Bajan las pensiones y cae la prohibición de desahucios: consecuencias del 'no' de PP, Vox y Junts

El rechazo de la mayoría del Congreso de los Diputados al denominado decreto ómnibus que ha llevado el Gobierno este miércoles a la Cámara provocará la extinción, a partir de este jueves, de una serie de medidas que buscaban paliar la afectación económica de la ciudadanía ante factores como la inflación o la catástrofe que causó la DANA en el País Valencià.

Tras el no de Junts y del PP a esta norma, el Ejecutivo no ha logrado recabar los apoyos parlamentarios suficientes y, a partir de este jueves, el decreto (aprobado en noviembre del pasado año) dejará de aplicar sus efectos.

La norma contenía una serie de medidas que ya entraron en vigor cuando el Consejo de Ministros la aprobó, y que decaerán a partir de este jueves tras rechazar el Parlamento convalidarlo.

Una de las más destacadas es la revalorización de las pensiones. El decreto contenía la subida del 2,8% de las pensiones contributivas para 2025; como la norma ya había entrado en vigor, desde enero 12 millones de pensionistas ya habían experimentado esa subida.

Por lo tanto, la consecuencia directa del fracaso del decreto en el Congreso es una bajada de las pensiones, que los jubilados experimentarán a partir de febrero. El PP ha registrado una proposición de ley para, según sus palabras, "salvar" la revalorización de las mismas tras votar en contra de la norma.

Se levanta la prohibición de los desahucios

Sin embargo, la tramitación de esta propuesta podría demorarse meses en la Cámara Baja, y durante ese tiempo la bajada se mantendrá. El decreto contenía la prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Se trata de una medida que se inició cuando comenzó la guerra de Ucrania (y tras las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus) para proteger a las familias más vulnerables, y se fue prorrogando cada año tras las negociaciones entre el PSOE y su socio de Gobierno (Unidas Podemos, en primer lugar, y Sumar después), al entender que la situación económica y la inflación seguían siendo un contexto de riesgo para estas familias.

A partir de este jueves esta protección especial caerá. Desde los grupos de la izquierda se alerta de que, con la situación actual de emergencia habitacional (agravada por los precios de alquileres e hipotecas), se puede producir una auténtica "oleada de desahucios" de personas vulnerables que podría recordar a la situación "dramática" que se vivió en los peores años de la crisis financiera del 2008.

También decaerán las ayudas al transporte público (que en el decreto estaban prorrogadas durante el primer semestre de 2025, tras iniciarse a finales de 2022). Esta prórroga era fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, que votó a favor de la ley de Eficiencia de la Justicia a cambio de la misma.

Ayudas al transporte: metro, cercanías y media distancia

La medida incluía la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia. El decreto también contenía la prórroga de las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano. 

Esto permitía que el Ejecutivo subvencionara la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y ayuntamientos que aceptaron implementar descuentos de, como mínimo, la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para viajeros habituales.

El decreto ómnibus recogía también ayudas directas a las personas afectadas por las consecuencias económicas de la DANA (que causó estragos, sobre todo, en el País Valencià), y a las empresas electrointensivas (que permitían rebajar el precio de la factura de la luz).