La ILP de regularización de migrantes cumple un año varada en el Congreso por la inacción del PSOE

El 9 de abril de 2024, 310 diputados apoyaron la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a 500.000 personas migrantes. Todos los grupos del Congreso de los Diputados votaron a favor, excepto Vox. Se abrió, por lo tanto, la puerta de la tramitación parlamentaria de la regularización extraordinaria, que había logrado reunir un apoyo por parte de la ciudadanía muy amplio —alrededor de 700.000 firmas— para irrumpir en la Cámara. 

La casi unanimidad —solo rota por la extrema derecha— dio esperanzas a sus promotores. Sin embargo, cuando se va a cumplir un año de aquel martes de abril de 2024, la propuesta permanece bloqueada y, según ha podido saber Público a través de varias fuentes, sin visos de desencallarse.

Una vez fue admitida a trámite, la ILP ya pasó varias semanas dormida en la Mesa del Congreso, el órgano competente para poner fin al período de presentación de enmiendas, un paso fundamental para evitar que cualquier propuesta quede olvidada en un cajón. Partido Socialista y Sumar, tal y como informó en primicia este medio, alcanzaron un acuerdo para desbloquearla y avanzar un paso más, pero la regularización parece estar condenada. Por el momento, más de medio año después de aquel acuerdo, no hay fecha para elaborar un dictamen en la comisión y calendarizar una votación en el Pleno. Fuentes de algunos grupos parlamentarios y de las entidades sociales que empujan para que salga adelante la ILP deslizan que no aprecian voluntad política por parte del Gobierno.

En una entrevista para Público, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dio varios rodeos a una pregunta sobre esta cuestión. Aunque terminó deslizando que "se va a avanzar" en ello, puso por delante la reforma del Reglamento de Extranjería. Desde fuerzas parlamentarias como Sumar, ERC o Podemos —y también desde las asociaciones que promovieron la ILP— ya vienen avisando desde hace meses de que, una vez se modificó dicho reglamento, los socialistas iban a esquivar la tramitación de la regularización extraordinaria.

Es cierto, como dice la ministra, que el nuevo Reglamento de Extranjería facilita la regularización, pero plataformas como Regularización Ya insisten en que "jamás puede sustituir ILP" y en que dicha reforma reglamentaria debería entrar en vigor con "la bolsa de personas irregulares a cero". Para eso sería necesario aprobar la regularización en el Congreso.

Esa reforma del reglamento, tal y como explicó una fuente de Esquerra a Público, fue un "misil en la línea de flotación de la ILP". Tanto es así que Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso hasta que ha abandonado su escaño para liderar a los jeltzales desde Euskadi —lo sustituirá Maribel Vaquero—, llegó a decir, con cierta sorna, en una sesión de control al Gobierno el 18 de diciembre de 2024 que, tras la aprobación del nuevo reglamento, su partido ya no le ve demasiado recorrido a la ILP, "a no ser que se quieran suprimir las fronteras".

Es cierto, por lo tanto, que los números son difíciles. Vox está fuera de la ecuación y el Partido Popular, de perfil. Los de Feijóo reciben presiones de Cáritas y la Conferencia Episcopal para apoyar la regularización, pero los gestos del PP para acercar una negociación seria han sido mínimos o inexistentes. Además, en el caso de que accedieran a otorgar sus votos, lo harían condicionando la regularización a los contratos laborales, tal y como reza una enmienda que registró el Grupo Popular. Es algo que rechazan los promotores de la iniciativa porque dejaría fuera a muchos colectivos muy vulnerables —trabajadoras del hogar, prostitutas, etc.— que no tienen contrato.

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Y el terreno de juego de la mayoría de investidura también es complejo. Varios grupos de izquierdas reconocen que el asunto está "muy parado" y culpan al PSOE. Por su parte, el PNV, cuyos votos serían necesarios, ya dejó claro que no ve "recorrido".

Fuentes conocedoras de la negociación aunque ajenas al Congreso de los Diputados deslizan que si nadie pone la ILP como una prioridad, en una legislatura en la que cuesta tanto sacar adelante cualquier medida, será imposible que la tramitación culmine con éxito. Los socialistas tendrían que situar la regularización de migrantes en la parte superior de su lista de intereses para que tuviera alguna posibilidad.

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El horizonte inexistente de los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) eran una oportunidad. Las entidades promotoras de la ILP veían en la negociación de las cuentas públicas un horizonte para el optimismo, especialmente si alguno de los grupos parlamentarios más partidarios ponía como condición para apoyar los Presupuestos que se avanzara en la regularización.

Sin embargo, el Ejecutivo ha mandado ya suficientes señales como para que todas las fuerzas parlamentarias asuman que no va a llevar a la Cámara Baja un proyecto de Presupuestos en 2025, por lo que también ese escenario de negociación para la ILP ha quedado invalidado incluso antes de inaugurarse.

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Con todo, y a pesar de la presión que llega desde los sectores de apoyo al colectivo de los migrantes —que se han manifestado varias veces a las puertas del Congreso— y también de ámbitos como el de la Iglesia, la ILP de regularización parece más estancada que nunca. Está por ver si el Ejecutivo lleva a cabo algún movimiento sorpresivo. Fuentes socialistas siguen asegurando que en sus planes no está dejarla morir.