falta total de responsabilidad por parte de la plataforma, que no las reconoce como trabajadoras propias.

Garantizar los derechos

El Observatori Desca apunta a una serie de recomendaciones para compensar el efecto de estas empresas y garantizar los derechos económicos, sociales y ambientales: en primer lugar, estudiar la relación entre estas y las inversiones de alto riesgo y restringirlas, si fuera preciso, en los casos donde se produjeran vulneraciones de derechos; en segundo lugar, el estudio destaca que es imprescindible regular estas actividades y dotarse de un régimen sancionador amplio y efectivo para hacerla cumplir, todo esto sin olvidar incluir la perspectiva de género, especialmente relevante en aquellas empresas que se encargan de tareas de cuidados.

A raíz de las vulneraciones y disrupciones del modelo de economía de plataforma, y junto con las movilizaciones contra los actores que la practican, han surgido modelos de cooperativas de plataforma que buscan ofrecer alternativas responsables en el reparto. Por este motivo, la entidad cree que es vital analizar cuáles son los retos que afrontan estas plataformas para saber qué apoyo se puede dar desde el diseño de políticas públicas, como podría ser la contratación de las administraciones, y, por lo tanto, contribuir al hecho que se consoliden como opción.

En el caso de los modelos del comercio digital, la toma de decisiones del ámbito laboral se encuentra lejos del centro de trabajo. A pesar de que ya existen una serie de sentencias judiciales que certifican que las actuaciones de algunas firmas de las economías de plataforma están fuera de la ley de manera sistemática, todavía se da una competencia desleal con las compañías tradicionales, orientadas a construir relaciones laborales saludables. Parece un imperativo la necesidad de regular y defender los derechos laborales y su vinculación con el tejido comercial y económico local y la distribución de proximidad.