La Justicia abre los primeros resquicios contra los permisos de la Xunta para la celulosa de Altri

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado varios preceptos de un decreto de la Xunta que permitían que empresas privadas o entidades públicas pero al margen de la Administración autonómica, como colegios profesionales y universidades, participaran en los procedimientos de evaluación ambiental de proyectos industriales.

Las asociaciones vecinales y ecologistas que se oponen a la instalación de la planta de celulosa de Altri en Palas de Rei consideran que la decisión abre un resquicio a actuar contra el Gobierno de Alfonso Rueda, que precisamente este viernes ha aprobado la licencia ambiental de esa fábrica.

La sentencia, que tiene fecha de 7 de marzo pero que el TSXG dio a conocer este jueves, y cuyo pdf acompaña a este texto, corre a cargo de la la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG y su ponente es Luis Villares, ex portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia y candidato a la presidencia de la Xunta por esa formación en las elecciones autonómicas de 2016.

En respuesta a un recurso de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el tribunal considera contrarios a la ley cinco preceptos que regulan la participación de las llamadas entidades de colaboración ambiental en los procedimientos de autorización de licencias. Entre otros aspectos, esos artículos facultan a la Administración autonómica a encomendarles la valoración de las alegaciones presentadas a los proyectos e incluso los análisis técnicos de los expedientes sometidos a examen. En el caso de Altri, la Xunta ha recibido más de 23.000 alegaciones.

Ocho meses antes de que Altri saliera a la luz

La Xunta aprobó el decreto en junio de 2023, sólo nueve meses antes de que sacara a exposición pública el proyecto de Altri. Ahora, el TSXG considera que la norma es ilegal porque "externaliza toda la tramitación de la evaluación ambiental y la pone en manos de la empresa privada [...] sin previsión de ninguna reserva de control, supervisión o dirección a favor de los órganos administrativos que tienen encomendada genuinamente esta función dentro de la(s) consellería(s) competentes".

"La colaboración que la Xunta demanda de las entidades de colaboración ambiental", añaden los jueces, "se convierte en una verdadera privatización de la tramitación de la evaluación ambiental, que implica inexcusablemente la traslación a una empresa privada de funciones que están reservadas a funcionarios públicos". Los magistrados concluyen que, a tenor de los preceptos anulados, esas entidades "no colaboran con la administración, sino que suplantan a la administración durante nada menos que toda la tramitación de la evaluación ambiental”.

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La conselleira de Medio Ambiente del Gobierno autonómico, Ángeles Vázquez, aseguró tras conocer el fallo que la anulación de esa norma no afectará a los permisos de Altri, subrayó que se trataba de "un malentendido" y que la sentencia "ahora mismo aún no supone nada" porque la Xunta aún no habría empezado a desarrollar el decreto parcialmente anulado. 

En cuanto a la privatización de la evaluación ambiental, Vázquez ha negado que esa sea la pretensión del Ejecutivo gallego, que sólo quiere, dijo "agilizar" los procedimientos y que éstos no dependan sólo "del conocimiento de los funcionarios". "Muchas veces la universidad, los colegios... Van por delante y nosotros tenemos que ir parejos con todos ellos".

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Intereses espurios de empresas privadas

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, destacó sin embargo la relevancia del fallo y subrayó que acaba con la práctica de la Xunta de "comprar informes [de evaluación ambiental] en el mercado para satisfacer los intereses espurios de algunas empresas", informa Europa Press. Y recordó que algunos de los informes relativos a Altri fueron realizados de ese modo y, que los funcionarios y funcionarias que los firmaron lo hicieron "a ciegas" y presionados u obligados por sus superiores.

"Están sustituyendo la imparcialidad de los empleados públicos por empresas privadas pagadas que están al servicio de su lucro, no de los intereses generales", denunció el secretario xeral de la CIG, que tiene constancia de que eso sucedió al menos con uno de los informes de Altri, el de captación de aguas, que habría sido redactado por una empresa externa.

"Están sustituyendo la imparcialidad de los empleados públicos por empresas privadas pagadas que están al servicio de su lucro, no de los intereses generales"

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, celebró también que el TSXG haya recordado a la Xunta "que sus tamitaciones ambientales no son acordes a la ley" y ha instando a Rueda a paralizar el proyecto de Altri y otros similares por "contaminantes, expoliadores del territorio y que ponen en peligro el futuro del sector primario".

La sentencia del TSXG obligará a revisar las tramitaciones ambientales de la Xunta desde junio de 2023, lo que también podría afectar al proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro (A Coruña), otra explotación que durante años contaminó el Ulla y la ría de Arousa .

Precisamente, el fallo de la sala de lo Contencioso del TSXG se produce sólo una semana después de que el mismo tribunal suspendiera el permiso concedido por la administración autonómica a la empresa minera que explota otro yacimiento de estaño y wolframio en San Fins, en el municipio coruñés de Lousame, para verter aguas residuales a un arroyo. 

Altri también prevé verter al río Ulla 30 millones de litros diarios de agua depurada, pero aún contaminada, de los 46 millones de litros que extraería de su caudal cada 24 horas para cubrir las necesidades de su proceso de fabricación de pasta de celulosa.